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Recientemente, el Observatorio de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de Bogotá dio a conocer un informe con cifras de los reportes que hacen los colegios oficiales y privados, de situaciones que vulneran los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, presentados al interior de los colegios, en el contexto familiar o en otros escenarios. Vale la pena destacar la importante labor que hace este observatorio al realizar estos análisis y darlos a conocer.
Según el informe, en el primer semestre de 2024 se registraron 78.779 reportes de hechos que vulneran los derechos de los estudiantes, relacionados con accidentalidad escolar, abuso y violencias, conducta suicida, consumo de sustancias psicoactivas, maternidades y paternidades tempranas, y trastornos del aprendizaje y comportamiento. El número de reportes se incrementó en 12.478 respecto al mismo periodo del año anterior. La mitad de los reportes, el 50.8%, corresponde a accidentalidad escolar; la mayoría de estos, por hechos no intencionados y con mayor reporte de casos en hombres que en mujeres.
El segundo motivo registrado, fueron los hechos de abuso y violencias (30,42%). La mayoría de los reportes por abuso sexual, seguido de violencia física y psicológica. Las bebes, niñas y adolescentes sufren más de violencia sexual, mientras que los niños y adolescentes de violencia física y por negligencia de sus cuidadores. Se presentaron, además, 1.734 casos de hostigamiento escolar, la mayoría reportados por mujeres.
El tercer hecho fue la conducta suicida, con el 9,96% de los casos. La mayoría de ellos en mujeres y en estudiantes entre los 12 y 17 años. Sin embargo, también hay reporte de casos en niños y niñas menores de 6 años. El reporte permite discriminar ente casos de ideación, intento y ocurrencia del hecho. Los principales factores de riesgo son las conductas autolesivas, violencia familiar, trauma emocional, problemas familiares como separación de los padres, problemas económicos, desempleo, entre otros, y dificultades académicas.
El cuarto hecho de reporte más frecuente fue el consumo de sustancias psicoactivas, que representó el 6,84% de los casos. La mayoría de los reportes se da en hombres. La marihuana es la sustancia más consumida, seguida del alcohol, los vapeadores y otros, una categoría que incluye éxtasis, sales y preparados, bazuco, y opio. El consumo de vapeadores y alcohol presentó un incremento frente al reporte de 2023. También se observa un incremento del 66.29% de reportes en estudiantes entre 6 y 11 años.
Si bien, estas cifras de violencia, convivencia escolar y afectación a la integridad de las y los estudiantes corresponden solamente a la capital del país, sin duda se presentan también en el resto del territorio nacional y la situación debe ser más grave que la reportada, pues muchos casos no se reportan.
Estos hechos son extremadamente graves y deben generar un llamado de urgencia a la acción, ya que tiene un impacto profundo en la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, afectando su bienestar físico, mental y emocional. La exposición a situaciones de violencia, abuso, consumo de sustancias y conductas suicidas no solo pone en riesgo su salud, sino que también afecta su desarrollo integral, sus oportunidades educativas y su futuro. La vulnerabilidad de los estudiantes ante estos escenarios demanda una respuesta contundente y coordinada por parte del Estado, las instituciones educativas y la sociedad en general. Es esencial implementar políticas públicas orientadas a fortalecer la protección de los derechos de los menores, como la creación de programas de acompañamiento psicosocial en los colegios, capacitación continua a docentes y cuidadores para la prevención e identificación temprana de riesgos, y el establecimiento de redes de apoyo comunitarias que promuevan entornos seguros y saludables. Es necesario fortalecer los programas de educación sexual en los colegios.
Además, se deben intensificar las campañas de prevención y sensibilización que involucren activamente a las familias, así como garantizar el a servicios de salud mental para atender oportunamente a quienes lo necesiten. La colaboración intersectorial y el compromiso de todos los actores son fundamentales para reducir estas cifras alarmantes y proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una vida digna y libre de violencia.
*Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y istrativas - Universidad Javeriana
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Por Luz Karime Abadía*
