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“Soy una de las miles de mujeres que abortaron en la clandestinidad. Tenía 21 años, un embarazo no deseado y una pareja que me amenazó de muerte. Aborté un domingo y el lunes volví al trabajo. Sentí dolor y alivio. Hoy, seis años después, sigo sanando. Las mujeres que abortamos necesitamos apoyo, no cárcel. Jueces y juezas, no desvíen la mirada de quienes claman por sus derechos”.
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El testimonio de Valeria* es uno de los 168 relatos que fueron entregados a la Corte Constitucional de Ecuador hace unas semanas, en el aniversario de la presentación de la demanda que busca la eliminación del delito de aborto consentido del Código Orgánico Penal Integral. La iniciativa es liderada por el Movimiento Nacional Justa Libertad que ofrece acompañamiento legal y psicológico a las personas que han tomado la decisión de interrumpir su embarazo. Según esta organización, la criminalización no sólo vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino que tampoco reconoce las barreras económicas, sociales y de salud que atraviesan al momento de tomar esta decisión.
Cada día en Ecuador, aproximadamente 168 personas toman la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo, de acuerdo con cifras recopiladas por Justa Libertad. Pero lo hacen de forma clandestina, como la única opción para ejercer la autonomía sobre sus cuerpos, viéndose obligadas a poner en riesgo su vida, su salud y su libertad; pues en este país sigue siendo criminalizado el aborto, afectando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas en capacidad de gestar. Fuera de las excepciones legales —riesgo para la vida de la persona gestante o embarazo por violación—, quienes abortan enfrentan penas que van de seis meses a dos años de prisión, mientras que los profesionales que acompañan y asisten el proceso pueden ser condenados hasta por tres años.
Con una recopilación de 168 testimonios, el movimiento ecuatoriano tiene el objetivo de darle rostros, nombres y cuerpos a las situaciones de inseguridad, persecución y peligro sistémicos a las que se enfrentan las personas que abortan en clandestinidad todos los días en el país. A su vez, busca concientizar, tanto a la sociedad civil como a los magistrados de la Corte, sobre las múltiples amenazas para la protección de la vida y los derechos humanos que trae la penalización.
Un año después de interponer la demanda, el movimiento Justa Libertad hace un llamado directo a la Corte y al gobierno de Ecuador para que se discuta la disposición, pues esta ha sido retrasada varias veces por interrupciones burocráticas.
El panorama del aborto en Ecuador
En un país donde la interrupción voluntaria del embarazo es social y penalmente castigada, la ley no se aplica de la misma manera para todas, las personas más perseguidas, en este contexto, suelen ser las menores de edad y las mujeres en situaciones económicas vulnerables. Según la Fiscalía General del Estado, en los últimos diez años, de las 493 personas criminalizadas por haber tomado esta decisión, el 21% eran niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años.
Para Marlice Belén Grijalva, abogada y vocera de Justa Libertad, en entrevista con El Espectador, las mujeres racializadas y de bajos recursos tienen mayores probabilidades de ser judicializadas, incluso en casos de aborto espontáneo o mientras presentan sintomas de postaborto, debido a las barreras en el a servicios en salud y salud reproductiva, la falta de una defensa legal adecuada en caso de ser detenidas, y un sistema judicial atravesado por la discriminación y la desigualdad estructural.
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Un ejemplo de esto es el caso de María*, una mujer indígena que fue judicializada por el delito del aborto sin haberlo practicado. En el relato, recopilado por Justa Libertad, se cuenta que una vecina la denunció tras haber tenido complicaciones en su embarazo y un aborto espontáneo. Esto la llevó a vivir un proceso legal revictimizante, basado en los prejuicios que recaen sobre la salud sexual y reproductiva, y sin pruebas de que ella había tomado esa decisión de manera voluntaria.
Así mismo, Claudia*, una mujer afro y migrante colombiana, enfrentó no solo la criminalización del aborto, sino el racismo y el abandono del Estado. “Ustedes, como gobierno, me fallaron. Nunca han estado, pero ahora sí quieren interponerse en nuestras decisiones”, denuncia. Su testimonio refleja la doble discriminación que sufren las mujeres racializadas en Ecuador, donde el a derechos básicos como la salud y la justicia sigue siendo desigual.
Según el Ministerio de Salud Pública, cada día 54 niñas, adolescentes y mujeres son hospitalizadas por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Sin embargo, las consecuencias de no garantizar este derecho no solo afectan a las personas que se practican una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), también recaen en el sistema de salud. Las organizaciones que hacen parte de Justa Libertad, exponen que al sistema le más barato legalizar el aborto que atender las complicaciones que resultan de prácticas inseguras. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio, acceder a un aborto legal cuesta alrededor de 160 dólares, mientras que tratar las complicaciones derivadas de practicarse un procedimiento inseguro cuesta 232 dólares.
La carta de Jenny* refleja una de las problemáticas a las que se enfrentan muchas mujeres y personas con capacidad de gestar: el consentimiento viciado durante las relaciones sexuales, que puede llevar a un embarazo no planeado. Apenas había terminado la universidad cuando confió en su pareja, quien le aseguró haberse realizado una vasectomía y la convenció de no usar métodos anticonceptivos de barrera. Al descubrir que estaba embarazada, se sintió engañada y sin opciones. Después del aborto, un mar de emociones me envolvió. Pero en lo profundo de mi corazón, tenía la certeza de que había hecho lo correcto. Aun así, vivir en una sociedad que te juzga, te señala, te llama asesina sin saber nada de ti, hizo todo aún más difícil. No me siento una criminal, aunque me señalen como tal”, cuenta en su testimonio.
“La carta de Jenny* refleja una de las problemáticas a las que se enfrentan muchas mujeres y personas con capacidad de gestar: el consentimiento viciado durante las relaciones sexuales, que puede llevar a un embarazo no planeado. Apenas había terminado la universidad cuando confió en su pareja, quien le aseguró haberse realizado una vasectomía y la convenció de no usar métodos anticonceptivos de barrera. Al descubrir que estaba embarazada, se sintió engañada y sin opciones. ”Después del aborto, un mar de emociones me envolvió. Pero en lo profundo de mi corazón, sabía que había hecho lo correcto. Aun así, vivir en una sociedad que te juzga, te señala y te llama asesina sin saber nada de ti, hizo todo aún más difícil. No me siento una criminal, aunque me señalen como tal", cuenta en su testimonio.
Para Grijalva, la falta de a abortos seguros es una manifestación más de la precarización de los derechos de las mujeres en Ecuador. “El Estado no nos garantiza salud, educación ni seguridad. Sin políticas públicas que nos protejan, siguen aumentando los feminicidios, las violaciones y los embarazos forzados en niñas y adolescentes”, señala.
Además en Ecuador, el 84% de los casos de interrupción voluntaria del embarazo con sentencia terminan en condena, y muchas mujeres llegan a juicio después de buscar ayuda en hospitales. “Las autoridades se enteran por las mismas personas que abortan y tienen complicaciones, entonces van a los hospitales y ahí las persiguen”, explica Grijalva. De esta manera, la penalización convierte al sistema de salud en un canal de denuncia en lugar de un espacio de atención y acompañamiento.
Un grito por el derecho a decidir
El movimiento argumenta que la legislatura que condena el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo lleva en vigencia más de un siglo de antigüedad y no responde a las necesidades y derechos de las mujeres y personas gestantes. Por eso la iniciativa “168 cartas por el aborto” es un llamado para que la Corte Constitucional del país latinoamericano tenga en cuenta la situación de cientos de personas.
“Nosotras luchamos desde las regiones, las calles y las provincias. El equipo está compuesto por activistas, abogadas y defensoras de derechos humanos que trabajamos a pulso por ganarnos el derecho a decidir sobre la maternidad”, comenta la abogada.
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Así, Justa Libertad insiste en que la eliminación del delito de aborto consentido es la única vía para garantizar los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. “Las mujeres siguen abortando, con o sin permiso del Estado. La diferencia es que hoy lo hacen con miedo, en condiciones inseguras y bajo la amenaza de la cárcel. Por eso, la lucha que todas estamos llevando por la despenalización es una lucha política por la dignidad, la desigualdad y el derecho a decidir ”, sostiene Grijalva.
“Estimada Corte, hablo por mí y por todas las mujeres que han pasado por esto. Pedimos que se despenalice el aborto. No queremos que otras vivan lo que nosotras vivimos: el miedo, la culpa impuesta, el peligro de morir por hacerlo en la clandestinidad. La penalización no evita que suceda. Solo hace que ocurra en condiciones más crueles, más injustas, más inhumanas”, se lee en otra de las cartas.
*Los nombres de las autoras de las cartas, mencionados en este artículo, son ficticios, con fines de proteger su identidad.
Por Valentina Guerrero Rojas
