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Durante la última década, la sociedad colombiana ha trasegado por una serie de reflexiones y encrucijadas sobre tres temas que siguen generando tensión: la verdad detrás del conflicto, el reconocimiento por parte de los responsables, y las posibilidades de reconciliación en un país fracturado por la violencia.
Aunque el telón de fondo en varias de esas discusiones fue la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC en 2016, desde la época de la negociación surgieron debates que mostraron las fibras que removía la posibilidad de que de un grupo rebelde ―varios de ellos, responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad― hicieran un tránsito a la vida civil e, incluso, ocuparan curules en el Congreso de la República.
El episodio más reciente de esas tensiones se produjo esta semana e involucra a la senadora Sandra Ramírez, quien perteneció a la extinta guerrilla por más de 30 años y actualmente es una de las caras más visibles del Partido Comunes, movimiento político que surgió tras el proceso de paz.
¿Qué ocurrió?
El pasado 25 de marzo, Caracol Radio publicó una entrevista con una mujer que aseguró ser víctima de reclutamiento forzado por las FARC cuando tenía 11 años. En medio de su relato, señaló a Ramírez de, supuestamente, ser la encargada de “seleccionar” a las mujeres que sufrían actos de violencia sexual al interior de las filas de la guerrilla.
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Al respecto, la senadora Ramírez respondió: “Jamás cometí este tipo de actos tan lamentables de los que me acusan (…) Me han acusado falsamente sobre estos mismos delitos de los cuales hasta ahora no han podido demostrar nada”. La congresista le hizo un llamado a la mujer para llevar las pruebas en su contra ante la justicia y así poder enfrentar el proceso. Además, señaló a la emisora por “instrumentalizar” a las víctimas.
Comunes también se pronunció. A través de un comunicado, el movimiento político aseguró que hay una “campaña de estigmatización” en contra de la congresista, que “distorsiona la verdad y revictimiza a quienes han asumido la responsabilidad de la construcción de paz”.
El peligroso salto de los vacíos en el esclarecimiento a los discursos polarizantes y de exclusión
Detrás de la actual controversia por los señalamientos contra la senadora y firmante de paz Sandra Ramírez hay varios elementos que entran en juego y que ponen sobre la mesa la importancia de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avance en el esclarecimiento de los delitos.
Lo primero es que, si bien es cierto que no hay ninguna sentencia judicial que establezca la responsabilidad de Ramírez en crímenes ligados con la violencia sexual, este es uno de los grandes temas en los que se mantiene un vacío de verdad en el país y una alta expectativa de las víctimas y la sociedad por saber qué ocurrió.
A esa falta de esclarecimiento se le suma el hecho de que, en la historia reciente, ningún actor armado ha mostrado disposición para aceptar estos delitos, pese a que hay una amplia documentación de que paramilitares, guerrillas, bandas urbanas y de la Fuerza Pública han cometido abusos, que dejan más de 35.000 víctimas.
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“Los grupos armados están abiertos a reconocer que secuestraron, asesinaron, reclutaron o, incluso, que desaparecieron a sus víctimas, pero les cuesta mucho más trabajo aceptar públicamente que cometieron violencia sexual”, le explicó a Colombia+20 una persona cercana al proceso que se lleva en la JEP por estos delitos.
En todo caso, el país está lejos del escenario de ausencia de responsabilidad que se registraba en tiempos de la negociación, cuando los aún combatientes justificaban la mayoría de sus vejámenes y se oponían a que se les clasificara como crímenes de guerra o lesa humanidad. En los últimos cinco años, tanto los del antiguo secretariado como decenas de mandos medios han comparecido ante la JEP para aportar verdad, aceptar que cometieron delitos, y están esperando que se les impongan sanciones.
Bajo este panorama, algunos expertos plantean que parte de la transición hacia la paz implica reconocer los esfuerzos de los antiguos actores armados por hacer una vida lejos de la guerra y ofrecer espacios de perdón y reparación a las víctimas.
“No se trata de legitimar las acciones de las FARC, sino de entender que sus ex llegaron a un acuerdo con el Estado colombiano. Los señalamientos y la estigmatización no mejoran la reconciliación. Por el contrario, generan preocupación, porque si se incrementa la polarización, se distancia el objetivo de construir un país en paz”, dice Wilson López, profesor de la Universidad Javeriana experto en temas de perdón.
El factor electoral
Para el docente, hay un alto riesgo de que estas expresiones aumenten de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
“Hay una variable clave y es que los discursos polarizantes generan emociones de odio. Lo que vamos a ver es que elecciones generarán un espacio de polarización muy fuerte. No tiene que ver con que el Partido Comunes gane o no, sino que eso se va a usar como un recurso de argumentación para atacar el proceso de paz”, explica López.
De hecho, hace poco más de un mes, el 17 de febrero, ocurrió otro hecho que involucraba a la senadora Sandra Ramírez y estuvo relacionado con sus posturas frente a las estrategias de campaña de quienes están en el sonajero de las elecciones.
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En medio de sus publicaciones en redes sociales, Ramírez entró en una discusión con la periodista Maria Andrea Nieto, quien la señaló de ser “cómplice de vida del peor asesino de Colombia”, en alusión a la relación que la hoy senadora sostuvo en sus tiempos en armas con Manuel Marulanda Vélez, uno de los fundadores de las FARC.
Para los exguerrilleros que se han mantenido firmes en la implementación del Acuerdo, este tipo de comentarios representan hechos de violencia política y simbólica que aumentan los riesgos en su contra.
“En un contexto de estigmatización que ha sido determinante en el asesinato de 458 firmantes de paz, resulta inaceptable que medios de comunicación repliquen narrativas de odio que profundizan la polarización y la exclusión política”, expresó el Partido Comunes tras los reciente señalamientos a Sandra Ramírez.
La pugna sobre la verdad de la violencia sexual y el proceso en la JEP
No obstante, desde la orilla de las víctimas también se reclama que se garanticen sus derechos y que la justicia le ponga el acelerador al juzgamiento de los responsables.
En septiembre de 2023, luego de meses de insistencia de las organizaciones de víctimas, la JEP abrió un macrocaso exclusivamente para investigar y juzgar crímenes sexuales y basados en género, con dos capítulos enfocados en el rol de las FARC en estos delitos, tanto contra civiles como al interior de la guerrilla.
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No hay ninguna duda de que estos hechos ocurrieron: el tribunal transicional estima que entre 1957 y 2016, al menos 35.178 personas (el 89%, mujeres) fueron víctimas violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género en Colombia. A los paramilitares se les atribuye la responsabilidad del 33% de los hechos; a las FARC, el 5,82% (al menos 1.758 casos).
Este ha sido uno de los temas más complejos de esclarecer en la historia del conflicto. Así como en el sistema de Justicia y Paz la mayoría de exparamilitares de las AUC se negaron a aceptar que cometieron violaciones, este es un tema con un bajo reconocimiento al interior de las FARC, por las implicaciones sociales y políticas que tiene.
Algo similar ocurre, en el caso de las FARC, con la imputación contra el antiguo secretariado por esclavitud en los secuestros. Pese a que los exjefes guerrilleros reconocieron su responsabilidad en las retenciones, cuando se adicionó el cargo de esclavitud negaron su participación e interpusieron recursos para que la JEP retirara este crimen del auto de determinación de hechos y conductas. Las solicitudes comenzaron a finales de 2021, y solo hasta abril de 2024, luego de varios trámites, el Tribunal para la Paz de la JEP ratificó esta imputación.
“Los excombatientes pueden aceptar que pasen a la historia como una guerrilla secuestradora, pero no esclavista y violadora. Hay un tema simbólico muy fuerte en todo esto”, dijo una fuente cercana al proceso.
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Estas trabas, como advirtieron las víctimas cuando se abrió el macrocaso de violencia sexual en la jurisdicción, generan más retos a la hora de investigar y juzgar los crímenes, porque hay menos posibilidades de que los responsables revelen información que permita establecer patrones, hallar más involucrados o escalar en la línea de mando.
Pese a esos desafíos, tensiones como la de esta semana con la senadora Ramírez muestran la urgencia de avanzar en la investigación y sanción de estos crímenes y consolidar estrategias en favor de la cultura de paz y la reconciliación, que tengan en el centro a las víctimas.
