Cada dos días y cinco horas una persona LGBTIQ+ es asesinada en Colombia

Según los datos presentados por la organización, en promedio, cada dos días una persona LGBTIQ+ es asesinada en el país, y cada día al menos dos personas son víctimas de agresión sexual.

Foto: @losperrosjueganparasiempre

En Colombia, ser una persona LGBTIQ+ sigue representando un riesgo constante para la vida, la seguridad y la libertad. Tener una orientación sexual o identidad de género diversa continúa siendo considerado por varios sectores de la sociedad un motivo válido de persecución, exclusión y violencia en múltiples formas: homicidio, agresión sexual, hostigamiento virtual, discriminación cotidiana y abuso policial.

Así lo expone el más reciente Informe de Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+ 2024, de la organización Caribe Afirmativo, que expone que estas violencias no son hechos aislados, sino parte de un sistema estructural de agresión sostenida que se basa en el prejuicio social e institucional.

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, el informe expone el incremento sostenido de estas violencias y le da un nombre a la problemática: violencia por prejuicio, una forma de agresión sistemática contra la población sexo y género disidente, basada en percepciones negativas profundamente naturalizadas y en la idea de que estas personas deben ser “corregidas” o “controladas”.

Según Caribe Afirmativo, la violencia por prejuicio opera como un mecanismo de control tanto simbólico como material, legitimado por discursos de odio, prácticas culturales que rechazan la diversidad y una indiferencia estatal que permite su reproducción.

Como se explicó en la presentación de los hallazgos: “la violencia por prejuicio no solo se manifiesta con intenciones de ‘eliminar’ o borrar físicamente a las personas diversas, sino también de enviar un mensaje de amenaza, silenciamiento y control como forma de represión de sus libertades”.

La violencia sistemática contra las personas LGBTIQ+ continúa

Según los datos presentados por la organización, en promedio, cada dos días una persona LGBTIQ+ es asesinada en el país, y cada día al menos dos personas son víctimas de agresión sexual. Durante el último año, se documentó un aumento preocupante tanto en los casos de violencia sexual como en los homicidios contra esta población, mientras que otras formas de violencia como las amenazas, la discriminación, el abuso policial, la violencia digital y las agresiones institucionales continúan sin recibir respuestas contundentes por parte del Estado.

En 2024, se registraron 164 homicidios de personas LGBTIQ+, representando un aumento del 3,14% respecto a 2023, y 689 casos de violencia sexual, un incremento del 67% frente al año anterior, reporta Caribe Afirmativo. Estas cifras no solo evidencian un recrudecimiento de las violencias, sino que confirman la persistencia de un patrón estructural de agresión que aún no ha sido desmontado.

A esta problemática se le suma la reiteración de las mismas formas de violencia año tras año, sin respuestas eficaces por parte del Estado. Aunque las cifras de amenazas y actos de discriminación mostraron una reducción respecto a 2023 (del 38 % y 41 %, respectivamente), el informe advierte que esta disminución podría no representar una mejora real. En muchos casos, se trataría más bien de una disminución en las denuncias por el miedo a represalias y la desconfianza en las instituciones.

Durante el año se registraron 1.436 amenazas individuales, de las cuales el 99,8 % permanecen en la impunidad, lo que pone en evidencia la falta de respuestas institucionales eficaces. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala que “la sistematicidad de la impunidad, la ausencia de investigaciones y la revictimización hacen que muchas personas LGBTIQ+ desistan de denunciar. No estamos viendo, por un lado, acciones inmediatas para generar sanciones contundentes, y por otro lado, hay deficiencias estructurales: vacíos normativos en la tipificación de estos delitos, falta de investigación con enfoque especializado y un subregistro persistente de las personas afectadas”.

En la misma línea, la violencia policial contra personas trans y no binarias continúa siendo una de las formas más recurrentes de agresión. Si bien los casos de violencia institucional presentaron una leve reducción del 3,22 %, esta disminución no representa una mejora sustancial, especialmente cuando las personas trans siguen siendo blanco frecuente de abusos por parte de las autoridades.

En el estudio también se refleja una persecución sistemática contra personas defensoras de derechos LGBTIQ+, con 226 casos de intimidación registrados. Además, esta es la primera vez que se incluye un análisis sobre violencia digital, que identificó 1.096 víctimas, siendo los hombres gais y hombres bisexuales los principales afectados.

No existe un solo tipo de violencia

Otro de los hallazgos del informe tiene que ver con las violencias diferenciadas que enfrentan las personas LGBTIQ+ según su identidad de género y orientación sexual. Por ejemplo, las mujeres LBT (lesbianas, bisexuales y trans), son las principales víctimas de violencia sexual. Dentro de este grupo, las mujeres bisexuales concentran el 44% de los casos reportados, seguidas por las mujeres lesbianas, con un 23%. Agresiones que están atravesadas por dinámicas de violencia “correctiva”, hipersexualización y fetichización, que buscan castigar o “corregir” sus orientaciones sexuales. Los hombres trans representan el 31% de los casos de violencia sexual aunque sus experiencias sean frecuentemente invisibilizadas.

Por su parte, los hombres gais y las mujeres lesbianas registran las tasas más altas de amenazas y actos de discriminación. En particular, los hombres bisexuales son el grupo con el mayor porcentaje de amenazas, con un 63%. El informe también resalta la omisión institucional hacia las personas no binarias, ya que en 2024 no se registró oficialmente ningún caso que incluyera esta categoría, lo que revela barreras para su reconocimiento y protección.

Las agresiones contra la población LGBTIQ+ también son responsabilidad del Estado

El informe lanza una alerta sobre las respuestas efectivas de las entidades del Estado. Las instituciones encargadas de registrar y atender estas violencias (como la Fiscalía, Medicina Legal y la Policía) no recolectan adecuadamente información sobre orientación sexual e identidad de género, lo que produce subregistro, impunidad y políticas públicas ineficaces.

“La falta de datos claros y diferenciados impide dimensionar la magnitud de las violencias, y las víctimas, además de ser violentadas, son revictimizadas por un sistema que no reconoce su existencia ni garantiza sus derechos”, afirma la organización durante la presentación del documento. A su vez, advierten que esta situación no es accidental, sino el resultado de una estructura institucional que reproduce prejuicios y que ha fallado históricamente en responder con justicia y equidad.

Frente a este panorama, Caribe Afirmativo hace un llamado contundente: es necesario visibilizar la sistematicidad de estas violencias y dejar de tratarlas como hechos aislados, fortalecer rutas de atención, capacitación de personal médico, forense e investigador con un enfoque interseccional, instaurar mecanismos de seguimiento y garantizar la justicia y la no repetición de los hechos violentos.

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