Estas son las organizaciones de atención migrante afectadas por el recorte a USAID

Foto: Eder Leandro Rodríguez

La Casa del Migrante nació hace 22 años en Saltillo, a tres horas de la frontera con Estados Unidos, capital del estado de Coahuila, al noreste de México. Entonces, había pocas organizaciones que atendían a la población que migraba, principalmente de Centroamérica, hacia Estados Unidos por territorio azteca.

Muy pronto, esta casa, no solo se convirtió en un refugio humanitario para esta población, sino, además, en una voz de denuncia y documentación de las graves violaciones a los derechos humanos que padecían los migrantes, por parte de autoridades y el crimen organizado. Por ejemplo, hicieron públicos importantes informes que caracterizaban en detalle los primeros secuestros, de comienzos de 2008, o los casos de tortura o tratos degradantes que cometían agentes de policía de Saltillo o actos de corrupción de funcionarios de migración, en 2013.

Su labor, en defensa de la población en tránsito por México, les ha dado varios reconocimientos nacionales e internacionales. Así como, lamentablemente, les ha traído difamaciones, riesgos y amenazas. Sin embargo, en dos décadas, ninguna de estas intimidaciones y presiones ha bastado para que hayan pensado recortar o cerrar su operación, como sucede hoy.

“Estamos en una situación muy crítica. Nosotros recibíamos financiación indirecta de parte de USAID, a través de una agencia de Naciones Unidas que era quien recibía este apoyo y a su vez buscaba a organizaciones socias para implementar proyectos de protección a personas refugiadas. Hemos tenido una baja de recursos muy significativa”, dice Alberto Xicotencatl Carrasco, director de la Casa del Migrante, que en 2024, atendió a 10.000 personas en movilidad.

Horas después de asumir la presidencia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14169, conocida como “Reevaluación y Reajuste de la Ayuda Exterior de Estados Unidos”, que impuso una revisión de 90 días de todos los programas de asistencia exterior y un congelamiento de desembolsos de los fondos de USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo internacional.

Además, firmó directivas istrativas, incluyendo una “orden de suspensión de trabajo” para la asistencia exterior y el cierre del edificio de USAID.

El asunto golpeó a organizaciones en todo el mundo y provocó masivas protestas en EE. UU. que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, sin que aún haya un pronunciamiento final.

Xicotencatl cuenta que este bajón de recursos los ha llevado a reducir más del 50% en el personal y en la prestación de sus servicios, que incluye cuidados médicos y psicológicos, así como asesoría legal en trámites migratorios y deportación.

Su sede principal está en Saltillo, pero tienen personal en Piedras Negras, a orillas del río Bravo (frontera con Eagle , Texas, Estados Unidos) y en Torreón, al centro del estado de Coahuila, una de las rutas más riesgosas y transitadas por quienes van hasta Ciudad Juárez, buscando otro paso-frontera con Estados Unidos.

“En esta época, normalmente, atendíamos de 160 a 250 personas todos los días. Actualmente (abril de 2025), estamos atendiendo a cerca de 50 personas al día. Es cierto que hemos tenido una reducción grande en el flujo migratorio, con esto se puede pensar que se justifica que haya menos recursos dispuestos.

La realidad es que, como hemos visto en otros años, como en la pasada istración de Donald Trump, o en la pandemia, es que los cambios de política, afectan los flujos, pero después vuelven. Nos preocupa, además, que en esos momentos de reactivación siempre se ven involucrados los grupos de delincuencia organizada, que siguen siendo quienes trafican con estas poblaciones, y que las llevan a transitar trayectos muy peligrosos”, subraya Xicotencatl.

Según este hombre de 45 años, todos los albergues u organizaciones para refugiados que conoce en México han sido afectados por las medidas de Trump con USAID.

Organizaciones afectadas por recortes de USAID

La organización humanitaria HIAS (Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante), por ejemplo, cerró completamente sus operaciones en México, mientras que el Consejo Noruego para Personas Refugiadas, ha reducido significativamente su presencia, afectando la atención a migrantes y solicitantes de refugio en México. Lo mismo pasó con Casa Frida, una ONG que brinda refugio a migrantes de la comunidad LGBTIQ+, cuando más de la mitad de su financiación, que procedía de Estados Unidos, fue suspendida.

“El tema de USAID es controversial, porque sin duda tampoco es un secreto que en los años 60, 70, 80, la cooperación que tuvo Estados Unidos por medio de esta clase de agencias tuvo que ver también con operaciones en contra de la soberanía y democracia en América Latina. Como lo fue el apoyo a dictadores de la región.

Pero es cierto también que en estos días, con estos recursos en el tema migrante se han apoyado asociaciones, casas o albergues que han sido refugio de muchas personas. Son estas las que están viviendo unos recortes muy grandes por la disminución de sus recursos” asegura Yarima Merchán Rojas, colombo mexicana, delegada en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones de América Central.

Otra de estas es la asociación civil Sin Fronteras, una organización sin ánimo de lucro que brinda apoyo a las personas migrantes y sus familias, desde hace 29 años: “El impacto directo lo hemos vivido a través de Naciones Unidas, que sí nos apoyan y recibían recursos de esta agencia. En general, por el efecto USAID, el financiamiento de la cooperación internacional ha disminuido y las organizaciones sociales nos alimentamos de esos recursos”, dice Sandra Álvarez, su directora.

Esto implica, en lo concreto, que el número de atenciones se ha incrementado, pero el número de recursos para apoyar a estas personas ha disminuido: “Esto es muy grave, porque realmente quien hace la fuerza, la ejecución de los programas, la protección de los derechos, en estos temas, es la sociedad civil, no los gobiernos. Entonces, es injusto porque aquí, a final de cuentas, las afectadas son las personas extranjeras”, asegura Álvarez.

“Son pocas las organizaciones como Médicos Sin Fronteras que no dependen de esos fondos institucionales para el funcionamiento”, explica Camilo Vélez, jefe de Misión de Operaciones para México y Centroamérica de la organización Médicos Sin Fronteras, y agrega: “Me atrevería a decir que la mayoría de las otras organizaciones dependen de fondos institucionales. Mayoritariamente en la región hay muchas organizaciones que tienen sus fondos vinculados con alguna de las instituciones de Estados Unidos”, añade.

Eso, no obstante, no quiere decir que su labor no se haya visto impactada. “Hemos visto cómo esos vacíos humanitarios están quedando y de alguna manera tienen que ser cubiertos por organizaciones que tengan la capacidad, entre ellas Médicos Sin Fronteras, sin embargo, no tenemos la capacidad de cubrir todas las necesidades. Entonces: sí, en los diferentes proyectos en el mundo donde nos encontramos, nos está tocando priorizar los recursos, que son recursos claramente limitados”.

Sin USAID, ¿dónde quedaron los Estados?

El año pasado también Human Rights Watch advirtió, en uno de sus informes, sobre el paso por el Darién, que las organizaciones humanitarias privadas sin ánimo de lucro y agencias de Naciones Unidas están llenando los espacios de los que deberían apersonarse las autoridades y entidades.

En Necoclí, municipio del lado colombiano en la frontera con Panamá, dichas entidades “han llenado en gran medida el vacío creado por la ausencia de servicios públicos accesibles para las personas migrantes y solicitantes de asilo en la ciudad. Distribuyen artículos de higiene y pastillas potabilizadoras de agua, facilitan información sobre las rutas de viaje y proporcionan alimentos y servicios médicos, entre otros”, dijo Goebertus.

“El gobierno colombiano dejó la respuesta en manos de la cooperación [internacional]”, dijo un trabajador humanitario citado por el informe. “No hay interés del gobierno nacional en atender el problema”.

Pese a esto, según la Cancillería, el trabajo es continuo, aún en medio de los recortes presupuestales. “Estas organizaciones, ya sea agencias de Naciones Unidas u organizaciones no gubernamentales, que han venido apoyando estas labores tan importantes, sobre todo en zonas de frontera, se han visto impactadas”, dijo a este diario el entonces vicecanciller Daniel Ávila.

“La canciller [Laura Sarabia] desde el mismo día en que se anunció la suspensión de fondos por parte de USAID convocó a las entidades nacionales para prepararse ante un eventual congelamiento total”, explicó Ávila.

Agregó que, pese a todo, “hay otros países, por ejemplo, en Europa, como Noruega, entre otros, que siempre han expresado esa disposición de seguir colaborando con Colombia en esos temas humanitarios. Entonces ahí es donde estamos haciendo esfuerzos adicionales para seguir diversificando esa interacción con los procesos internacionales”.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, por su parte, señaló el doble daño que han hecho los recortes presupuestales desde Estados Unidos.

No solo es que hayan afectado la atención humanitaria directamente, sino también “la capacidad de los países de atender el crimen organizado, de investigar de manera efectiva estas redes, proveer, por ejemplo, medidas de atención a migrantes para que se queden en países seguros.

Por ejemplo, la OIM [Organización Internacional para las Migraciones] pudiendo dar atención en la frontera entre Venezuela y Brasil para que los venezolanos puedan realmente integrarse socioeconómicamente en Brasil […] no lo están haciendo. Son medidas contraproducentes que van a hacer que otra gente que podría haber decidido no migrar o quedarse en otros países de acogida pierda esas oportunidades por cuenta de las desfinanciación de este tipo de programas”.

Para esta publicación intentamos tener la perspectiva de OIM, a través de su oficina en México; sin embargo, voceros de la organización aseguraron que, en medio de la sensible coyuntura, la organización prefiere no pronunciarse sobre el tema.

“Con estos recortes y congelamientos, no solo han sido afectados las asociaciones u organizaciones, también la academia y la investigación sobre el fenómeno migrante. Nosotros tuvimos que cerrar un proyecto por ese recorte de USAID. La sociedad civil ha sido fundamental, entonces, claro, que nos preocupa la situación”, concluye Alma Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante, una coalición de organizaciones y consultora internacional en temas de seguridad y migración.

*Esta es la cuarta y última entrega del especial: “Migrar en tiempos de Trump, el limbo de un sueño roto”.

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