Matrimonio infantil en Colombia: ¿Qué sigue después de la sanción presidencial?

La sanción presidencial que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas en Colombia conlleva desafíos que van más allá de la normativa. Garantizar su cumplimiento requiere un trabajo coordinado entre el Estado y las comunidades.

Foto: Profamilia

Hace una semana, fue sancionada por el presidente Gustavo Petro la ley 2344 de 2025 que prohíbe todas las formas de uniones tempranas en las que uno o ambos contrayentes sean menores de 18 años y que, además, promueve programas sociales para disminuir las desigualdades que perpetúan dichas uniones. Desde la formulación del proyecto de ley, el camino no fue fácil, pues se evidenciaron muchas de las problemáticas que rodeaban al matrimonio infantil y que, actualmente, siguen afectando a cientos de niñas en el país. Sin embargo, una cosa es la ley en el papel y otra cosa es la realidad de las menores, ¿qué obstáculos podrían influir en su aplicación?

Actualmente, Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial en número de niñas casadas o unidas en matrimonio antes de los 15 años, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y antes de la sanción presidencial, era uno de los 11 países de América Latina donde el matrimonio infantil aún era permitido, afectando principalmente a las niñas. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018, alrededor de 340.083 niñas y adolescentes (8,6%) y 133.293 niños y adolescentes (3,2%) habían estado en situación de Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas.

La norma que permitía estas uniones tempranas estaba vigente desde 1887, pese a que vulneraba los derechos de las infancias. Esto contradecía tratados internacionales ratificados por Colombia, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establecen medidas de protección especial para prevenir prácticas perjudiciales contra estos grupos poblacionales.

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Pese al avance que representa esta normativa, su implementación aún enfrenta diversos desafíos. El Espectador consultó con una experta y una de las coautoras del proyecto, quienes mencionan que uno de los grandes retos será el cambio de costumbres en comunidades donde esta práctica sigue siendo normalizada, así como el desarrollo de políticas públicas que permitan prevenir nuevas uniones tempranas.

Por su parte, la representante a la Cámara Alexandra Vásquez, una de las impulsoras de la iniciativa, en entrevista con este diario, explicó que podría haber resistencia en algunos sectores, en particular dentro de comunidades indígenas, al implementar programas de prevención y atención. Sin embargo, resaltó que la clave será construir la política pública de la mano de estas comunidades, para que se apropien de la norma y comprendan su alcance, considerando que muchas de estas uniones no son registradas formalmente.

No obstante, más allá de la mera comprensión de la norma, la erradicación de estas prácticas implica desmontar normas sociales y de género asimétricas que refuerzan el control de los hombres sobre sus parejas mujeres, sumado al hecho de que la mayoría de estas uniones en Colombia y en América Latina ocurren de manera informal, lo que dificulta su registro y seguimiento.

Vásquez también destacó el desafío del a la justicia para las víctimas de uniones tempranas y explicó que “el a mecanismos judiciales en Colombia es complejo, y se necesita una coordinación efectiva entre fiscales y entidades gubernamentales para garantizar la protección de los derechos de niños y niñas”. Aunque la implementación de la ley aún está en fase de estructuración, se espera que sea liderada con un enfoque territorializado por entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y Planeación Nacional.

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Según un análisis de Unicef publicado en 2020, la erradicación de esta práctica requería más que la implementación de leyes y políticas públicas. El organismo hizo hincapié en la necesidad de garantizar el a la Educación Sexual Integral (ESI) antes de los 16 años, fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva en comunidades y reducir la vulnerabilidad económica de niñas y adolescentes mediante proyectos productivos con enfoque de género.

Y es que el matrimonio infantil está estrechamente ligado al embarazo en menores de edad. Según el organismo, tres de cada cuatro niñas y adolescentes embarazadas estaban casadas a una edad temprana. Esto significa que en este tipo de uniones hay más probabilidades de que sean madres antes de los 18 años, lo que impacta directamente sus proyectos de vida y su salud mental, llevándolas, en muchos casos, a abandonar sus estudios y limitando sus oportunidades de construir un futuro autónomo.

Ángela Anzola de Toro, presidenta ejecutiva de la Fundación PLAN, organización que trabaja por la protección de la niñez en Colombia, también subrayó la necesidad de ofrecer oportunidades a las niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En muchos casos, las uniones tempranas surgen como una respuesta a la falta de oportunidades económicas, la violencia intrafamiliar o la romantización de relaciones con grandes diferencias de edad. Por ello, considera fundamental implementar programas que les permitan construir proyectos de vida dignos y sostenibles.

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Además del desarrollo de programas de prevención, Anzola de Toro resaltó la necesidad de contar con datos actualizados sobre el matrimonio infantil en Colombia. Señaló que la falta de mediciones periódicas dificulta la toma de decisiones basadas en evidencia y el diseño de políticas efectivas para erradicar esta práctica. “Vamos a cumplir 10 años sin la Encuesta de Demografía y Salud (ENDS). ¿Cómo vamos a saber cuántas niñas y niños están en uniones tempranas si no tenemos cifras actualizadas? Sin estos datos, es inviable diseñar políticas públicas adecuadas”, afirmó.

Las expertas coincidieron en que la erradicación del matrimonio infantil exige un esfuerzo conjunto entre el Estado y la sociedad. Así como involucrar a la ciudadanía para que asuma un rol activo en la desnormalización de esta práctica y en la denuncia de casos ante las autoridades.