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En un tono de sentencia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció tras la decisión del Gobierno y el Frente 33, de la disidencia de Calarcá Córdoba, de instalar una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú, Norte de Santander, para darle cumplimiento a lo estipulado en el decreto 0448 del 17 de abril de 2025.
“Lo primero que se busca es concretar los procesos de paz y para ello se dio un plazo que se debe vencer en los próximos días. Si no se concentran entonces se acaba la mesa de negociación”, dijo el ministro.
En efecto, el decreto que inicialmente fue compartido en redes sociales por el presidente Gustavo Petro fijó un plazo máximo de un mes para que el Bloque Magdalena Medio, que opera en Catatumbo, fijara dicha zona de concentración. Además, por ese mismo tiempo, el mandatario ordenó suspender las operaciones ofensivas militares contra la disidencia para garantizar condiciones de seguridad.
Según ese documento firmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el plazo máximo va hasta las 24:00 horas del próximo domingo 18 de mayo. El objetivo de esa zona de ubicación es que los guerrilleros se agrupen, hagan tránsito a la vida civil y participen en proyectos territoriales. Asimismo, concentrados en esta zona, los guerrilleros podrán caminar hacia una eventual entrega de armas, pero el documento no específica ese punto crucial.
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“Sobre que es armado o no es armado, ese es un tema que debe desarrollarse en estos días, pero armado o no armado tienen que estar concentrados con un cordón de la Fuerza Pública. No es que los estén cuidando, es que están garantizando un proceso de paz”, señaló el ministro Benedetti que además señaló que tal vez es el avance más importante en el marco de la paz total de Petro.
Lo cierto es que el mandatario ya había lanzado un primer ultimátum a la disidencia conocida como Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF). A través de su cuenta en X, Petro explicó que un tema clave en esa mesa de diálogo, como la extradición, dependerá de entrar en procesos avanzados de paz. En este punto es importante destacar que John Mechas, jefe del Bloque Magdalena Medio en Catatumbo, no está capturado, pero tiene una orden de extradición y circular roja de Interpol.
“La política de extradición dependerá de entrar en procesos avanzados de paz, he solicitado a la Fiscalía configurar grupos de trabajo especiales para examinar la situación jurídica de quienes hagan la paz. La protección de la población civil y el desmantelamiento de las economías ilícitas son el fundamento de los nuevos procesos de paz”, dijo el mandatario.
Los detalles de la zona de concentración en Catatumbo
El anuncio de una Zona de Ubicación Temporal se conoció en la noche de este sábado tras una reunión extraordinaria en Cúcuta entre delegados del Gobierno y representantes del Frente 33 con presencia en Catatumbo. Según la misiva, la ZUT estará en zona rural de Tibú.
“Para la definición de la ZUT, se analizaron y evaluaron las propuestas presentadas por las partes y finalmente se concertó su ubicación, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, logísticas, geográficas y istrativas requeridas para cumplir con las necesidades básicas de permanencia temporal para los integrantes del Frente 33 del EMBF que participarán en la paz con justicia social y ambiental”, se lee en el documento.
Según el Acuerdo que se firmó entre las partes, serán ambas delegaciones las encargadas de elaborarlos Acuerdos y Protocolos para el establecimiento de la Zona, así como su funcionamiento y temporalidad en cada una de sus fases.
Estas zonas podrían funcionar como las que se dispusieron para la entrega de armas y tránsito a la vida civil de los exguerrilleros de las extintas FARC. Sin embargo, es importante anotar que la Ley de Paz Total aún no ha sido regulada por el Gobierno, a pesar del pedido de la Corte Constitucional en noviembre de 2023, por lo que se desconoce cómo se daría este proceso.
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Más allá de su regulación, también hay dudas sobre la viabilidad de esta medida y el impacto que tendrían en una zona como Catatumbo.
“Hay muchas preguntas que no tienen respuesta por parte del Gobierno hasta ahora, sobre cómo serían esas zonas de ubicación y sobre todo el tema de desarme porque realmente sería complejo para una Fuerza Militar del Estado defender una zona de ubicación donde los integrantes del Frente 33 aún tienen sus armas. Hasta que esos temas no estén resueltos, tanto la voluntad de paz como la operación de las zonas con el tema de desarme, diría que es más una sugerencia de cómo avanzar que una certeza”, explicó Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group.
A eso se le suma la posible repercusión sobre la población civil ubicada precisamente en Tibú. “Es muy complejo que estén pensando en una zona de ubicación temporal porque esto puede poner en peligro a la población rural del área de Tibú, que justo es una zona roja y de disputa entre los dos actores armados. No hay un escenario de preparación en este momento por la crisis estructural. Además, este municipio no ha podido tener una presencia histórica del Estado, ni durante la conmoción interior”, apuntó Lina Mejía, coordinadora de derechos humanos de Vivamos Humanos.
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