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La ministra chilena de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, presentó este miércoles ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta la semana 14, más allá de las tres causales ya establecidas. Se trata de una de las promesas que el presidente Gabriel Boric tenía pendientes y uno de los principales anhelos de la lucha de las organizaciones feministas por los derechos sexuales y reproductivos en Chile.
“A 36 años de que se ilegalizara el aborto terapéutico en nuestro país a través de un decreto dictatorial, hoy abrimos la discusión en el Congreso”, afirmó la ministra Orellana, en alusión a la prohibición del aborto impuesta por el régimen de Pinochet en 1989.
La iniciativa, que será debatida en el Congreso a partir del próximo lunes, contempla una norma técnica para concretar el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo de forma ambulatoria hasta las 12 semanas, mientras que los otros casos –minoritarios según la estadística internacional– serán derivados a la red hospitalaria.
Asímismo, ante la negativa de algunos parlamentarios de oposición al gobierno de Boric, la secretaria de Estado hizo un llamado a abrir la discusión, “queremos abrir un debate respetuoso, con base en evidencia, donde todas las posiciones, según lo que las sustente, tengan un espacio, pero donde no sigamos vetando un tema que sabemos que sigue ocurriendo”, dijo Orellana.
“A quienes nos escuchan, especialmente a quienes han abortado –que, según las estadísticas, son miles en nuestro país–, tengan la edad que tengan, hayan utilizado métodos antiguos o más modernos, queremos que sepan que el Gobierno considera que no deben seguir siendo tratadas como criminales ni perseguidas penalmente”, enfatizó.
Boric se había comprometido a presentar el proyecto el año pasado, pero lo aplazó hasta que la Contraloría diera el visto bueno a un nuevo reglamento para regular la objeción de conciencia en la ley actual, algo que ocurrió la semana pasada.
Chile despenalizó el aborto en 2017, durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, al aprobar una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) bajo tres causales: riesgo para la vida de la persona gestante, inviabilidad fetal y violación. No obstante, existen múltiples denuncias que apuntan a que las barreras para acceder al procedimiento siguen siendo obstáculos para su plena implementación. Esto, sumado al estigma social, hace que muchas mujeres tomen la decisión de abortar de manera clandestina.
Además, un informe del Observatorio de la Ley de Aborto (OLA) reveló que solo el 24 % de las mujeres que solicitaron orientación bajo las tres causales accedieron efectivamente a la atención médica, mientras que el 92 % de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual no denuncian por temor a represalias.
Desde la aprobación de la ley de las tres causales, el debate sobre su ampliación y la despenalización del aborto sin causales se ha reabierto cada cierto tiempo, y las encuestas muestran que la sociedad está dividida. Según una encuesta de Ipsos de 2023, el 54 % de los chilenos cree que el aborto debería ser legal, una cifra cercana al promedio mundial.
El último intento se realizó en 2022, cuando una iniciativa para cambiar la Constitución chilena –vigente desde la dictadura militar– propuso garantizar el aborto libre en la Carta Magna, pero fue rechazada mayoritariamente por la ciudadanía.
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Por EFE
