Condenan a la Rama Judicial por lenguaje sexista en caso de violencia sexual

Más del 70 % de las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia no denuncian. Una de las razones: miedo a ser juzgadas o revictimizadas.

Foto: El Espectador

El Tribunal istrativo de Cundinamarca marcó un precedente en la justicia colombiana: condenó a la Rama Judicial por revictimizar a una mujer sobreviviente de violencia sexual mediante el uso de lenguaje discriminatorio y ofensivo en dos sentencias penales. La decisión reconoce, por primera vez, que el Estado debe responder por el daño moral causado por jueces que, al fallar, no respetaron los estándares de enfoque de género ni los derechos fundamentales de la víctima.

La mujer, identificada como “Bárbara” para proteger su identidad, fue víctima de secuestro, tortura y violación en el marco del conflicto armado. A pesar de denunciar múltiples veces estos hechos y solicitar protección, fue objeto de comentarios despectivos y revictimizantes por parte de los jueces encargados del proceso penal. En sus fallos de 2016 y 2017, los jueces llegaron a calificarla como “mentirosa” y “mitómana”, desestimando su testimonio y absolviendo a sus agresores, según documentos judiciales revisados por El Espectador.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representó a la víctima, promovió una acción de reparación directa contra la Nación y la Rama Judicial. En primera instancia, el Juzgado 62 istrativo de Bogotá rechazó la demanda alegando caducidad. Sin embargo, el Tribunal istrativo de Cundinamarca revocó esa decisión y analizó el fondo del caso. El fallo concluyó que las dos sentencias penales no solo fueron irrespetuosas con Bárbara, sino que constituyeron una forma de violencia institucional.

Aunque la Corte Constitucional ya había advertido sobre el uso del lenguaje en 2018, no fue sino hasta ahora que la justicia contenciosa reconoció el daño. El Tribunal determinó que el lenguaje utilizado constituía una violación directa a la Constitución y, por tanto, configuraba un error judicial.

Así reconoció que las expresiones utilizadas no solo cuestionaron sin fundamento la credibilidad de la denunciante, sino que perpetuaron estereotipos de género profundamente arraigados en la justicia penal, particularmente en casos de violencias basadas en género y violencia sexual; estereotipos que colocan el peso y responsabilidad de las agresiones sexuales sobre las víctimas.

Ana María Rodríguez Valencia, directora de la CCJ, en entrevista con este diario, enfatiza la importancia del fallo. “Este caso demuestra cómo el lenguaje puede ser una herramienta de violencia institucional. Cuando hablamos de incorporar un lenguaje incluyente y no sexista no se trata de un capricho. El lenguaje construye realidades y puede perpetuar o transformar violencias. Y yo creo que esta decisión también sienta un precedente y envía un mensaje muy claro: el lenguaje no es neutro”.

El fallo se sustenta también en tratados internacionales suscritos por Colombia como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que obligan a los Estados a proteger a las mujeres frente a la violencia institucional, simbólica y verbal. Además, para la CCJ, es una decisión que subraya la necesidad de incorporar efectivamente el enfoque de género en la justicia en el país. Según cifras de la Red Nacional de Mujeres, más del 70 % de las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia no denuncian por miedo a que no les crean o a ser estigmatizadas durante el proceso judicial.

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El fallo ordena una indemnización simbólica de 50 salarios mínimos y exige a la Rama Judicial publicar un mensaje de disculpas en su página web por 15 días. Aunque otras pretensiones fueron negadas por falta de pruebas, la decisión es concluyente: los jueces no pueden emitir fallos basados en estereotipos ni lenguaje degradante.

Aun así, para Rodríguez, el acto simbólico de disculpa no es menor. “Una palabra cálida, un lenguaje respetuoso, un tratamiento digno puede marcar una diferencia muy importante en la manera en la que las mujeres víctimas se sienten, se reconocen como ciudadanas y como sujetos de derechos”, afirmó a El Espectador.

Actualmente, el caso de Bárbara también está siendo revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta vez no por el lenguaje judicial, sino por las agresiones sufridas y la falta de efectivo a la justicia. La CCJ considera que esta es una oportunidad para que el Estado colombiano asuma su responsabilidad, no solo en la protección física, sino también en la forma como trata a las víctimas.

Más allá del caso concreto, el fallo tiene implicaciones nacionales. Aunque no es vinculante para todos los tribunales del país, sí puede ser citado como precedente en procesos similares. Y, lo más relevante, según las fuentes consultadas, abre la puerta para exigir responsabilidades al Estado cuando la justicia falla no solo en lo jurídico, sino también en lo simbólico.

Por eso, para Rodríguez, lo más poderoso de esta decisión no es únicamente el reconocimiento del daño, sino que también habilita una oportunidad de transformación dentro del sistema judicial. “Es un llamado muy fuerte que hace el Tribunal y sienta las pautas sobre cuál es el lenguaje apropiado en decisiones judiciales. Se puede ver como una oportunidad de aprendizaje, no como un ‘regaño’, sino como una oportunidad de reflexión y de ser autocríticos”, concluye la abogada.