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Desde 2022, el aborto es legal en el país hasta la semana 24. Sin embargo, en el Chocó muchas mujeres y personas con capacidad de gestar aún no pueden ejercer este derecho. La sentencia C-055, mejor conocida como Causa Justa, garantizó el marco jurídico, pero no modificó el peso del estigma. En este departamento del Pacífico, cuya población es mayoritariamente afrodescendiente, hablar de aborto sigue siendo considerado pecado, castigo y, prácticamente, una deshonra social.
“Eso es como si el papa lo estuviera excomulgando a uno”, dice Clorayne Gallego Córdoba, abogada y lideresa social del departamento.
“Cuando una mujer aborta, la tratan de pecadora, de asesina. Le gritan en la calle. Por eso lo hacen calladas, muy calladas. A veces prefieren abortar en casa antes que ir a una clínica”. Lo que Clorayne relata no es excepcional; es, más bien, la norma.
En el Chocó, acceder a este derecho y servicio de salud reproductiva es una maraña de obstáculos sistémicos, socioeconómicos, geográficos y culturales que lo condenan, lo ocultan y hace que los procedimientos clandestinos —quen en muchos casos resultan en emergencias obstétricas—, parezcan la “mejor” opción.
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La maternidad como mandato
En el imaginario colectivo afrochocoano, el cuerpo de las mujeres está profundamente ligado a la maternidad. “Aquí no es que no se hable de sexualidad. Lo que no se habla es del no querer ser madre”, explica Ana María Arango, antropóloga y docente de la Universidad Tecnológica del Chocó. “Una mujer que no pare es leída como una mujer enferma. Se rompe la lógica de que el cuerpo debe purgarse a través del parto. No tener hijos es ir contra el deber ser de la mujer, de la familia, incluso de la comunidad”, añade.
Esta concepción no sólo condiciona decisiones individuales; se traduce en presión, culpa, aislamiento y silencio. Un peso atravesado también por el racismo estructural y la exclusión histórica que ha marcado a esta población. “Ser madre es parte del legado de la resistencia negra frente a la historia de exterminio. Eso también tiene una carga simbólica muy fuerte que complica el derecho a decidir”, comparte Yiny Torres Valencia, magíster en bioética y coautora de la cartilla Diálogos desde el Susuné, una iniciativa pedagógica creada por y para mujeres negras sobre el derecho a decidir.
Este mandato de maternidad impuesto, junto con el estigma y la desinformación, no solo condiciona decisiones, también impone un silencio casi absoluto.
Tras semanas de reportería, no fue posible entablar comunicación directa con personas que abortaron en el Chocó. Aunque El Espectador conoció relatos de mujeres que lograron acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de forma autogestionada, ninguna quiso —o pudo— contar su historia.
En el país, según Profamilia, más de 150.000 mujeres y personas con capacidad de gestar accedieron a un aborto legal y seguro el año pasado. No obstante, en departamentos como el Chocó, donde el 63 % de la población vive en condición de pobreza y las rutas de atención en salud son escasas o inexistentes, no hay datos específicos que brinden un panorama sobre el a la IVE.
Como señala el informe IVE desde el margen de ILEX Acción Jurídica, las mujeres negras y afrodescendientes enfrentan barreras específicas: pobreza estructural, desinformación, discriminación étnico-racial y ausencia del Estado. En el Chocó muchas Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) no están habilitadas para prestar abortos y, en las pocas que lo están, el personal médico desconoce los lineamientos legales o la institución se niega a prestar el servicio alegando objeción de conciencia, incluso cuando la ley lo prohíbe.
Según los hallazgos de ILEX, solo tres IPS en todo el departamento reportaron haber realizado procedimientos de IVE. Además, un análisis de Profamilia y Río Rivers, muestra cómo varios municipios del departamento presentan deficiencias en la infraestructura, equipamiento y personal de salud capacitado para este servicio. Incluso Quibdó, la capital, tiene un índice de oferta de aborto seguro relativamente bajo en comparación con ciudades y municipios de similar categoría.
Y es que estas barreras son, en parte, causa y efecto de las características propias de un territorio vasto, disperso y con una infraestructura vial deficiente, donde los ríos son a menudo las únicas vías de comunicación. Por eso, quienes necesitan abortar deben recorrer largas distancias, cubrir sus propios gastos y exponerse al señalamiento social.
“El está condicionado por quién eres, dónde vives y cuánto dinero tienes”, dice la doctora Yiny. “Nosotras hemos documentado cómo muchas prefieren callar, asumir el riesgo de un aborto casero o simplemente continuar con un embarazo que no desean, porque no saben que tienen derecho o porque no tienen a dónde ir”, agrega Ana María, quien también integra la Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó (ASINCH).
La desinformación también tiene consecuencias graves. El 45 % de los abortos en América Latina se practican en condiciones inseguras, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Colombia, aunque existen normas claras, más del 70 % de las mujeres afrodescendientes que han abortado lo hicieron fuera del sistema de salud, según los datos recopilados por ILEX.
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Las que cuidan en silencio
Frente a ese vacío, el cuidado lo ponen las redes comunitarias: las feministas, las amigas y las lideresas sociales. Ante la penalización social, recurren a métodos caseros, brebajes o pastillas sin acompañamiento adecuado. “Se pasa la voz, se acompaña en silencio. Se aborta en casa, a veces con conocimiento tradicional, pero muchas veces también con miedo”, dice Clorayne.
En el territorio, como relatan todas las expertas consultadas, la mayoría autogestiona su aborto tomando pastillas de misoprostol que consiguieron en internet o en droguerías, de manera clandestina. En algunos casos, esos abortos autogestionados no se completan del todo y, por miedo al estigma, la culpa o la criminalización, muchas prefieren decir que han tenido un aborto espontáneo al llegar a un centro de salud. En las zonas más apartadas, las parteras y sus prácticas ancestrales son las primeras en atender estas emergencias obstétricas y abortos clandestinos e inseguros en el territorio, incluso aun cuando ellas no estén de acuerdo con la IVE.
La despenalización del aborto hasta la semana 24 fue una conquista histórica del movimiento feminista. Sin embargo, tres años después de la sentencia, pareciera que este derecho no llega a los territorios más alejados del centro del país. Mientras tanto, las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar chocoanas siguen abortando, pero lo hacen en secreto. Como si el derecho fuera solo para quienes pueden nombrarlo sin miedo.
*Este artículo hace parte del reportaje “La geografía del silencio: el aborto para mujeres indígenas, afro y migrantes en Colombia”, realizado con el apoyo del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai).
Por Mariana Escobar Bernoske
