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Alirio Payares tiene frescas en su memoria las imágenes de ese jueves. Sintió el eco de los primeros disparos mientras iba llegando al corte de plátano de su finca, con los rayos del sol apenas despuntando. Pronto, empezó a recibir las alertas: los guerrilleros del ELN recorrían las veredas asesinando campesinos inermes a los que señalaban de tener vínculos con las disidencias del Frente 33 de las FARC, el grupo que los propios elenos ayudaron a levantar años atrás.
Payares no les dio tiempo a las dudas ese 16 de enero. Volvió a su casa, recogió a su hijo de 14 años y, junto a él, salió corriendo hasta el muelle. Se montaron en una canoa y salieron huyendo río abajo hasta llegar a Tibú, el municipio más grande de la región del Catatumbo, que se convertiría en el epicentro de la crisis que inició hace cuatro meses y fue catalogada como la mayor emergencia humanitaria a causa del conflicto de la que se tenga registros en Colombia (64.783 personas desplazadas, 13.913 confinadas y 117 homicidios hasta el pasado 28 de abril, según reportó la Defensoría del Pueblo).
“Vea todo el tiempo que ha pasado y todavía no podemos volver a nuestras fincas”, me dice Alirio mientras se seca el sudor de la frente bajo una carpa blanca en el centro de Tibú, a donde llegó para atender a una visita del presidente Gustavo Petro.
El líder campesino añade, con un gesto de desilusión, que “se anunciaron unas medidas, pero la guerra no ha desaparecido”.
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Las pruebas de su afirmación abundan en esta región de Norte de Santander. Hace apenas cuatro días, Luis Antonio Aragón Vaca, un niño de 12 años, murió luego de un ataque de drones con explosivos en una de las áreas en disputa entre ambos grupos armados, en inmediaciones de El Tarra y Tibú.
Esa acción, que deja ver las dimensiones de esta guerra, dejó heridas a 12 personas, incluyendo a la mamá del niño. Horas después, el Ejército señaló como responsable al ELN. La guerrilla respondió con un comunicado afirmando que fue el Frente 33 el que estuvo detrás.
“Se señalan unos a otros, pero más allá de saber quién fue el culpable, lo cierto es que están usando esos aparatos y en medio de eso están muriendo civiles”, dice monseñor Israel Bravo, obispo de la iglesia católica en Tibú.
El miedo sigue y el fantasma de las Autodefensas lo refuerza
Las carreteras del Catatumbo son testigos del olvido al que el Estado ha condenado a esta región. La que comunica a Cúcuta con Tibú, hoy está convertida en una trocha de 116 kilómetros. En buenas condiciones, el viaje tomaría menos de dos horas, pero la falta de mantenimiento hace que el recorrido se extienda durante cinco horas y tenga como requisito un motor robusto, de doble tracción.
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Recorrer estos caminos permite entender por qué es tan difícil que un solo grupo (legal o ilegal) domine la región: un terreno vasto, una geografía agreste, una frontera porosa con Venezuela, ríos caudalosos de aguas ocre, una selva que se atraviesa cada tanto. El escenario ideal para dar un golpe y replegarse.
Cuatro meses después del inicio de la crisis, la zozobra se mantiene en los pueblos. A los foráneos se les mira con desconfianza, el comercio cierra temprano, la vida nocturna desapareció, los conductores se niegan a ir a las veredas.
No es para menos. Casi todos los días circulan noticias de hechos de violencia, de retenes de un grupo u otro en los caminos, de revisiones a los celulares de los pobladores por parte de los armados, de alertas por posibles combates.
Junior Maldonado, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), resume el escenario como una nueva fase del conflicto: “Ya no estamos viendo asesinatos en cantidad a diario, como en enero, sino una etapa de violencia más selectiva. Ambos grupos tienen comandos en los cascos urbanos de Cúcuta, Ocaña y Tibú, en ocasiones ocurren homicidios o masacres, pero las mayores tensiones están en las zonas rurales”.
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La frontera de los municipios de El Tarra, Sardinata y Tibú es donde más se mantiene la tensión. “Es todo un corredor en disputa”, dice un habitante. Versalles, Orú, La Angalia, el 20 de julio, Miramontes y Filo Gringo son algunos de los corregimientos y veredas donde la situación es más compleja.
En algunos territorios, los desplazados nunca volvieron. Otros, por cuenta de los confinamientos, no pudieron salir en el peor momento de la crisis, y aún temen cualquier movimiento.
Varios colegios suspendieron las clases desde enero y no han podido retomarlas. No es solo la falta de estudiantes, sino de docentes, que huyeron y nadie sabe si vuelvan después de lo que presenciaron en esos primeros días de la emergencia.
Como si no fuera suficiente, ahora hay un nuevo fantasma que se suma al miedo por el actuar del ELN y el Frente 33.
En la zona del río de Oro han aparecido grafitis y mensajes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo heredero del paramilitarismo que tiene un alto control en Magdalena y Cesar.
Justo en Ocaña, municipio catatumbero que marca el límite con Cesar, es donde se teme que las ACSN inicien un nuevo frente de disputa.
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“No hay condiciones para volver”: el desplazamiento amenaza con extenderse
Cuando la guerra se cuela en el día a día, las paredes se vuelven depositarias de un lenguaje. Los violentos las manchan con las siglas del grupo armado al que pertenecen, como un intento de mostrarle a cualquiera que el territorio es suyo. Las víctimas, en cambio, convierten los muros en un espacio de memoria y resiliencia: un recordatorio de que deben mantenerse en pie.
En una pared blanca del refugio humanitario, las letras rojas hacen resaltar la consigna de los desplazados de esta guerra: “Catatumbo Resiste”.
Kevin Celis es uno de los líderes del lugar. Salió huyendo junto a su familia desde La Gabarra y pudo llegar a Tibú. “Nosotros lo logramos, pero hubo muchos compañeros defensores de Derechos Humanos que no corrieron con la misma suerte y cayeron en manos del ELN, que los ejecutó de manera vil”, cuenta.
Desde enero, él y un grupo de 170 personas que salieron desplazadas de todos los municipios del Catatumbo viven en el refugio, ubicado a 15 minutos de Tibú. Algunos estuvieron un tiempo en Cúcuta, otros intentaron volver a sus pueblos pero, ante la falta de garantías de seguridad, decidieron permanecer acá. Con la esperanza de volver pronto casi esfumada, se organizaron en comisiones para mantener el orden: tienen grupos de logística, alimentos, formación en DD. HH., diálogo social y político, educación, cultura y deporte.
“Esto ya no es un albergue, es un refugio humanitario protegido por el DIH. Creíamos que iba a ser de mediano plazo, pero no podemos irnos de acá. No hay condiciones para volver”, dice Kevin.
Otros pobladores, como Alirio Payares, se arriesgaron a regresar a las veredas, pero no lograron llegar a sus antiguas fincas: “En la vereda Beltrania calculamos que salieron unas 2.000 personas desplazadas, de esas solo volvimos 158. Tuvimos que crear un refugio, porque no hay garantías de seguridad para volver a nuestras casas”.
Aunque ambos líderes ven con buenos ojos el plan del gobierno para concentrar a los del Frente 33 en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para ambientar el proceso de desmovilización, coinciden en que primero se deben garantizar unos mínimos humanitarios.
“De nada sirve esa concentración si no cesa el asesinato de civiles”, dice Celis.
Zona de ubicación del Frente 33, en veremos
La idea de iniciar un preagrupamiento de esta estructura disidente se conoció el pasado 3 de mayo, luego de una reunión extraordinaria entre los voceros del 33 y delegados del Gobierno, en el marco de la mesa de diálogos de paz con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), grupo comandado por ‘Calarcá Córdoba’ y al que está adscrito el Frente 33.
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Por ahora, la preconcentración está en veremos. Este domingo venció la vigencia del decreto presidencial que suspendía las operaciones ofensivas para que el Frente 33 hiciera su tránsito a la zona, sin que haya siquiera claridades de cómo va a funcionar, y teniendo como telón de fondo los recientes combates con el ELN.
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De hecho, una persona de la región asegura que la creación de la ZUT ha incidido en los enfrentamienros de la última semana: “Lo que se dice es que la disidencia está tratando de hacer un anillo de seguridad alrededor de la ZUT, pero el ELN no quiere permitirlo y por eso están en confrontación”.
Sustitución de coca: una promesa que se mira con desconfianza
El paisaje del Catatumbo contrasta con el estigma. Este territorio es mucho más que “un mar de coca”, como suelen decir quienes nunca han pisado la región. Los parches del bosque húmedo tropical se mezclan con planicies sembradas de arroz, palma africana (un cultivo que sigue generando debate en la región) y productos de pancoger.
Lejos de la vía, en los corregimientos donde nunca se ha visto la presencia institucional, empiezan a aparecer los cultivos de uso ilícito.
Para 2023 (año del conteo más reciente de Naciones Unidas), Norte de Santander fue el tercer departamento con más siembras de coca en Colombia: 43.867 hectáreas (más de la mitad de ellas, en el suelo de Tibú).
El presidente Petro ha dicho que el control de estos cultivos y de la producción y tráfico de cocaína son la principal causa de la violencia en este territorio. Para atacar el problema, anunció RenHacemos Catatumbo, un programa que busca reemplazar 25.000 hectáreas de coca por cultivos legales. Pero en la región ven esa apuesta con escepticismo.
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Algunos líderes critican que varios de los componentes repiten los errores del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la estrategia contemplada en el Acuerdo de Paz de 2016, que no tuvo éxito y dejó varios compromisos incumplidos.
Aunque la Dirección de Sustitución de Cultivos lleva más de dos meses promocionando el programa, solo se han inscrito 2.990 familias (que, sumadas, no tendrían ni un cuarto de las 25.000 hectáreas que se busca sustituir).
Al margen de si RenHacemos Catatumbo despega o no, el obispo de Tibú asegura que para lograr la paz en el territorio es indispensable que se ofrezca una alternativa para que los campesinos cocaleros cambien de actividad y se vinculen a la legalidad.
“Aquí hay que reconocer que estamos en un territorio con mucha riqueza, con unos suelos muy fértiles para otros cultivos en los que ya tenemos experiencia y que pueden darnos capacidades de vida en armonía y en paz”, dice el sacerdote.
Para eso, asegura el obispo Bravo, ponerle freno a las confrontaciones es el paso previo a cualquier otra apuesta en la región: “Mientras el conflicto no se pare, es muy difícil que las cosas cambien”.
Acuerdo humanitario, la propuesta de las organizaciones
Ese afán por encontrar caminos hacia el fin del conflicto es lo que ha unido, en medio de tantas tensiones y presiones, a los habitantes del Catatumbo y sus organizaciones sociales, campesinas y étnicas.
La propuesta más reciente, que ya está en manos del Gobierno Nacional, es avanzar en un diálogo humanitario que involucre a los habitantes, las instituciones del Estado, la iglesia, la comunidad internacional y los grupos ilegales responsables de la crisis de violencia.
“Hay posiciones radicalizadas en varios sectores, y por eso creemos que debe haber una agenda de acuerdo humanitario que desescale el conflicto, permita el retorno y la reactivación de las instituciones educativas. No proponemos reinstalar mesas de diálogos de paz, sino tener un espacio regional para generar garantías”, explica Maldonado, el vocero de Ascamcat.
Ese acuerdo, para varios sectores, es una de las últimas cartas que quedan en la baraja. Ni el incremento de pie de fuerza militar, ni la conmoción interior decretada por el presidente Petro, ni el anuncio de la concentración de las disidencias han servido para que la guerra que inició el 16 de enero se detenga.
Dejamos Tibú atrás y tomamos la carretera de regreso a Cúcuta. En dos puntos distintos del trayecto, nos detienen uniformados de la Brigada 30 del Ejército y los Comandos Jungla de la Policía para requisarnos y verificar nuestra identidad. Varios de los agentes son jóvenes por debajo de los 20 años, que pasan sus días con el miedo inevitable de que la guerra se reactive en cualquier momento. El mismo miedo que viven los pobladores hace 123 días y que, por ahora, no tiene ninguna cura real.
