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Las autoridades capturaron a dos hombres, Breiner José Caballero Lozano y Maifren Carranza Moreno, quienes habrían estado detrás del ataque que se registró el pasado 28 de noviembre en el colegio San Antonio de Padua, en el municipio de Soledad, en Atlántico, a donde un sujeto llegó y entregó un panfleto a una profesora y luego disparó indiscriminadamente contra los que se encontraban en el lugar.
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Según indicaron las autoridades, los dos hombres fueron detenidos poco después de que se registró el ataque, con cinco panfletos alusivos al grupo delincuencial que amenazó al colegio, así como con un arma de fuego, lo que fue suficiente para relacionarlos en el caso.
La Fiscalía imputó a Caballero Lozano y Carranza Moreno los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, rios, partes o municiones, y terrorismo. Ambos detenidos no aceptaron los cargos. Por su parte, un juez de control de garantías ordenó su envío a un centro carcelario mientras avanza el proceso.
Docentes y del gremio educativo señalaron que el atentado fue un ataque directo contra el derecho a la educación y la seguridad de los estudiantes. En señal de protesta, hicieron un paro en rechazo al acto de violencia y exigieron que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar la seguridad en las instituciones educativas de la región.
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Además, pidieron al presidente Gustavo Petro y a las autoridades nacionales que implementen acciones inmediatas para proteger a las comunidades educativas del país. Entre las peticiones se incluyó la convocatoria de un consejo de seguridad para abordar la situación de violencia que afecta no solo a Soledad y Barranquilla, sino a otras zonas del Atlántico.
Por su parte, la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, reiteró su solicitud al Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad en la región, asegurando que no se puede seguir permitiendo que la violencia siga marcando el diario vivir del municipio. Sandoval destacó la necesidad de contar con más recursos tecnológicos, mayor presencia policial y un sistema judicial fortalecido que permita dar una respuesta efectiva a los crecientes actos de violencia en la zona.