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Indígenas del resguardo Gitó Dokabú, en Pueblo Rico, Risaralda, iniciaron una minga indefinida desde el 10 de febrero, exigiendo el cumplimiento de acuerdos con los gobiernos local, departamental y nacional. A esta protesta se sumaron comunidades negras, bloqueando la vía Panamericana entre Risaralda y Chocó. Transportadores denunciaron que los bloqueos han generado enfrentamientos y retenciones de conductores.
En la vía Medellín - Quibdó, un enfrentamiento dejó a varios conductores heridos. La Fuerza Pública intervino para controlar la situación, evitando que las agresiones escalaran.
Además, en la vía Pereira - Quibdó, un conductor fue retenido temporalmente por los manifestantes. Un testigo relató lo ocurrido: “Es indignante ver cómo tienen a ese señor de la empresa Arauca arrodillado, humillado. Eso no es debido”.
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Las asociaciones de transportadores insisten en que las autoridades deben garantizar el tránsito seguro en la región, ya que los constantes bloqueos afectan la movilidad de carga y pasajeros. Algunos transportadores han optado por evitar la ruta hacia Chocó por temor a nuevas agresiones o pérdidas económicas debido a la interrupción del tránsito.
Por su parte, las comunidades exigen la construcción y reparación de acueductos, la terminación de escuelas, la construcción de puentes peatonales y placas huellas, así como el saneamiento y ampliación de territorios.
Víctor Miguel Ángel, representante legal de las comunidades negras de Pueblo Rico, manifestó: “La Gobernación de Risaralda tiene un compromiso con una sentencia sobre unos puentes y el único que no se ha intervenido es el de Santa Cecilia, que está en un estado deplorable”. También han solicitado mayor acompañamiento de la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior para el desarrollo de proyectos étnicos.
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Las comunidades en protesta aseguran que no levantarán los bloqueos hasta que las autoridades competentes atiendan sus peticiones. Mientras tanto, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, anunció que tomarán medidas contra representantes legales de resguardos y organizaciones que bloqueen las vías por asuntos istrativos.
Córdoba señaló que, aunque las guardias indígenas son una extensión de la autoridad del resguardo, no se pueden tolerar agresiones ni hechos que pongan en riesgo la seguridad en las carreteras. “Las confrontaciones que estamos viendo hoy son el resultado de la arbitrariedad que no acepta el diálogo ni cumple con los requisitos legales, aspirando a pasar por encima de las normas”, afirmó en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Además, reconoció que algunos bloqueos buscan defender derechos legítimos, pero advirtió que en otros casos se han convertido en un mecanismo de manipulación istrativa. “En el Chocó ya hemos requerido la intervención del UDMO (Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales) si no encontramos voluntad de diálogo y desbloqueo. Esto es inaceptable”, expresó. Finalmente, hizo un llamado a todas las partes para que se priorice el diálogo y se cumplan las normas. “No podemos permitir que las vías se conviertan en escenarios de violencia. La ley debe respetarse y las diferencias deben resolverse a través del diálogo”, concluyó.