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El Ministerio de Educación expidió el decreto 0391 del 1 de abril de 2025, con el que busca incentivar la formalización laboral de las universidades públicas colombianas. De manera más específica, ese despacho busca que se priorice la contratación por carrera istrativa y mediante concurso de méritos para “reducir progresivamente los vínculos temporales y promover condiciones laborales más justas, equitativas y sostenibles”.
Al respecto, el ministro de Educación, Daniel Rojas, dijo que “tenemos claro que no podemos hablar de calidad en la universidad pública si no tenemos dignidad para los docentes y las docentes, que tienen incluso estudios de posgrado y están siendo maltratados en su dignidad laboral. Así le cumplimos a las y los trabajadores de la universidad”.
El decreto, que una vez firmado entra en vigor, indica que cada institución de educación superior pública realice una planificación estratégica de su planta de personal “en el marco de su autonomía, pero orientada a la equidad y la justicia laboral”, afirmó Mineducación.
La norma fue el resultado de 12 mesas técnicas de diálogo que se realizaron con organizaciones como ASPU, SINTRUNICOL y UTRADEC. Por parte de Gobierno, las carteras representantes fueron el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, y el Departamento istrativo de la Función Pública (DAFP).
Esa cartera también puntualizó que la norma responde a una problemática que ya ha sido documentada por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-006 de 1996, el Sistema Universitario Estatal (SUE) y el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). “Además, da continuidad al compromiso adquirido por el Gobierno Nacional en 2018 de fortalecer estructuralmente el sistema de educación superior pública con recursos y decisiones de política de largo plazo (...) Y es que la formalización laboral no solo busca corregir brechas históricas, sino también impactar positivamente en la calidad de la docencia, la investigación y la extensión”, puntualizó ese despacho.
Como lo contamos hace unos meses en estas páginas, el Ministerio de Educación llevaba un par de meses elaborando este decreto. En cifras entregadas por Rojas hace unos meses, se aseguró que del 100 % de los docentes que están en el sector público (que son casi 80.000), el 76 % están bajo la modalidad de contratación de profesor ocasional. Esta figura se emplea para suplir las vacantes de los maestros de carrera que salieron a un cargo público, que están en comisión o que enfrentan algún tipo de investigación.
Para que las instituciones públicas formalicen su personal por fuera de la carrera docente, deberán desarrollar actividades misionales y tener vocación de permanencia. Los planteles deberán realizar un estudio para tener claras las necesidades del personal docente y istrativo y, basados en su autonomía universitaria, contarán con 12 meses para elaborar el Plan de Formalización, que incluirá un cronograma proyectado, un análisis del impacto financiero de la propuesta y un plan de implementación.
Después de esos 12 meses, las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas presentarán los planes a los Consejos Superiores. Luego, junto con los sindicatos de profesores, trabajadores y personal istrativo, ajustarán los últimos detalles y empezarán inmediatamente los procesos de vinculación del personal. Para finales de 2026, deberán tener asegurado como mínimo un avance del 40 % del Plan de Formalización Laboral y, el restante, lo deberán completar para diciembre de 2027. El encargado de hacer el seguimiento al diseño e implementación de este plan será el Gobierno, en cabeza de los ministerios de Trabajo y de Educación.
De acuerdo con los reportes del Sistema Universitario Estatal (SUE), el desfinanciamiento estructural de las IES Públicas asciende a $19 billones y, dice, este decreto implica un “nuevo esfuerzo para los planteles, pero sin recursos. Esta medida de la formalización, no favorece, sino que agravaría la situación de las IES”.
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