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Los gobernadores del país, a través de la Federación Nacional de Departamentos, enviaron al gobierno nacional un proyecto de Ley de Competencias Municipales, en el marco de la reciente reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), en el que se proponen cambios relevantes en la forma como se financia y gestiona la educación desde lo local.
Uno de los grandes aciertos del proyecto es que reconoce como parte fundamental del derecho educativo elementos que por años han sido tratados como complementarios: el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar y una infraestructura adecuada.
Esta ampliación del concepto de “canasta educativa” (costo total de atender un estudiante al año) no es solo una precisión técnica, sino un avance en justicia social: la Corte Constitucional ya lo había advertido al señalar que la falta de alimentación y transporte escolar impide de facto el ejercicio pleno del derecho a la educación para los niños más pobres del país. Con el aumento de recursos propuesto, el costo total por alumno pasaría de $6 millones en 2023 a $14,2 millones en 2037 bajo el escenario de garantía plena de derechos.
La propuesta de priorizar el financiamiento de estos componentes con recursos del SGP —y no exclusivamente con esfuerzos fiscales locales— es una medida acertada y necesaria. Hoy, muchas alcaldías simplemente no tienen cómo costear rutas escolares o asegurar almuerzos diarios. El resultado ha sido una cobertura desigual del PAE, interrupciones del servicio en zonas críticas y deserción escolar rural por falta de transporte. En otras palabras, derechos vulnerados por escasez presupuestal.
El proyecto también da pasos relevantes para enfrentar el rezago histórico en infraestructura educativa. El esquema de cofinanciación con la Nación no ha sido suficiente para cerrar brechas: los municipios con menores recursos tienen menos posibilidades de remodelar escuelas o construir nuevas. Que la Nación asuma de manera más decidida el liderazgo en inversión de infraestructura escolar, liberando a los municipios de contrapartidas, es una apuesta que puede marcar un antes y un después en la dignidad de los ambientes de aprendizaje.
Otro aspecto de profundo impacto es el de avanzar hacia la cobertura universal de tres grados de educación preescolar. La evidencia internacional es clara: la educación inicial de calidad tiene efectos duraderos en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños y niñas, y puede ser una de las políticas más costoefectivas para reducir desigualdades de origen. Si Colombia se toma en serio esta expansión, estará invirtiendo en el futuro con inteligencia.
Ahora bien, la promesa de más recursos y nuevas competencias a los municipios no garantiza automáticamente mejores resultados. Hay, por lo menos, cuatro grandes desafíos que se deben tener en cuenta.
Primero, no todas las regiones tienen la capacidad técnica ni el talento humano suficiente para implementar programas educativos de alto impacto, basados en evidencia y con criterios de evaluación rigurosos. En muchas secretarías de educación municipales faltan equipos especializados, sistemas de información confiables y experiencia en ejecución de programas complejos.
Segundo, el riesgo de corrupción y mala gestión es real. Cuando se transfieren más recursos sin fortalecer previamente los sistemas de control, auditoría y seguimiento, se abre la puerta a que la noble intención de garantizar derechos se vea empañada por sobrecostos, contratos mal ejecutados o, peor aún, redes clientelistas.
Tercero, no todos los territorios enfrentan los mismos retos educativos. Algunos necesitan rutas escolares; otros, baños dignos o más docentes; otros, aulas para preescolar. Si bien la ley propone lineamientos de priorización, aún es necesario asegurar que la asignación de recursos responda con flexibilidad e inteligencia territorial a las distintas realidades del país.
Y cuarto, el reto fiscal es enorme. Para que estas promesas sean sostenibles en el tiempo, el Gobierno Nacional deberá contar efectivamente con los recursos suficientes, no solo para cubrir el aumento progresivo de transferencias, sino para garantizar su ejecución oportuna, estable y con visión de largo plazo. Esto implica un esfuerzo significativo de priorización presupuestal, eficiencia en el gasto público y crecimiento económico sostenido que respalde el aumento de la inversión social.
En suma, el proyecto de Ley de Competencias Municipales introduce transformaciones importantes y urgentes para que la educación deje de ser una promesa lejana para miles de niños y niñas. Reconoce que no se puede aprender con hambre, que no se puede asistir si no hay cómo llegar, que no se puede permanecer si el aula se cae a pedazos. Pero también nos recuerda que el dinero, aunque indispensable, no es suficiente. La calidad y la equidad del sistema dependerán de cómo, dónde y por quién se ejecuten esos recursos. Que esta nueva arquitectura fiscal venga acompañada de capacidades locales, transparencia y una cultura de evaluación permanente. Y que, por supuesto, el país tenga la responsabilidad y la disciplina fiscal necesarias para hacer realidad la promesa de una educación pública de calidad para todos.
*Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y istrativas -Universidad Javeriana
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Por Luz Karime Abadía*
