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Con un acto simbólico en el resguardo indígena Barí Catalaura y una nutrida agenda de encuentros en Cúcuta y Tibú, el Gobierno Nacional instaló oficialmente el proceso de diálogo social para ambientar en las comunidades la creación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Catatumbo, con el Frente 33 de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF)
Más que un ejercicio logístico, esta etapa marca el inicio de una apuesta por la territorialización de la paz, con participación activa de comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado.
“Tenemos que cambiar el abandono en el que ha vivido el Catatumbo por el arraigo. El arraigo es lo que nos trae las posibilidades de transformación social y de participación ciudadana”, dijo Gloria Quiceno, delegada del Gobierno en esos diálogos durante el foro ‘La paz que resiste’ organizado por la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) en Cúcuta.
La agenda, que se extenderá hasta el 6 de junio, contempla reuniones con autoridades indígenas, campesinas, mujeres, juventudes, iglesia, sectores productivos y organismos estatales. Entre los temas más delicados y urgentes destaca el reclutamiento forzado de menores, una práctica que persiste en la región y que, según la Defensoría del Pueblo, ha afectado a decenas de adolescentes.
Además de los encuentros con autoridades indígenas y mujeres líderes, se ha anunciado una sesión específica con las madres del Catatumbo, reconociendo su papel clave en la prevención del reclutamiento y en la reconstrucción del tejido social.
La gobernación de Norte de Santander, que ha acompañado estos esfuerzos, reafirmó su compromiso con la paz territorial, aunque aclaró que no puede asumir sola la carga financiera. La colaboración interinstitucional será clave, al igual que la articulación con la istración municipal de Tibú y entidades como la Defensoría, la Fiscalía y la Procuraduría.
Durante esta etapa inicial, el enfoque ha sido la construcción participativa desde el territorio, incorporando a comunidades indígenas, organizaciones sociales, autoridades locales y sectores productivos.
El proceso también reconoce el papel de las organizaciones sociales, como Ascamcat, Asuncat y Csica, que han trabajado por décadas en defensa de los derechos campesinos y la construcción de paz. La comunidad internacional, incluyendo Naciones Unidas y la OEA, ha sido testigo y acompañante de los primeros esfuerzos de desvinculación de menores.
Reclutamiento de menores
Uno de los temas más sensibles abordados es la situación de los menores reclutados forzosamente, un fenómeno agravado por el abandono estatal, la pobreza estructural y la persistencia del conflicto armado.
“El Catatumbo ha vivido en el abandono, y eso ha llevado a que muchos adolescentes vean la vinculación a grupos armados como una salida. Necesitamos transformar esa realidad desde la voz de la comunidad”, señaló Quiceno.
Y agregó: “Nosotros tenemos que garantizar —por eso lo mencionamos en la resolución— un plan integral para los menores. No se trata simplemente de decir: ‘Miren a ver qué hacen’, especialmente cuando las familias del Catatumbo enfrentan dificultades para asegurar una desvinculación efectiva. Es necesario ofrecer una respuesta sólida, con una política clara por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que será un actor clave en este proceso”.
Además: Gobierno y disidencia de Mendoza acuerdan Zonas de Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo
El Frente 33 ha sostenido, según los delegados del Gobierno, que no recluta menores de 15 años, pero el Gobierno insiste en el cumplimiento de la legislación nacional e internacional que prohíbe cualquier forma de vinculación antes de los 18 años. Por ello, se ha planteado un plan integral con un enfoque claro en la desvinculación de adolescentes y la creación de alternativas reales para su reintegración, en coordinación con el ICBF, el Ministerio de Educación y el SENA. Huertas escolares y programas de formación productiva figuran entre las iniciativas discutidas.
“El Frente 33 ha señalado que no quieren que la intervención se limite al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También consideran fundamental la participación del Ministerio de Educación y de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ya que se requieren programas específicos para los jóvenes, distintos a los diseñados para los adultos. En este sentido, estamos trabajando en una propuesta concreta, y tanto el SENA como el Ministerio de Educación ya están avanzando en iniciativas como la implementación de huertas escolares en centros educativos que atienden a niños con algún tipo de vinculación”, explicó la delegada Quiceno.
De hecho, esto va en consonancia con la resolución que oficializó la creación de la Zona de Ubicación Temporal. Entre las condiciones y los compromisos está es el de “elaborar y ejecutar un plan de acción para la atención integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que garantice su no vinculación, separación y desvinculación de las actividades armadas, la garantía efectiva y el restablecimiento de sus derechos”, dice el documento.
“Vamos a tener una sesión con las Madres del Catatumbo. Con ellas queremos avanzar no solo en la desvinculación, sino en cómo frenar la vinculación. Porque aquí hay pobreza, abandono, padres asesinados, familias desplazadas. Y en ese contexto muchos jóvenes ven los fusiles como salida”, añadió Quiceno.
La seguridad por presencia del ELN
La construcción de paz en el Catatumbo no puede darse de manera fragmentada. Aunque el Frente 33 es el interlocutor principal del proceso de ZUT, la presencia del ELN en la región sigue siendo determinante. El grupo mantiene operaciones activas, ejerce control territorial en varios sectores y ha estado involucrado en hechos que afectan la seguridad de líderes sociales y comunidades rurales.
“No puede ser que se imponga la localización o la ideología por encima de la vida de la gente. Es urgente que el ELN escuche a las comunidades, porque ellas son quienes han cargado con el costo de esta guerra”, dijo Quiceno.
Durante los años 2023 y 2024, los ceses bilaterales entre grupos armados contribuyeron a una reducción notable de homicidios, desplazamientos y secuestros, pero desde el ataque de enero del ELN contra el Frente 33 y luego los posteriores enfrentamientos entre ambos grupos armados, se ha dado una crisis humanitaria sin precedentes en Colombia en las últimas dos décadas.
Desde el Gobierno no se ha cerrado la posibilidad de seguir conversando con el ELN, un proceso suspendido por segunda vez en enero justamente por ese ataque, aunque ya estaba congelado desde hacía meses. El presidente Petro dijo la semana pasada en su visita al Vaticano que la puerta sigue abierta e incluso planteó que el Vaticano fuera sede de los diálogos.
Los actores internacionales ya están en conversaciones con el Gobierno para facilitar estos puentes. Sin embargo, se advierte que no basta con la disposición del Estado: es necesario que el ELN manifieste una voluntad real de paz y cese cualquier acción que ponga en riesgo la vida o el liderazgo social.
Aún así, dice Quiceno, “no se puede seguir hostigando a líderes ni obstaculizando los procesos sociales en nombre de ninguna causa. La comunidad del Catatumbo ha resistido a la guerra y tiene derecho a decidir su futuro en paz”.
Mientras el Catatumbo inicia su proceso de diálogo social, otras regiones como Nariño y Putumayo ya avanzan en la consolidación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en el marco de los acercamientos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
En Nariño, la ZUT se ha proyectado en áreas rurales de Roberto Payán. Allí, las demandas comunitarias se han centrado en el a proyectos productivos y la sustitución de cultivos como eje de la transición hacia la paz.
En Putumayo, el proceso ha estado marcado por la tensión entre el avance de la ZUT y la persistencia del conflicto armado en corredores estratégicos como Puerto Guzmán y Puerto Asís. En ambos casos, al igual que en Catatumbo, el reclutamiento de menores, la protección de líderes y el cumplimiento de la normatividad internacional sobre derechos humanos figuran como puntos críticos en la negociación.
El arranque del diálogo social en el Catatumbo marca más que un gesto político: es un intento por recomponer, desde las voces del territorio, un tejido social roto por décadas de guerra y abandono. El Gobierno apuesta por una paz que se construya con las comunidades, incluyendo a quienes más han sufrido: los adolescentes reclutados, las madres que los buscan, los líderes amenazados.
Pero el proceso enfrenta retos mayúsculos. La presencia activa del ELN, los recientes enfrentamientos con el Frente 33 y la fragilidad de los acuerdos anteriores obligan a ir más allá de los discursos. El Catatumbo, que ya demostró que puede bajar los fusiles cuando se le escucha, exige ahora garantías reales. No solo quiere ser escenario de negociaciones: quiere ser el sujeto de una paz duradera.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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