El freno fiscal complica los retos del sector transporte para 2025

Los diálogos con los camioneros están truncados por rezago en los avances, según los gremios de transporte.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La infraestructura del país avanza entre aplazamientos, diálogos y deudas pendientes. Mientras el Gobierno ajusta inversiones y asegura que ningún proyecto está en riesgo, las obras clave para la movilidad enfrentan retrasos y las concesiones miran con preocupación el congelamiento de tarifas. Transportadores y autoridades sostienen negociaciones en un año en el que el margen de maniobra se reduce y las decisiones económicas impactarán el modelo de movilidad en ciudades y carreteras.

Las tareas abundan en este sector. El presupuesto de 2025 le asignó un bolsillo de inversión de $13,5 billones (16,36 % del total de la inversión de la vigencia); sin embargo, tras los recortes, el sector fue uno de los más impactados por los aplazamientos, pese a que su presupuesto no figura entre los más recortados del Gobierno. A través del Ministerio de Hacienda, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), varios proyectos estratégicos enfrentan ajustes significativos, y por supuestos, nuevos retos a los que ya tenía.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, enfatizó que “un aplazamiento no es un recorte”, y agregó que no era sorpresa, ya que la caída de la ley de financiamiento en el Congreso se contemplaba para, precisamente, enfrentar la crisis fiscal. La jefa de cartera señaó que la conversación con los entes territoriales viene de meses atrás.

“Nadie puede decir ‘he quedado sorprendido’ con estas decisiones”, afirmó Rojas. En el caso de Bogotá, aseguró que la ciudad tiene los recursos fiduciarios para resolver los pagos de 2025. “Es una conversación que se debe sostener. Esto no quiere decir que ningún proyecto esté en riesgo”, dijo.

Entre los aplazamientos más relevantes está el de la primera línea del Metro de Bogotá, con una reducción de $770.000 millones. También se posponen $328.000 millones para la troncal de Transmilenio por la calle 13 y cerca de $500.000 millones para el metro ligero de la 80 en Medellín. Otras ciudades, como Neiva, Popayán, Armenia e Ibagué, verán retrasos en sus sistemas de transporte.

En total, Hacienda recortará $1,7 billones de los $3,6 billones previstos en inversión. Entre los proyectos afectados también está el Regiotram de Occidente, que conecta Facatativá con Bogotá, con un aplazamiento de $346.000 millones.

La ANI, por su parte, reducirá inversiones por $1,2 billones. Esto impactará dos corredores viales clave: la vía Mulaló-Loboguerrero, con un recorte de $340.000 millones, y Bucaramanga-Pamplona, con $181.000 millones. En el sector fluvial, el Canal del Dique verá postergados $710.000 millones destinados a la restauración de ecosistemas.

El Invías también enfrenta ajustes, aunque menores. Se aplazan $202.000 millones para puentes y vías regionales. Entre los proyectos más afectados está el túnel del Toyo, con un recorte de $181.000 millones. Parte de la obra ha sido cedida a la Gobernación de Antioquia, mientras que el tramo restante aún no tiene una definición clara.

Las tareas del Ministerio de Transporte

Las mesas de diálogo con los transportadores continúan, una negociación heredada desde el paro de septiembre pasado, marcada por tensiones y avances parciales en los 15 puntos acordados.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reafirmó su compromiso de mantener conversaciones permanentes sobre los 15 acuerdos en discusión, entre ellos el aumento del diésel, principal punto de fricción.

Los gremios han criticado el incremento de $169 por galón aplicado desde el 1 de enero, argumentando que el Gobierno incumplió el congelamiento pactado en septiembre. Ante esto, la ministra anunció que hoy 29 de enero se enviará una invitación a los gremios para una nueva reunión.

Según el Gobierno, el aumento responde a la indexación de varios componentes de precio, como la biomasa, las tarifas de transporte por poliductos y la sobretasa al AM. “Estos ajustes están reglamentados y no son discrecionales del Gobierno Nacional”, explicó en su momento el Ministerio de Minas.

Para mitigar el impacto en los consumidores, se reducirá en $179 el Ingreso al Productor del Combustible Fósil.

Las próximas mesas de diálogo se conversará sobre el transporte especial y colectivo de pasajeros, y el régimen sancionatorio que se presentará como proyecto de ley en el Congreso para regular infracciones del sector.

También falta trabajar en los temas estructurales de la maquinaria amarilla, los derechos de los trabajadores. Y, por supuesto, la mesa técnica para analizar nuevamente la fórmula mediante la cual se fija el precio de los combustibles. “Conforme a las conclusiones de dicha mesa, se evaluará la necesidad y oportunidad de presentar un proyecto de Ley ante el Congreso de la República”, se lee en el documento del acuerdo pactado en septiembre pasado.

Por otro lado, el futuro de 57 proyectos de infraestructura clave para el desarrollo regional de Colombia está en juego por la deuda del Invías. El monto, cercano a $1 billón, se ha agravado por lenta ejecución del presupuesto, lo que amenaza con detener las construcciones del primer semestre de 2025, según alertó la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

La situación fue discutida con el Ministerio de Hacienda para agilizar un plan de pagos que amortigüe la deuda, pero no hay garantía de que se puedan continuar las obras en el corto plazo.

La CCI aclaró que si bien la deuda es cercana al billón de pesos, la falta de pagos pondría en riesgo proyectos que suman más de $13 billones (valor equivalente, incluso, al presupuesto del sector transporte para 2025).

Las obras afectadas incluyen iniciativas cruciales como:

• Transversal del Catatumbo ($305.728 millones).
• Variante San Francisco-Mocoa (cerca de $1 billón).
• Neiva - Florencia ($442.951 millones).
• Conexión Alta Guajira ($294.984 millones).
• Arauca-Casanare ($237.066 millones).
• Conexión Ciénaga - Barranquilla ($648.006 millones).

Los peajes serán otro de los enredos que debe solucionar la cartera de Transporte, ya que se congelaron las tarifas contractuales de 14 peajes al principio del año. Será necesario ajustar el fondo de compensación para las seis concesiones que detuvieron el aumento contractual (diferente al de la inflación) en ocho peajes hasta junio de este año.

Este aumento contractual es diferente al ajuste correspondiente a la inflación. Todavía queda pendiente un ajuste general en abril de 2025, que será de 1,85 %.

Un informe de Corficolombiana detalló que la ejecución del presupuesto de inversión de la entidad “ha alcanzado niveles mínimos en los últimos siete años, excluyendo el periodo de la pandemia”. Mientras que el presupuesto de inversión para 2025 acentúa arrastra una caída desde 2021, al pasar de $6,2 billones a $3,3 billones, regresando a niveles de 2017.

Los analistas detallaron que, precisamente, a día de hoy, las contribuciones de la inversión privada en APPs están amenazados por el cobro de peajes. En pocas palabras, la solución de congelar las tarifas de peajes (que debían aumentar acorde a la inflación de 2023) terminó ocasionando más problemas en el mediano plazo, ya que “no reflejan adecuadamente los incrementos inflacionarios pactados en los contratos y generan gran incertidumbre en el modelo”.

En su momento, Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, le contó a El Espectador que esto de extender los aumentos es un “pequeño alivio” de seis meses para el sector, en medio de una economía que crece a paso lento. El líder gremial concidió, junto al Ministerio, en la necesidad del alza de los peajes a pesar de los mayores costos para el transporte de carga.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Pronto tendremos al aire el boletín de noticias económicas, en el que además de actualidad encontrarán consejos de emprendimiento y finanzas. Si desean inscribirse, pueden ingresar aquí.