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Este jueves 22 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó por primera vez una audiencia pública sobre un caso de esterilización forzada en Perú. El tribunal escuchó los argumentos de las partes en el proceso relacionado con la muerte de Celia Ramos, ocurrida en 1997 tras haber sido sometida a un procedimiento de ligadura de trompas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, implementado durante el régimen de Alberto Fujimori.
A casi tres décadas de los hechos, no se ha emitido ninguna condena. Los procesos penales abiertos en el pasado fueron archivados por falta de pruebas. Según las organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso, las investigaciones estuvieron marcadas por obstrucciones y dilaciones, lo que ha dificultado el a la justicia para las víctimas y sus familias.
La historia de Celia Ramos se encuentra en el marco de un contexto de orden público del Estado peruano. Entre 1980 y 2000, el país sufrió un conflicto armado interno, que involucró a grupos subversivos, fuerzas armadas y policiales, y unidades de autodefensa campesinas y amazónicas. Durante los años 90, gran parte del territorio nacional estuvo bajo control militar y sin garantías constitucionales.
En ese escenario, las mujeres fueron puestas en una situación de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando se implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, que promovió esterilizaciones como ligaduras de trompas y vasectomías. Procedimiento que fueron señaladas por las presuntas víctimas y organizaciones de la sociedad civil como esterilizaciones forzadas como único método anticonceptivo.
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“Si bien es cierto que no se puede afirmar que el programa en sí mismo era una política del conflicto armado, sí se puede decir que surge en este contexto. El gobierno de turno le pareció necesario un programa de salud sexual y reproductiva, implementado desde la discriminación, para acabar con los índices de pobreza, en territorios vulnerables y militarizados”, explicó Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
La política afectó principalmente a mujeres campesinas, indígenas, de zonas rurales y urbanas empobrecidas, muchas de ellas en condición de analfabetismo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, en esa época tres de cada cuatro personas analfabetas eran mujeres, y el 67 % de la población analfabeta residía en zonas rurales.
A esto se sumó la presión ejercida sobre el personal médico para cumplir con cuotas de esterilizaciones. “El personal médico vivía en un clima de miedo y presión, ya que estaban sometidos a la amenaza de perder sus puestos de trabajo si no cumplían las cuotas coercitivas. Se entregaban entre cuatro y diez dólares por cada mujer esterilizada y además se promovía el ascenso profesional de quienes cumplían con las metas. Esta dinámica creó un sistema jerárquico y coercitivo, que funcionaba como lo dijo un médico en su testimonio de mi investigación una “fábrica de esterilización”, expuso Kimberly Theidon, antropóloga médica, investigadora de la justicia transicional de Perú y perita del caso.
La experta señaló que estos hechos sucedieron en un “entorno coercitivo, militarizado, de emergencia militar. Esto no sólo distorsionó el programa, sino que impidió tener un consentimiento libre. Se utilizaban mentiras, se negaba que era una cirugía irreversible, y se empleaba un lenguaje médico esotérico que las mujeres no entendían. Hubo visitas a las casas. Según los testimonios de mujeres víctimas de esterilización forzada, tuvieron que acceder a este servicio para poder obtener otros servicios de salud.”
Todo esto bajo un panorama de condiciones médicas precarias. Muchos centros de salud que supuestamente habían sido adaptados en el marco de esta campaña, carecían del equipamiento, los medicamentos y el personal capacitado, necesarios para realizar los procedimientos de forma segura o tratar complicaciones.
La historia de Celia Ramos
Este fue el entorno que enfrentó Celia Ramos, madre de tres niñas y dedicada, principalmente, al cuidado de su familia. En 1997, durante una consulta en el puesto de salud en La Legua, un caserío empobrecido, fue presionada para someterse a una ligadura de trompas. Aunque expresó reiteradamente su negativa, varias enfermeras acudieron a su domicilio en al menos cinco ocasiones con el fin de convencerla. El 3 de julio del mismo año, fue una de las 15 mujeres sometidas a esterilización quirúrgica durante una campaña en ese centro médico.
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La hija mayor de Celia Ramos, Marisela Monzón Ramos, explicó en la audiencia que había escuchado a su mamá replicar lo que le habían dicho los personales médicos, señalando que no se traba en el procedimiento, pues era tan sencillo como “como irse a sacar un diente”. También recuerda que su madre recibió varias visitas en su casa “cuando fueron a la casa, fueron a hablar con mi mamá, no con mi papá. Se lo ofrecían a las mujeres, no a los hombres”, señaló.
“Mi tía Rosa recuerda que el personal médico le dijo a mi mamá que cómo había tenido tres embarazos y tres pérdidas, corría el peligro al seguir teniendo hijos. Así que accedió bajo esta presión, pero ni siquiera tuvo exámenes de riesgos quirúrgicos, ni exámenes preoperatorios. Solo fue al médico el día que fue citada para el procedimiento”. La hija relata que “pasaron varias horas y no volvió. Nos dijeron que tuvieron que trasladarla a una clínica de alto nivel en Piura. Le mencionaron a mi tía que tenía un tumor y que, por no haber avisado eso, hubo complicaciones médicas”.
Durante la intervención, Celia sufrió un paro respiratorio tras la istración de un medicamento. Por la falta de equipos adecuados, fue trasladada a la Clínica San Miguel de Piura, donde ingresó en coma por falta de oxígeno cerebral. Murió el 22 de julio, tras 19 días en cuidados intensivos. Todo derivado de las complicaciones de un procedimiento que ella no consintió.
Celia no fue la única víctima. La Defensoría del Pueblo de Perú documentó en uno de sus informes que, entre 1997 y 1999, se identificaron 16 víctimas mortales por las esterilizaciones forzadas.
A pesar de que estas presuntas violaciones ocurrieron en medio del conflicto armado en el país, las víctimas de esterilizaciones forzadas fueron excluidas del proceso de justicia transicional y del sistema de reparaciones diseñado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. A partir del reclamo por la ausencia de mecanismos de identificación y reparación, en 2015, el Estado creó el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), que cuenta con 6.982 mujeres inscritas.
“Hay una tendencia a pensar que, por falta de educación, existe falta de inteligencia y que por ende no tienen proyectos de vida. Es importante entender que estaban aplicando un método preferido, no una gama de servicios, como si las mujeres no pudieran tomar decisiones. Fue una política que se basó en una geografía racializada en Perú. Existían diversas formas de abordar la precariedad económica que no implicara eliminar a los pobres”, afirmó Theidon.
El pronunciamiento de la Corte IDH abriría una discusión más grande
El caso de Celia Ramos se ha convertido en símbolo de las consecuencias de una política pública que violó los derechos reproductivos y la autonomía de miles de mujeres, especialmente de sectores históricamente excluidos. Este caso pone de manifiesto la utilización sistemática de coacción, presiones y negligencia médica, así como la completa denegación del consentimiento libre e informado y servicios de salud adecuados, reflejando una grave violación de derechos humanos en contextos de desigualdad estructural y conflicto armado, que constituyen crímenes de lesa humanidad y violencia reproductiva.
“Ya casi son tres décadas desde que mi mamá falleció, esperamos que se reconozca la verdad. Mis hermanas, mi papá y mi familia y yo esperamos que se haga justicia, que se abra una investigación real con todos los datos que se cuenta. que el Estados reconozca, repare, de las afectaciones que tuvo a nivel”, señala Monzón.
Por un lado, abre la conversación sobre las violencias reproductivas como una categoría distinta de la violencia sexual. “Este litigio busca que la Corte asuma ese concepto de violencia reproductiva, que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no lo ha hecho hasta ahora. Este caso abre la puerta a la Corte para plantearse este nuevo tipo de violencia y ponerle un nombre. Esto permitiría generar unas recomendaciones para Perú, que además van a tener efectos generales en los Estados que reconocen la competencia de la Corte.”, expresa Martinez.
Por otro lado, la experta señala que una decisión de la Corte también podría ayudar a ampliar la comprensión jurídica sobre lo que constituye una esterilización forzada. Explica que, aunque en el derecho penal internacional se asocia a contextos de represión masiva, el elemento determinante debe ser la ausencia de consentimiento, sin importar la escala o el contexto político. Considerando que no debería haber distinción entre los diversos tipos de esterilización forzada, ya que la falta de consentimiento debería ser razón suficiente para su calificación como una grave violación de derechos humanos.
Martínez subraya, además, que la interpretación de la Corte podría abrir la posibilidad de que las esterilizaciones forzadas sean reconocidas como crímenes imprescriptibles. “Sabemos que una Corte de Derechos Humanos no tiene competencia para declarar crímenes de lesa humanidad, pero sí puede incorporar ese marco jurídico para afirmar que se trata de violaciones graves de derechos humanos que, bajo los estándares internacionales, son imprescriptibles. Esto permitiría que se reabran las investigaciones contra las personas que ya fueron señaladas o investigadas por estos hechos”.
¿Qué dijo la defensa del Estado peruano en la audiencia?
Algunas posturas, que defienden al Estado peruano, sostienen que el programa fue una política pública legítima de salud sexual y reproductiva. Argumentando que respondía a compromisos internacionales adquiridos, especialmente tras la participación del expresidente Alberto Fujimori en la Plataforma de Acción de Beijing, donde se habría comprometido a fortalecer el a servicios de salud reproductiva en el país.
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El perito Eduardo Buendía De Los Santos, representante del Estado peruano, basó sus argumentos en el documento de solicitud y autorización para la operación quirúrgica, relacionado con riesgos reproductivos y el Código Civil de Perú. Con base en estos elementos, explicó que el 1 de julio de 1997, Celia Ramos firmó lo que él interpreta como un “consentimiento informado” sobre el procedimiento.
“En este caso, se cuenta con evidencia del consentimiento informado, en el que se indica que se cumplían los requisitos de consentimiento libre. Que la persona fue informada sobre los diferentes métodos anticonceptivos y evaluó los riesgos para su salud en caso de quedar nuevamente en embarazo. En dicho documento se especificaba que esta intervención evitaría nuevos embarazos. No existe método probatorio que demuestre que se haya ejercido violencia, amenaza o engaño en el caso de Celia Ramos”, afirmó Buendía.
Sin embargo, de acuerdo con el grupo de abogados que defiende a la víctima, el Estado había afirmado previamente que tal documento no existía; no obstante, el perito encargado de defender a Perú tuvo a dicho documento cuatro semanas antes de la audiencia actual, mientras que los abogados defensores de la víctima lo recibieron apenas hace tres días.
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Por Luisa Lara
