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El Tribunal istrativo del Atlántico impuso medidas cautelares al cobro por contribución de valorización en la vía Cartagena–Barranquilla y la circunvalar de la Prosperidad, como respuesta a una acción legal interpuesta por el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, alegando que el proceso ha sido arbitrario.
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La controversia ha girado en el inicio del cobro de valorización, que el Invías anunció que sería gradual en los 10 municipios de influencia de la vía. Las primeras liquidaciones llegarían a finales de junio a 10.868 predios de los municipios de Santa Catalina (Bolívar), Piojó, Tubará y Juan de Acosta (Atlántico). Mientras que a mediados de julio llegarían los cobros a 46.305 predios de la ciudad de Cartagena.
Sobre esto, el Ministerio de Transporte ha reiterado que el 100 % de los recursos recaudados por valorización, que son alrededor de $1,2 billones, serán invertidos en proyectos de infraestructura vial en la región Caribe, desmintiendo versiones que señalaban que el dinero sería destinado a otras zonas del país; así como han asegurado que los cobros no se harán a los estratos más bajos (1, 2 y 3).
Sin embargo, dentro de los argumentos presentados en la acción del congresista Meisel se cuestiona que no se cuente con un censo predial técnico actualizado, así como resalta que a pesar de que la vía sería doble calzada, en más del 60 % de todo el tramo solo hay vías sencillas.
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Lo que dice el fallo
Por ello, el Tribunal istrativo del Atlántico ordena a Invías a realizar la socialización de la valoración en las zonas que se verán involucradas. “La convocatoria deberá mantenerse abierta durante dos meses y deberá ser publicada en medios de comunicación de alcance nacional y local, además de las páginas oficiales del Invías, la Concesión Costera y los municipios implicados”, señala el fallo.
Después de esto, en un plazo de tres meses, la entidad deberá hacer audiencias públicas en la que la gente pueda presentar sus alegaciones al proyecto y los estudios que justifiquen el cobro.
Tras conocerse la decisión, el congresista Meisel señaló que “triunfa nuestra acción popular y decretan las medidas cautelares para suspender el injusto cobro de la valorización. Es una reivindicación a nuestra región, que muchas veces se ve afectada por decisiones tomadas desde Bogotá”.
Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, señaló que: “esta es una lucha colectiva que respaldamos con firmeza, junto a congresistas y líderes de nuestra región, en defensa del bolsillo de los barranquilleros y atlanticenses frente a un cobro por una obra que aún no concluye”.
Sumado a esto, desde la alcaldía se indicó que la istración ha intervenido como coadyuvante, ante las críticas que han hecho por posibles “defectos sustanciales en su formulación, toda vez, que se intentó aplicar con efectos retroactivos, no fue socializado con la comunidad y no fue previsto desde el inicio de la obra”.