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La Contraloría General de la República advirtió este miércoles su preocupación por la situación financiera de las principales universidades públicas del país (Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad Industrial de Santander). El ente de control señaló que, de no tomar acciones, la sostenibilidad de estas instituciones a futuro está en duda.
La conclusión surge después de un estudio de la situación fiscal, presupuestal y pensional de las instituciones. La Contraloría encontró que tres de ellas, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquía y la Universidad del Valle, muestran con corte a diciembre de 2024 un pasivo pensional que asciende a $8,3 billones. El más importante es el de la Universidad Nacional: $4,5 billones. Este pasivo se ha ido acumulando producto de los cálculos actuariales de cada entidad, sin embargo, la Contraloría resalta la necesidad de mantener actualizados los cálculos para determinar el monto real de esta deuda y evitar sorpresas.
Esa no es la única preocupación. Por ejemplo, el régimen salarial y prestacional de los docentes (decreto 1279 de 2002 que permite la acumulación de puntos salariales por productividad académica) está provocando que los costos suban a un ritmo que los recursos presupuestales asignados para sufragar estos gastos no pueden costear. Un caso es el de la U. de Antioquia, que en el 2017 reconoció un Valor Anual de los Puntos Asignados por $10.364 millones, mientras en el 2024 este valor ascendió a $18.239 millones, un crecimiento del 76%. Sobre este punto, el análisis dice: “La Nación nunca ha asignado recursos específicos para cubrir los incrementos salariales en mención. Aunque se han transferido recursos, gran parte de ellos han tenido una destinación específica. Es el caso de los planes de cobertura que han venido implementando las universidades”.
A lo anterior se le suma los posibles efectos del decreto 391 de 2025 de formalización laboral para las instituciones de educación superior pública del país. Según la Contraloría de la República, de acuerdo con cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE), su implementación requeriría recursos a la base presupuestal del sistema de universidades públicas que ascenderían aproximadamente a $2.9 billones. “Vale mencionar que este decreto no cuenta con una fuente clara de financiación por parte del Gobierno nacional”, anota.
Finalmente, hay otros dos asuntos que preocupan al ente de control. Por un lado, la implementación del programa de gratuidad. El informe señala que el esquema de recaudo ha cambiado: las universidades reciben un primer giro del 80% al inicio del semestre y un segundo giro del 20% posterior a la validación de datos por parte del Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, según el informe, “el primer giro del 80 % suele efectuarse una vez iniciado el calendario académico, cuando lo ideal sería contar con los recursos antes del comienzo del período. En 2024, el desembolso de estos recursos estuvo condicionado por la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como por los trámites istrativos del Ministerio de Educación Nacional, lo que ocasionó fraccionamientos en los montos y giros parciales”.
Y por otro lado, la Contraloría resalta que la inversión en la adecuación y construcción de nueva infraestructura es una deuda histórica. Un ejemplo de esto, agrega, es la Universidad Nacional que tiene proyectos de inversión en infraestructura física y tecnológica por un monto de $1,4 billones de pesos.
El ente de control señala que en medio de este panorama, es necesario aprobar la modificación del esquema de financiación previsto en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 —reforma que se tramita en el Congreso— y “que los recursos provenientes de la Nación sean transferidos a las universidades de manera oportuna para atender adecuadamente las necesidades estructurales y de funcionamiento”.
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