A cuentagotas se mueve la migración a Estados Unidos tras la llegada de Trump

Foto: Eder Rodríguez

Al comedor de la parroquia que dirige el padre Heyman Vásquez Medina, en la frontera sur de México con Guatemala, ya no están yendo ni quienes hacen comida. Ha bajado tanto el flujo de personas que llegan hasta allí que este hombre de 60 años, que trabaja hace 22 asistiendo migrantes, está sorprendido: “A finales de febrero, recibíamos primero 10 o 15, en marzo, empezamos a recibir, dos, máximo cuatro. En abril, llegaban a veces dos a la semana. Ya no pasan. Es increíble. En el comedor ofrecíamos una comida para quienes iban de paso y en octubre teníamos 400 comensales diarios”.

No están llegando ni los criminales que, según Vásquez, se habían instalado en el río Suchiate para extorsionar a los migrantes al inicio de su travesía por México. Cobraban 1.000 pesos mexicanos (unos US$51) para, supuestamente, llevarlos a Tapachula, en el estado de Chiapas, y al que decía “no tengo dinero” lo devolvían a Guatemala. “Sabemos que a muchos ni los llevaban a Tapachula, sino que los secuestraban y de ahí les pedían US$700 más, a quienes pagaban los soltaban, les ponían un sello y podían seguir”, recuerda Vásquez. Hoy se ven poquitos: son adolescentes y hombres jóvenes y solos, ya no se ven familias.

Eso mismo ha notado Sandra Álvarez, directora de la asociación civil Sin Fronteras, organización sin ánimo de lucro que brinda apoyo a las personas migrantes y sus familias desde hace 29 años en México: “A finales de 2024, la migración que observábamos era de familias completas, incluso abuelas y abuelos. A partir de la entrada de Trump a la presidencia ha disminuido esa migración y ahora hay un número de adolescentes y hombres solos que se aventuran. El temor a ser deportados o maltratados en Estados Unidos está siendo mayor a su miedo a seguir viviendo la realidad que padecen en sus países de origen y eso es muy lamentable”.

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Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos para el período 2025-2029 con la promesa de arreglar el “desastre” que, según él, había dejado en la frontera su antecesor, Joe Biden. Con un discurso estigmatizante con la población migrante, desde el primer día de regreso a la Casa Blanca, tomó medidas en la materia que, en buena parte, lo llevaron a la reelección.

Declaró la emergencia en la frontera, lo que le permite disponer de fondos federales para operaciones en terreno y el despliegue militar para apoyar a la Patrulla Fronteriza en el control del flujo irregular de personas. A la par, deshabilitó la aplicación B One, lo que durante la istración Biden les permitió a cerca de un millón de migrantes aspirar a un proceso regular de migración, exponiendo a la justicia sus casos de solicitud de asilo y permaneciendo en el país mientras estos se resolvían.

Así mismo, ha pasado con el programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela) del parol humanitario, que históricamente ha sido utilizado para itir individuos o grupos por razones humanitarias urgentes a Estados Unidos. Trump ordenó terminal el CHNV, y a finales de mayo la Corte Suprema levantó la suspensión temporal que impedía esta terminación. Desde entonces, los afectados, cerca de medio millón de personas, están recibiendo notificaciones para abandonar el país, y se enfrentan a una gran incertidumbre y riesgo de deportación si no encuentran otra vía legal.

Todo esto ha sido acompañado de un aumento en las redadas y detenciones de migrantes, sobre todo en áreas urbanas, que han aumentado el temor al desarrollo normal de las actividades de la población migrante, no solo la vida laboral o social, sino que incluso ha desincentivado la búsqueda de servicios de salud, lo que pone sus vidas en riesgo.

Se calcula que en sus primeros 100 días, la istración, mediante el ICE, había detenido a casi 160.000 indocumentados. Entretanto, quedaron suspendidos los proyectos de cientos de miles de migrantes que se movían hacia Estados Unidos.

Es el caso de Yolany González, de 39 años, hondureña, madre de dos niñas y un niño (de seis, cinco y cuatro años). Antes de sentarse a dar esta entrevista, bajo la sombra de un fresno, una mañana calurosa en Ciudad de México, Yolany les suplicó a sus hijos que fueran a jugar “más lejitos”, que la dejaran sola, para hablar sin que la escucharan, protegiéndolos así de sus tristezas y vivencias.

“Mira, el trabajo escasea y las necesidades son muchas. Por eso, el año pasado hice mi solicitud de cita por la aplicación CBP One. Pensaba viajar en avión con mis hijos hasta Juárez y allá entregarme. No quería exponerlos al camino por tierra, porque escuché hace poco el testimonio de una compatriota. Me contó que, al subir al norte de México, frontera con Estados Unidos, la secuestraron y casi la matan, violaron a una de sus hijas y, al final de todo, cuando logró escapar del lugar donde la obligaban a prostituirse, le mataron a una de sus niñas. Vi su sufrimiento y me entró demasiado miedo. Luego supe que a mis últimos conocidos que alcanzaron a viajar hacia la frontera con Estados Unidos, en el aeropuerto de Juárez, no los dejaron salir hasta que pagaron “la cuota” al cartel, que fueron US$4.000. Cuando me enteré de eso, pensé: “Menos mal no me salió, porque yo no tengo cómo ni quién pague por mí y por mis tres hijos ese dinero”. Así que al final, cuando cerraron los pasos y se cayó la aplicación, lo vi como una bendición, porque dejé de pensar en ese sueño, tan esquivo para personas como yo”.

Yolany llegó a México huyendo de la pandilla que secuestró y asesinó a su esposo por no querer pagar un “impuesto de seguridad”. Ella sabía que tenía que salir. La mara no descansaría hasta matarla, porque se atrevió a denunciar la desaparición de su esposo en la estación de Policía. De hecho, una vecina ya la había salvado, cuando, por esos días, prendió en la madrugada la luz y soltó a los perros y marranos que tenía. Los gruñidos y ladridos alertaron a los hombres armados que iban por Yolany. Al día siguiente, salió de su casa y no volvió más. Junto a sus hijos, atravesó Honduras y Guatemala como pudo y luego buscó ayuda en los albergues de refugiados hasta llegar a Ciudad de México. Allí tuvo que pasar por situaciones de violencia, comunes para las mujeres que migran: “En la ciudad, solo puedo decirte que muchas personas me trataron bien y muchas, mal. Sufrí abuso sexual cuando busqué empleo. Fue cuando me dieron un trabajo de ayudante en un taller de ebanistería. El señor me permitió trabajar con mis niños al lado, en un catre. Pero cuando llegó la primera quincena, me dijo que fuera en la noche a recoger el pago. Fui y me abusó sexualmente. Tampoco me pagó. Me corrió y me echó. Yo soporté por mis hijos.

Luego, cuando me dieron un trabajo de casa, me pasó lo mismo. Como yo no accedí sexualmente, me echó y tuve que dormir con mis hijos en un parque tres noches. Luego, pedí ayuda a Casa de Refugiados. Me ayudaron con un cuartico, y empecé a trabajar, a vender hamburguesas, frutas. Así conocí a otras personas que me han apoyado”, recuerda Yolany.

“Los migrantes nunca han sido un tema de interés para México. Aquí los delitos contra las personas migrantes, en especial cuando son suramericanos, centroamericanos y pobres, no se investigan ni importan. Y por eso, están expuestos a tantos riesgos. Desde que entran al país son acechados por grupos diversos, son robados, secuestrados, pierden sus documentos y esto les impide denunciar. Muy pocos lo hacen, entre otras, por el estigma de estar cometiendo supuestamente un delito, que no es otro que atreverse a buscar un mejor futuro sin pedir documentación legal. Y esto los condena a un sistema de impunidad, invisibilidad, riesgo, peligro y no a la justicia”, explica Yarima Merchan Rojas, delegada a la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones de América Central, quien opina que México es más peligroso para los migrantes que Estados Unidos en sentido real: “En México los asesinan, los desaparecen, los extorsionan. Todo su tránsito está controlado por redes criminales. En Estados Unidos te pueden maltratar, te pueden esposar, pero es más improbable que pierdas la vida”, dice, aunque reconoce que ser migrante en tiempos de Trump se percibe como una amenaza y que, sin duda, hay un terror colectivo.

El discurso de Trump, que fomenta retóricas xenofóbicas, como que los migrantes son delincuentes, tiene consecuencias mucho más allá de Estados Unidos. “En México, por ejemplo, el mensaje que da Trump ha escalado, allí, donde de por sí, ya hay problemas reales de xenofobia, aporofobia, discriminación, porque en México, sin duda, no tratan igual a los extranjeros de todas las nacionalidades. De hecho, la mayor cantidad de extranjeros son estadounidenses y en México pueden vivir indocumentados, como si nada, pero no pasa igual con el resto de migrantes indocumentados, más si son de Suramérica o África”, concluye Merchán.

Deportaciones cuestionadas

Las deportaciones en la era Trump no han ido a un ritmo tan rápido como dijo en campaña. Desde que prometió que llevaría a cabo la mayor expulsión masiva de migrantes, varios analistas advirtieron que no era tan sencillo por costo y logística, y tenían razón. De hecho, en las primeras semanas, las deportaciones ni siquiera superaron los niveles vistos en la istración Biden; pero han acaparado mucho más la atención de la opinión pública debido a las condiciones en que se han realizado.

Entre los casos más sonados están las deportaciones a El Salvador, adonde han sido enviados venezolanos acusados sin pruebas de ser de organizaciones como el Tren de Aragua. Se trata de personas que han permanecido incomunicadas de sus familias y cuyos nombres ni siquiera han sido revelados públicamente. Se han conocido por la información de la prensa. En este contexto, organizaciones como Human Rights Watch no han dudado en calificar lo ocurrido como casos de desaparición forzada.

Trump, asimismo, ordenó el traslado de migrantes detenidos a la cárcel de Guantánamo, solo para expulsarlos después. Así ha ocurrido en al menos dos ocasiones, según The New York Times. “A finales de febrero, el Gobierno vació abruptamente dos centros de detención que había utilizado para recluir a 177 venezolanos que fueron trasladados en avión desde Estados Unidos, incluido un edificio de una prisión militar que fue antes utilizado para recluir a detenidos por terrorismo. Pero al trasladar a esos detenidos el 20 de febrero, el Gobierno repatrió a los migrantes a la custodia de su gobierno de origen. Esta vez, según dijeron los funcionarios, los hombres fueron trasladados a un aeropuerto internacional de Alexandria, Luisiana”, informó el Times.

HRW pudo hablar con al menos 20 de esas personas. “Pasaron 15 días en Guantánamo y luego fueron enviados a Venezuela. Son casos especialmente graves, son personas que venían de haber estado en el centro de detención de El Paso, Texas, y luego fueron enviados a Guantánamo”, cuenta Juanita Goebertus, directora de esa organización para las Américas, quien añade que a ninguno se le respetó el debido proceso ni pudieron presentar sus casos de solicitud de asilo. Sin olvidar que en Texas “sufrieron privación del sueño porque los despertaban cada dos horas, reportaron condiciones de muchísimo frío en el centro de detención, sin colchones ni cobijas, simplemente unas frazadas metálicas para evitar hipotermia”. Ya en Guantánamo, “reportaron condiciones muy similares: típicamente violencia verbal, falta de a atención médica, comida tres veces al día, pero muy básica y limitada”. Ya de regreso en Venezuela, “les hicieron firmar acuerdos de no dar información de lo sucedido. Tienen muchísimo miedo”.

Sin migrantes en los cruces

A la pregunta de qué tanto ha disminuido el flujo de personas desde que se inició la istración de Donald Trump, Camilo Vélez, jefe de Misión de Operaciones para México y Centroamérica de la organización Médicos Sin Fronteras, reconoce que en lugares de atención como el tapón del Darién la disminución puede ser del 90 al 92 %. El dato que dan las autoridades panameñas señala que la reducción de personas es del 83 %. En Honduras, las cifras oficiales registran una disminución del 400 % en la migración en tránsito por el país, en marzo de 2025, con relación al año pasado.

Juanita Goebertus considera que el supuesto cierre del Darién, del que se precia el gobierno de José Raúl Mulino en Panamá, está empujando a la gente a rutas acaso más peligrosas, como el mar, en embarcaciones clandestinas. Además, este descenso en los cruces también puede estar relacionado con otros factores, como la incertidumbre que siguió a las elecciones en Venezuela, que puso a los migrantes en una especie de pausa.

En otras palabras, el hecho de que los caminos y muchos albergues y puntos de atención estén vacíos no quiere decir que las personas hayan desaparecido por arte de magia. “Muchas de ellas están pidiendo asilo en México”, dice Goebertus. Honduras y Costa Rica también son vistos como posibles lugares para asentarse.

Vélez insiste en que la gente sigue esperando: “Guardan la esperanza de que esto cambie, se preguntan, como nosotros y otras organizaciones humanitarias: ¿hasta cuándo esto es sostenible?, ¿hasta cuándo se va a permitir que siga este miedo, que han querido transmitir a todas las personas que tienen su derecho legítimo de pedir asilo en los países que les puedan garantizar seguridad y niveles básicos de vida?”.

*Esta es la primera entrega del especial: Migrar en tiempos de Trump, el limbo de un sueño roto.

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