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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lleva poco más de dos meses en su nuevo mandato y ya ha impulsado medidas extremas, contundentes y, por supuesto, alineadas con su ideología conservadora en el ámbito educativo. Cuatro hechos recientes ilustran claramente el rumbo de su política en este sector.
El mismo día de su posesión, firmó una orden ejecutiva titulada "Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica en el gobierno federal“, con la cual ha impulsado políticas que restringen la enseñanza de temas relacionados con la identidad de género y la diversidad sexual en las escuelas.
El 20 de marzo, firmó otra orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación, equivalente al Ministerio de Educación en Colombia. Con esta medida, busca reducir la intervención federal en la educación, devolver el control a los estados y comunidades locales, y eliminar lo que considera una burocracia innecesaria. Actualmente, el Departamento de Educación tiene funciones clave: diseñar políticas federales, garantizar el equitativo a la educación, distribuir recursos, recopilar datos para monitorear el sistema educativo, y promover la igualdad de oportunidades para estudiantes de bajos recursos, minorías, personas con discapacidades y estudiantes que aprenden inglés como segunda lengua.
La molestia del presidente radica, entre otras razones, en que esta entidad debe velar por el cumplimiento de leyes que prohíben, por ejemplo, la discriminación de género. El desmonte de esta agencia podría significar un retroceso enorme en términos de calidad y equidad educativa. Hasta el momento, no está claro qué pasará con muchas de sus funciones fundamentales.
La tercera medida tiene que ver con la intensificación de la censura de libros en escuelas y bibliotecas públicas, especialmente aquellos que abordan temas de raza, género y diversidad sexual. Esto ha generado un amplio debate sobre la libertad de expresión y el derecho a una educación inclusiva y diversa. Recientemente, se prohibieron varios títulos en escuelas istradas por el Departamento de Defensa. Uno de los libros censurados fue Freckleface Strawberry, de la actriz Julianne Moore, una historia infantil que promueve la autoaceptación.
El cuarto aspecto es la creciente intromisión del gobierno en la autonomía universitaria, derecho protegido por ley tanto en Estados Unidos como en Colombia. Varias universidades están siendo investigadas y podrían enfrentar sanciones por sus líneas de enseñanza o investigación.
Por ejemplo, el fiscal del distrito de Columbia envió una carta, el 17 de febrero, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, informándole que ha iniciado una investigación debido a que esta institución continúa incluyendo contenidos sobre Diversidad, Equidad e Inclusión en su plan de estudios. En la carta, el fiscal exige saber si estos contenidos han sido eliminados y, si no, si se tomarán medidas para hacerlo.
Advierte, además, que mientras estos temas sigan presentes, ningún estudiante o egresado de Georgetown será considerado para becas, pasantías o empleos en su oficina. Con apenas siete días para responder, el decano contestó recordando que, como universidad católica y jesuita, promueven valores que rechazan la discriminación y el acoso. Citó la Primera Enmienda de la Constitución, que prohíbe al gobierno ordenar qué enseñar, y subrayó que el Departamento de Educación ha confirmado que está legalmente prohibido controlar los contenidos académicos. Defendió, además, la calidad de la facultad y sus contribuciones al país, expresando su esperanza de que cualquier egresado siga siendo considerado de forma justa.
Otro caso alarmante ocurrió con la Universidad de Columbia. El presidente Trump amenazó con cancelar 400 millones de dólares en financiación federal si no intervenía el Departamento de Estudios de Medio Oriente, Asia del Sur y África. También exigió que se prohibiera el uso de mascarillas durante manifestaciones, para facilitar la identificación de los manifestantes. Columbia aceptó ambas condiciones. El economista y exsecretario de Trabajo Robert Reich, en una columna del 21 de marzo titulada “La vergüenza de la Universidad de Columbia. Al rendirse ante Trump, está abriendo todas las universidades a la tiranía de Trump”, criticó fuertemente esta decisión, iniciando su texto con una advertencia contundente: “Si cedes ante los extorsionadores, te seguirán extorsionando a ti y a otros por más. Si permites que los matones se salgan con la suya, esos matones te intimidarán a ti y a otros aún más agresivamente”.
En febrero de 2025, Trump firmó otra orden ejecutiva: "Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos“, con la cual prohíbe que atletas transgénero compitan en categorías femeninas. Tras esta medida, suspendió aproximadamente 175 millones de dólares en fondos federales para la Universidad de Pensilvania, como represalia por permitir la participación de una nadadora trans en su equipo femenino.
Estas medidas son preocupantes. Podrían deteriorar la calidad y equidad del sistema educativo estadounidense, limitar la investigación en áreas cruciales como medio ambiente, migración o inclusión, e impedir la formación de ciudadanos comprometidos con los valores de respeto, diversidad y libertad. Más aún, estas decisiones podrían reforzar patrones de discriminación y afectar directamente el desarrollo integral y la calidad de vida, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
*Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y istrativas - Universidad Javeriana
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Por Luz Karime Abadía*
