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Recientemente, se radicó el proyecto de ley 574 de 2025, que tiene como objetivo crear el Programa de Alimentación Universitaria como una herramienta para disminuir las tasas de deserción en las universidades del país.
Este programa, detalla el documento de 36 páginas, se enfoca en estudiantes de pregrado en condición socioeconómica vulnerable de instituciones públicas. “Es una estrategia para facilitar el a una alimentación adecuada, contribuir al rendimiento académico y a la permanencia de este grupo de estudiantes”, añade el texto.
El proyecto contempla dos modalidades para la entrega de este beneficio: “plato servido”, que consiste en la distribución de comidas en los campus, y “subsidio o bono de alimentación”, un apoyo económico mensual destinado a la compra de alimentos, especialmente para aquellas universidades que no cuentan con la infraestructura necesaria para la primera modalidad.
La financiación del programa se propone a través de asignaciones presupuestales de la nación, donaciones y fondos de las instituciones. El Ministerio de Educación jugará un rol crucial en la implementación, estableciendo criterios para la selección de modalidades, la distribución de recursos y los estándares mínimos de prestación y ejecución del plan.
Entre los factores clave que deberán tener cada uno de los planes de las instituciones están la elaboración de menús balanceados, la adquisición de alimentos de calidad, la contratación de personal capacitado, la capacidad instalada de la universidad y los criterios para la contratación.
Otro de los puntos clave de este proyecto son los beneficiarios. El documento sugiere que las universidades, para la destinación de los cupos, deberán priorizar a estudiantes en estado de gestación o lactancia, aquellos que presenten algún tipo de discapacidad, que estén en situación de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado o pertenecientes a grupos étnicos.
En caso de que se apruebe la ley, las universidades tendrán un año para implementar el Programa de Alimentación Universitaria. De ese momento en adelante, deberán realizar un monitoreo y evaluación del programa y tendrán que enviar un informe anual sobre los resultados al Ministerio de Educación. Finalmente, esta cartera será la encargada de establecer un sistema de monitoreo y evaluación para hacer un seguimiento a la ejecución de esta estrategia.
La propuesta fue presentada por los congresistas Mauricio Parodi Díaz, de Cambio Radical; Alfredo Deluque, Julio Elias Vidal, Milene Jarava, Teresa de Jesús Enríquez, José Salazar, Alexánder Guarín, Julián David López y Camilo Avila, del Partido de la U; Hugo Archila y Anibal Hoyos, del partido Liberal; María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, y Jaime Salamanca, de Alianza Verde.
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