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A 15 meses del fin del Gobierno de Gustavo Petro, el balance de la paz total —una de sus apuestas políticas más importantes— es agridulce. Aunque en algunas regiones del país se logró reducir el impacto humanitario del conflicto e incluso disminuyeron los homicidios, ninguno de los ocho tableros de negociación que abrió el mandatario está ad portas de la firma de un acuerdo de paz ni en un punto irreversible y, de hecho, en varios territorios los grupos armados ilegales aumentaron su poder.
Así lo muestra un reciente informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, la Fundación Conflict Responses (Core) y el Laboratorio de Justicia y Política Criminal (LJPC).
Luego de analizar las acciones adelantadas en el marco de la paz total, los investigadores concluyeron que esta apuesta incidió en el aumento de la gobernanza criminal, el incremento de formas de violencia como la desaparición y la extorsión y, en varios de los tableros, presenta un estancamiento en los diálogos de paz.
Los autores destacaron que el Gobierno haya adoptado un enfoque territorial para resolver el conflicto, y consideraron que este es “un camino valioso”. Sin embargo, factores como la centralización de la negociación (que dejó sin un rol de peso a las autoridades locales en las mesas), la falta de una arquitectura institucional y un marco jurídico claros, los legados del conflicto (incluidas rupturas y alianzas entre grupos) y la falta de una coyuntura propicia para conversar llevaron a un escenario complejo en las negociaciones y diálogos sociojurídicos.
El estudio, presentado este miércoles en Bogotá, incorpora el trabajo de campo realizado en Buenaventura, Arauca y Tumaco, donde actúan grupos tan diversos como la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y bandas criminales urbanas. Según los autores, el análisis de la implementación de la paz total brinda “lecciones valiosas” a tener en cuenta en futuros escenarios de diálogo.
Las lecciones para negociar con grupos criminales
Las lecciones (algunas estrechamente atadas a los vacíos de la actual apuesta del Gobierno) están orientadas en cinco campos principales.
Primero, la necesidad de comprender la evolución y transformación de la violencia para diseñar estrategias eficaces de negociación (y evitar incentivos que lleven al fortalecimiento de los grupos o su gobernanza).
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“Los ceses al fuego y las treguas parecen haber contribuido a fortalecer la gobernanza criminal en el marco de la paz total (...) Comprender quiénes son los protagonistas de los conflictos violentos, cuál es su estructura organizativa, cuáles son las especificidades de las zonas en las que están presentes (incluidas las características de las poblaciones y las actividades económicas que regulan), así como las formas de violencia y gobernanza que despliegan, es crucial para diseñar estrategias eficaces de negociación y consolidación de la paz que tengan en cuenta a los grupos de crimen organizado y no solo a los grupos insurgentes”, dice el informe.
Un segundo tema clave es la importancia de fortalecer la participación y relacionamiento con autoridades locales (que es “significativamente baja” y ha sido factor de crítica entre alcaldes y gobernadores).
En este sentido, los investigadores aseguran que “la arquitectura institucional de la paz total no contempló la creación de puentes o la coordinación con las autoridades locales, ni en los procesos de negociación con los grupos armados ni en los acercamientos con los grupos del crimen organizado. Como resultado, esto ha llevado en ocasiones a una falta de comprensión de las dinámicas contextuales de la gobernabilidad criminal y armada (...) Esta falta de coordinación deja de lado capacidades territoriales que podrían apoyar esta tarea monumental”.
Además, los autores plantean que, en apuestas como la paz total, se debe tener en cuenta que hay regiones donde el Estado no es la única institución que provee servicios de seguridad, orden y bienestar, por lo cual llaman a adoptar el concepto de órdenes políticos híbridos (OPH), que permita diseñar estrategias para fortalecer la institucionalidad.
“Confirmar la existencia de los OPH en las regiones donde se está implementando la política de paz total permite identificar la necesidad de comprender los reclamos y agravios de los actores armados a nivel local, proporcionando una brújula útil para identificar los temas y formas de intervención a considerar en una agenda de negociación inclusiva. Del mismo modo, las dimensiones que abarcan la gobernabilidad criminal y armada (social, política y económica) también pueden ofrecer una valiosa orientación para diseñar estrategias de seguridad ciudadana mientras se llevan a cabo los diálogos o para responder a sus resultados”, plantea el documento.
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La cuarta lección que se explora en el informe es analizar con mayor profundidad cuál es el momento más oportuno para resolver los conflictos.
Al respecto el documento señala que “el ciclo violento desde el acuerdo con las FARC no ha proporcionado las condiciones maduras para el desarrollo adecuado de la paz total. Para cuando comenzó a implementarse, varios grupos armados y criminales estaban expandiendo su control sobre las poblaciones y los ecosistemas criminales”.
Por último, los autores plantean que se debe “tener en cuenta la secuencia” de los acontecimientos para resolver un conflicto y establecer un acuerdo pacífico.
“Esto es importante si se tiene en cuenta que los arquitectos de la paz total definieron una secuencia que se inició con el cese al fuego como muestra de voluntad política para promover las negociaciones, decisión que ha tenido impactos en las regiones que estudiamos. Como resultado del cese al fuego, los actores armados tienen menos frentes de batalla, lo que les ha permitido expandir su modelo de gobernabilidad en las áreas bajo su control desde el inicio de la paz total”.