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Tensiones al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro, un afán por adelantarse a presuntas presiones del Clan del Golfo para reclutar a antiguos jefes paramilitares, y varias dudas en materia jurídica y de derechos de las víctimas están detrás del anuncio de una mesa de diálogos con los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) “para el cierre del proceso de Ralito”, que se conoció esta semana.
Colombia+20 estableció que las gestiones para esta mesa se iniciaron en 2022, pocas semanas después de la posesión de Petro, tras una reunión de los ‘exparas’ que se desarrolló en la ciudad de Medellín. El primer guiño se dio el 14 de agosto de 2023, con la designación como gestor de paz a Salvatore Mancuso, un antiguo jefe de las AUC.
El camino hacia la mesa
El tema de un diálogo formal empezó a sonar con más fuerza el 3 de octubre del año pasado, cuando Petro participó en un evento de entrega de tierras junto a Mancuso en Montería, Córdoba. Allí, el jefe de Estado habló de la necesidad de “terminar ese proceso de desmovilización” que se inició con el Acuerdo de Santafé de Ralito en 2003, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
“Podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado a las víctimas los bienes que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso quedó interrumpido. Propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Uribe con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad”, dijo Petro ese día.
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Apenas un mes después del evento, a través de la resolución 453, el presidente designó como gestores de paz a 18 exjefes paramilitares, no solo de las AUC, sino también de grupos que fueron sus enemigos, como las Autodefensas Campesinas de Casanare (Los Buitragueños).
Esa decisión, que despertó críticas entre sectores de oposición y cercanos a Petro, no tuvo mayores desarrollos por seis meses, hasta esta semana, luego de un evento de dos días en la Universidad de Córdoba, un lugar que durante años fue permeado y victimizado por los ‘paras’.
Al encuentro asistieron varios de los designados gestores, entre ellos Mancuso y Carlos Mario Jiménez (Macaco), que les pidieron perdón a las víctimas y firmaron compromisos en temas como la búsqueda de desaparecidos, la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad.
¿Por qué el CNMH lidera el diálogo?
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, al cierre del evento, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) publicó un comunicado en el que se reveló que en ese espacio se “instaló una mesa para el cierre del proceso de Ralito”.
El anuncio resaltó porque, en principio, los temas relacionados con mesas de diálogo son manejados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OC), no por el Centro de Memoria. La razón, según le explicó a este diario la directora del CNMH, María Gaitán, es que “esta mesa no es para una negociación de paz, sino para el cierre de un proceso que inició hace más de 20 años”.
Aunque para la desmovilización de los paramilitares se creó la Ley 975 de 2005 y se puso en marcha el sistema de Justicia y Paz, quienes se acogieron argumentan que nunca se firmó un acuerdo de paz (no hubo ningún documento, pues todo se hizo a través de pactos verbales) ni se hizo un cierre del proceso.
Gaitán detalló que, además de las acciones en reparación y verdad, lo que se busca es que el Centro de Memoria avance en la producción de un informe sobre “lo que el país no conoce”.
A los 23 documentos que ya ha publicado el CNMH desde 2017 se incorporaría información entregada por los exjefes paramilitares, copias de sus archivos y un contraste de los bienes que entregaron para indemnizar a las víctimas (se estima que menos del 10% efectivamente fueron a parar a los fondos de reparación).
Pugna interna: ¿hay mesa o no hay mesa?
El abogado Juan Carlos Villamizar, quien asesora a los ex-AUC en el proceso de cierre de Ralito, asegura que “como los excomandantes están desarmados, pueden hablar con cualquier institución del Estado, y lo que se decidió de común acuerdo fue que la OC participe como observadora y el tema lo lidere el CNMH”.
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Sin embargo, tres fuentes cercanas al proceso desde el lado del Gobierno le dijeron a Colombia+20 que lo que está de fondo es la oposición del comisionado de Paz, Otty Patiño, a que se abra un espacio de diálogos con los exparamilitares.
De hecho, en diálogo con este diario, Rodrigo Rojas, quien fue designado por Petro para coordinar este proceso, aseguró: “Por parte del Gobierno no se ha instalado ninguna mesa. No se está reabriendo una negociación. De hecho, después de una búsqueda exhaustiva confirmamos que no hay documentos de ese momento, solo actas de entrega de armas y bienes, pero ningún acuerdo firmado. Lo que se está evaluando es si se renuevan las gestorías de paz de 16 de estas personas (dos renunciaron), pues su vigencia termina este 8 de mayo”.
Ya era público que Hébert Veloza García (HH) había desistido de ese rol. Según conoció este diario, la otra persona que no seguirá es Ramón Isaza (además de sus complicaciones de salud, en su renuncia habría incidido la reciente muerte de su hijo Oliverio Isaza, ‘Terror’, cabecilla del Clan del Golfo abatido en marzo pasado)
Rojas no habló de los detalles del rol de la Consejería de Paz ni de la posición del comisionado Patiño, pero aclaró que los únicos ejercicios que puede adelantar el CNMH con los ex-AUC serían mesas técnicas como parte del plan de trabajo de los exparamilitares para reparar a las víctimas.
Quien sí se refirió al tema fue el abogado Villamizar, quien dijo, directamente, que tanto el excomisionado Danilo Rueda como Otty Patiño “han menospreciado de manera directa el papel que podrían tener los ex-AUC en la agenda de paz”.
Gaitán, directora del CNMH, dijo que “es importante, especialmente cuando se tenga el informe con hallazgos y recomendaciones, que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz haga un acompañamiento, pero en este momento, por su misionalidad, es el Centro de Memoria al que más le compete el proceso”.
Los retos de un diálogo con ‘exparas’
Al margen de las tensiones internas, cualquier escenario de diálogo con los ‘exparas’ tiene una serie de desafíos en varios frentes.
Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, destaca cinco puntos clave: “Primero, el precedente que esto crea para otro tipo de procesos, porque al final del día hubo un acuerdo de desmovilización y retomar esto 20 años después puede abrir puertas a cuestiones en seguridad jurídica para quienes participen. Segundo, hay que preguntarse por el lugar que las víctimas van a ocupar, si será una apuesta pasiva de recibir información e iniciativas, o si se estructura un proceso y se aclara cuál es el beneficio”.
Además, añade Arias, habría que garantizar la capacidad de seguimiento que tenga el gobierno para evaluar avances y compromisos. En cuarto lugar “está el riesgo de que esto se use con una finalidad política hacia la campaña de 2026. Y a eso se suma la legitimidad del proceso, especialmente porque hay actores que han cumplido y otros que no”, señaló.
Denuncian presión del Clan del Golfo
Precisamente, asociado a la reincidencia, existe un tema que genera alertas. Una fuente enterada de las movidas internas del proceso advierte que “hay una presión muy dura de parte del Clan sobre los antiguos mandos de las AUC para incorporarlos, no como jefes, sino como empleados”.
“No lo están haciendo como una oferta, los están llamando a decirles que o se incorporan o les dan plomo. A algunos, incluso, ya los han emboscado para eso. Si eso se diera, la situación de violencia se pondría mucho peor, porque esta es gente experimentada, con os, con conocimiento del territorio”, aseguró.
Un municipio en el que ya se habría conjurado esta situación es Puerto Boyacá, que pese a conservar el estigma de ser “la cuna del paramilitarismo”, logró un ambiente de pacificación durante años. A finales de 2022, en una visita de Colombia+20 a la región, un líder social explicó que “cuando salieron las AUC, en varias partes lo que hicieron fue vender la ‘franquicia’ de control territorial a otros grupos y bandas criminales. Como aquí había tanta gente desmovilizada y el comandante Botalón (Arnubio Triana) se quedó a vivir, no cedieron el poder y se encargaron de que nadie se metiera, por eso se ha mantenido la tranquilidad”.
Pero ahora eso dio un giro. En los últimos meses, habitantes de Puerto Boyacá han advertido que el Clan del Golfo tiene el dominio del territorio. El grupo estaría detrás del aumento de extorsiones, amenazas y normas de control social, como alertó la Fundación Paz y Reconciliación en este análisis para Colombia+20.
¿Qué va a pasar con las víctimas?
Respecto a la participación de las víctimas, la directora del CNMH, María Gaitán, adelantó que ya se le presentó a los exparamilitares un plan de trabajo y una propuesta preliminar para que las personas que afectaron en el marco del conflicto tomen parte en los diálogos. Se espera que en las próximas semanas, tras reunirse con sus asesores, las partes analicen esta propuesta y tengan un nuevo encuentro.
Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa a cientos de víctimas de los ‘exparas’, asegura que aunque “todo esfuerzo por avanzar en las garantías de derechos de las víctimas es una noticia positiva, es preocupante que se argumente que la mesa persiga ese objetivo y no haya sido consultada con ellas”.
Además, pone sobre la mesa varias inquietudes: “no es claro el lugar que esta mesa ocuparía dentro de la política de paz total del Gobierno y cómo se articula con el resto de los intentos de diálogo con otros grupos, ni el alcance en términos de beneficios para los antiguos de las AUC”.
Según la abogada, varios de ellos aún no acaban su paso por Justicia y Paz, no se les ha impuesto una sanción y no se entiende cómo funcionarían en simultánea ese sistema y la nueva mesa. Incluso, no es claro si quienes han seguido delinquiendo podrían tener un lugar en este diálogo o no.
El otro tema grueso es la promesa de reparación. “En los aportes a la verdad y la reparación, aunque toda medida es deseable, aún hay una deuda pendiente del proceso de Justicia y Paz. En teoría, quienes ya fueron condenados tuvieron que entregar sus bienes para reparación, entonces surge la pregunta de si se trata de cumplir con lo pendiente o de entregar nuevos bienes”, apunta la directora de la CCJ.
Y agrega que también se podría generar un riesgo de seguridad para las víctimas de los paramilitares que pudieran participar en esta mesa. “Definir esto pasa por tomar medidas muy concretas para garantizar que estas personas no van a ser nuevamente puestas en peligro, ni su vida, ni su integridad, ni su permanencia en los lugares donde residan como consecuencia de la activación de la mesa o su decisión de participar”.
Con este panorama, el anuncio de instalación de una mesa con los exjefes paramilitares, aunque no implique una negociación, deja varias dudas que muestran las complejidades de cualquier proceso.
Por ahora, se espera que en los próximos meses el CNMH entregue el informe de avances y hallazgos que, según se planea, sería presentado directamente al presidente Petro para que determine el futuro de este proceso.
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