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Este jueves, 5 de junio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una condena contra el Estado de Guatemala por la violación de los derechos humanos de Fátima, una niña que sobrevivió a violencia sexual reiterada por parte de un profesor, y que fue forzada a continuar con el embarazo y asumir la maternidad producto de violación.
En su condena, el Comité destacó que, pese a que Fátima había expresado su deseo de no continuar con el embarazo, al obligarla a hacerlo, el Estado violó sus derechos a una vida digna, a decidir de manera autónoma sobre su cuerpo, al a la información, a la igualdad y a la no discriminación. De igual manera, reconoció que la negativa del Estado a prestarle los servicios de salud reproductiva a los que tenía derecho constituyó un trato cruel e inhumano.
Por segunda vez, el Comité reconoce que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, familiares, educativos y profesionales; restringe gravemente el proyecto de vida de las niñas y vulnera su derecho a una vida digna. Señaló expresamente que negar el a servicios de salud reproductiva refuerza los estereotipos de género basados en la función reproductiva de las mujeres y constituye una forma de discriminación que se fundamentada en el género.
La decisión sobre Fátima se suma a las condenas previas contra Ecuador y Nicaragua, con los casos de Norma, Lucía y Susana, en enero de 2025, que también suscitaron un pronunciamiento de la Corte a favor de las sobrevivientes. Así como contra Perú, con el caso de Camila en 2023 ante el Comité de Derechos de la Niñez.
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“Con esta decisión en el caso de Fátima, todas las sobrevivientes representadas han obtenido justicia ante organismos internacionales. Esta condena constituye un precedente en la protección de los derechos humanos de niñas víctimas de violencia sexual y reafirma la responsabilidad del Estado de Guatemala en garantizar el a la justicia, la reparación integral y la no repetición. Este es un momento para que el Estado guatemalteco dé inicio, sin dilación, al cumplimiento de las recomendaciones, adoptando medidas estructurales que impidan que ninguna niña sea forzada a ser madre”, expresó el movimiento Son Niñas, No Madres, en un comunicado
Este pronunciamiento fue resultado del litigio internacional presentado en 2019 ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), por una coalición conformada por más de una decena de organizaciones, como Planned Parenthood Global, Centro de Derechos Reproductivos, Mujeres Transformando el Mundo y Surkuna que impulsaron la campaña “Son Niñas, No Madres”.
Una realidad más grande que los cuatro casos
La decisión del Comité representa un hito en la protección de los derechos de las niñas en todo el mundo. En conversaciones previas con El Espectador, Marianny Sánchez, directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, explicó que el pronunciamiento favorable no sólo tiene impacto directo en los países mencionados, sino que también establece precedentes vinculantes para los 170 Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Entre las medidas a aplicar en distintos países se incluye la modificación de leyes para asegurar el a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), especialmente en casos de violación sexual o cuando el embarazo represente un riesgo para la vida o la salud de la persona gestante. Asimismo, se deben emprender acciones para combatir la violencia sexual en todos los sectores, incluyendo acciones educativas y de sensibilización para prevenir, atender y judicializar estos casos. Y, finalmente, se debe exigir la capacitación de profesionales de salud y operadores de justicia en atención integral a víctimas de violencia sexual.
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Por Luisa Lara
