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La implementación del Acuerdo de Paz no solo está sin cabeza, sino que parece haber quedado a la deriva. Aunque hay tres entidades encargadas de su ejecución —la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OC), el Ministerio del Interior y la Unidad para la Implementación—, ninguna parece tener el timón.
El comisionado de paz, Otty Patiño —en incapacidad médica hasta el 7 de mayo—, ha centrado sus esfuerzos en tres mesas de negociación con grupos armados ilegales (Comuneros del Sur, la disidencia de Calará y la Coordinadora Bolivariana) además de los procesos de paz urbana, que están bajo el paraguas de la paz total. “El comisionado ha ido a algunas reuniones que tenemos con las entidades ejecutoras y otras de las instancias de seguimiento, pero nunca ha tenido una idea, una propuesta, una participación. Eso también se nota en las tareas de la OC”, dijo a este diario una de las personas que acompaña esos encuentros.
La situación se agrava con la doble función de Gloria Cuartas, quien dirige simultáneamente la Unidad de Implementación del Acuerdo y la Unidad para las Víctimas —cargo en el que lleva un mes y, según le dijeron a este diario, no es temporal como se afirmó en un principio—. Esta acumulación de responsabilidades, en dos entidades de alta complejidad y exigencia técnica, ha dificultado la operatividad real en la Unidad de Implementación.
“No quisiéramos hablar de la señora Cuartas, que hace lo que puede, sino más bien de la Unidad. Le falta jerarquía y poder de decisión, sin eso es muy difícil que pueda articular a más de 62 entidades que trabajan con la implementación del Acuerdo de Paz. Así quisiera, la Unidad está limitada, no tiene apoyo y tampoco interlocución. Y ahora con la directora teniendo dos responsabilidades en una entidad tan difícil como la Unidad de Víctimas, es menos esa disposición”, dijeron a Colombia+20 delegados del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) del componente Comunes.
Y por último, el Ministerio del Interior, ahora bajo la batuta de Armando Benedetti, quien está centrado en la ambiciosa agenda legislativa a la que el presidente no quiere renunciar en la recta final de su mandato, sin contar con que tiene la tarea de sacar adelante la consulta popular y meterle acelerador a la campaña electoral que empezó hace rato.
En definitiva, la ejecución del Acuerdo Final atraviesa una etapa de inercia que se siente dentro del país, pero que especialmente resonó afuera esta semana con la presentación trimestral del informe sobre los avances de la implementación en el Consejo de Seguridad de la ONU. Para no ir más lejos, Carlos Ruiz Massieu, jefe la Misión de Verificación de ese organismo, que hace el informe, afirmó ese día sin titubeos: “Estoy convencido de que, si se hubiera implementado el Acuerdo de manera más profunda en los últimos ocho años, no tendríamos hoy situaciones como las que se viven en Catatumbo y Cauca”.
Los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad no se quedaron atrás. Aunque reconocieron que Colombia ha hecho avances en el Acuerdo, sobre todo en el tema de tierras, fueron más enfáticos que en otras reuniones en que no están siendo suficientes, sobre todo en las garantías de seguridad y protección para los firmantes de paz. Pero incluso en ese organismo la paz total también ha ensombrecido al Acuerdo de Paz. Algunos de los reclamos van más en la vía de las negociaciones actuales que en el pacto firmado por las extintas FARC hace casi nueve años. Por ejemplo, las peticiones de delegados de Estados Unidos. Reino Unido, Francia y China fueron que los grupos armados con los que el Gobierno tiene diálogos abiertos deben tener un verdadero compromiso para respetar los derechos de las comunidades.
En su intervención, la canciller Laura Sarabia usó el espejo retrovisor y volvió a señalar que el Gobierno de Iván Duque “ignoró” el Acuerdo de Paz por decisiones políticas egoístas. Al final, les pidió a los países que no cesen el apoyo al país. “Hoy les pedimos que no nos suelten de la mano. Su ayuda continua puede hacer posible lo que muchos creían imposible: afianzar a Colombia en un verdadero laboratorio de paz para el mundo entero. Aún tenemos deudas pendientes y desafíos que muchos de ustedes han expuesto”, exhortó.
Esa participación de Sarabia, la primera que hacía en el Consejo de Seguridad, fue para algunos un debut más bien plano. “La canciller dio unos mensajes muy generales y repetitivos. Decir que gobiernos anteriores incumplieron; eso ya es vox populi. El Consejo de Seguridad ya sabe eso. Esperábamos, en realidad, esperamos siempre otra cosa. Acciones. Por ejemplo, no se ha resuelto tener una cabeza que coordine toda la implementación, Hasta con Duque se tuvo esa figura. El mejor mensaje que podrían dar es: encontramos estos obstáculos, pero estamos haciendo esto para superarlo. Lo que hicieron fue repetir las mismas frases”, dicen los delegados de Comunes.
Lo curioso, por decir lo menos, es que la respuesta del presidente el mismo día de la presentación del informe es que volvería al Consejo de Seguridad de la ONU —ya lo hizo en julio de 2023— a denunciar un incumplimiento de la implementación por parte del Estado colombiano.
“El Congreso está negando y negando el acuerdo. Yo iré al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como jefe de Estado y plantearé la verdad: que el Estado de Colombia, no el jefe de Estado, ha incumplido el Acuerdo de Paz con las FARC y le incumplió a la humanidad el compromiso que hizo en 2016”, aseguró el mandatario el martes.
Pese a ese discurso, en la práctica es evidente que su gobierno tampoco ha sido efectivo en la implementación. El informe de mayo pasado del Instituto Kroc (que le sigue el pulso al pacto punto por punto) concluyó que durante el inicio de la istración Petro se mantuvieron “niveles muy similares a los del cuatrienio anterior”, es decir, a los del Gobierno Duque.
Según expertos en el tema, es contradictorio que el presidente Petro insista en un incumplimiento del Estado —siendo él jefe del mismo desde hace casi tres años—.
“El presidente se está lavando las manos. Yo sí creo que si tú estás llegando al Gobierno y dices que el Estado ha incumplido, todavía hay margen de credibilidad, pero si ya han dos años y medio de gobierno, eso no tiene presentación. Es contradictorio decir: ‘Soy el jefe de Estado’, pero el Estado no ha sido capaz de cumplir. Y es un mensaje muy desafortunado para hacerlo frente a la comunidad internacional, especialmente en este momento tan difícil a nivel mundial para recursos y apoyo”, dijo a Colombia+20 Carolina Varela, coordinadora del proyecto Del Capitolio al Territorio, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Al respecto, los delegados de Comunes en la CSIVI afirman que siguen esperando el cambio que prometió el presidente en marzo de 2023, cuando en Mesetas, Meta, delante de varios firmantes de paz, prometió volver a cambiar la infraestructura institucional y revivir la Alta Consejería de Paz. “Nosotros hemos sido los mayores críticos desde todas las instancias del acuerdo donde participamos como componente Comunes, entre ellos la reestructuración de la arquitectura institucional que se hizo para la implementación, porque efectivamente lo que vemos es que las entidades que tienen una capacidad jerárquica de coordinar, de estructurar una política de estado, como dice el Acuerdo de Paz, tienen un montón de funciones; es decir, tienen unas prioridades distintas. Lo vemos con la OC, la Unidad y el Ministerio del Interior”, dicen los delegados de la CSIVI.
Fuentes cercanas al Gobierno también aseguran que sí hay un consenso alrededor de que se debe volver a esa figura central —la ONU se lo ha pedido al Gobierno en varios informes—. “El único que parece que no ha entendido este mensaje es el presidente. Fue una mala decisión en la arquitectura institucional que la OC sea la que encabeza el acuerdo, porque puso esa tarea en un tercer nivel en el Gobierno. Tuvieron varias oportunidades de revertirla y nunca lo hicieron”, explican a este diario.
El cambio de prioridades del Ministerio del Interior
La otra contradicción del presidente es que él fue quien cambió el diseño institucional que tenía la implementación del Acuerdo de Paz. El 30 de diciembre de 2023, un decreto de Petro dejó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con todas las funciones y toma de decisiones sobre la implementación de lo pactado en La Habana y le quitó dientes a la Unidad de Implementación, de Gloria Cuartas. Después, a mediados del año pasado, le dio al Ministerio del Interior la tarea de “implementador” del Acuerdo de Paz. Era, sin duda, un guiño al expresidente Juan Manuel Santos, pues la cabeza de esa cartera era una de sus fichas cercanas: Juan Fernando Cristo, quien creó un equipo con el que diseñó un plan de choque para acelerar la implementación, que fue presentado en octubre ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
En contexto: Con viaje a Simití, Cristo estrena papel de “implementador” del Acuerdo de Paz
La llegada de Armando Benedetti al cargo hizo más evidente ese cambio de prioridades del Ministerio, que hoy está enfocado en hacer que pasen las reformas en el Congreso, la consulta popular y la campaña electoral. Los mismos delegados de la CSIVI, por ejemplo, le confirmaron a este diario que no se han podido reunir con el ministro desde su posesión y que ninguna de las tres entidades ha convocado la reunión que esa instancia debe tener mensualmente.
La dirección de paz del Ministerio del Interior, encargada de todo lo relacionado con el Acuerdo, también ha tenido cambios. A inicios de este mes, el encargado de coordinarla era Humberto Botero Díaz —de hecho así se presentó en varias actas a la secretaría técnica de la CSIVI—, pero esta semana llegó al cargo Jaime Guzmán Otero, quien, según su hoja de vida pública, ha hecho casi toda su trayectoria en Córdoba, específicamente en la Gobernación de ese departamento, pero no acredita experiencia en temas relacionados con el Acuerdo de Paz.
Fuentes cercanas al Ministerio del Interior le aseguraron a este diario que tras la llegada de Benedetti tanto las tareas de implementación como el plan de choque del Ministerio quedaron relegados y que, incluso, en el empalme con Botero se evidenciaba un desconocimiento de los temas. “Ninguna de las dos personas tiene experiencia nacional en el Ejecutivo, en operación de gasto ni en coordinación de esos temas”, afirmaron.
“La verdad, creo que le pusimos mucha esperanza a la llegada de Cristo, pero todos sabíamos que esa esperanza duraría hasta que él estuviera en esa cartera. Eso demuestra lo difícil que es articular desde el ministerio e incluso lo extraño que puede ser que sea esa entidad la que maneje el Acuerdo de Paz”, dice Varela y agrega: “Definitivamente, esto sí necesita una instancia que logre articular, ojalá con algo de presupuesto, que logre atraer más recursos y que sea la interlocución con la comunidad internacional, con las autoridades locales y con las entidades de Gobierno defendiendo las competencias. Y ese rol tristemente no lo cumple nadie ahora. No hay una entidad que logre articular tampoco al resto de las entidades”.
Este diario intentó hablar con el ministro Benedetti e incluso le envió algunas preguntas a través de su jefe de comunicaciones, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible. Lo mismo ocurrió con Gloria Cuartas.
El plan de choque… ¿en el congelador?
El plan de choque también está en veremos. Aunque incluso con Cristo a la cabeza, los avances habían sido lentos, la iniciativa ahora está quieta. “Acompañamos al ministerio, al ministro Cristo, en ese recorrido, fuimos a las 16 subregiones PDET, escuchamos a todas las comunidades, se hizo una priorización de acciones. A finales del año pasado, decíamos por qué no se firman y nos decían: en 15 días, y el único que pudo hacerse fue el de Catatumbo, pero por la crisis que se dio en enero. Hubo un tema ahí con el DNP (Departamento Nacional de Planeación)” afirman los delegados de Comunes en la CSIVI.
El tema del DNP no es menor. Fuentes enteradas afirman que los planes iban marchando a buen ritmo y que Alexánder López, exdirector de esa entidad, frenó su firma argumentando que se necesitaba ajustar un tema presupuestario, pero que en el fondo era una represalia por la aprobación del acto legislativo de descentralización, donde se reformó el Sistema General de Participaciones que López criticaba y Cristo apoyaba. “El pulso lo ganó Cristo y eso tuvo una retaliación política metiendo en el congelador lo de los pactos”, afirman.
El DNP está sin liderazgo. A ese cargo estuvo a punto de llegar Susana Muhamad, exministra de Ambiente, pero la presión de Benedetti a Petro —según reveló esta semana La Silla Vacía— fue una de las razones para que no pasara. A esa entidad llegaría Natalia Irene Molina, quien se desempeñaba como vicedirectora, pero hasta el cierre de esa edición su hoja de vida aún no había sido publicada para ese cargo. “El plan de choque en su concepción era bastante limitado, pero nos parecía algo para poder avanzar. Entendíamos que era de pronto lo más realista, fue un empujón, pero se quedó cortó”, dice Varela.
Al menos cinco pactos están listos para firmarse y siguen engavetados en el DNP: Nariño, Cauca, Buenaventura, Chocó y Magdalena Medio. “Con un mes más de trabajo juicioso podrían sacarse otros cinco más”, dicen personas cercanas al Ministerio del Interior.
El presidente, además, no ha calculado que no ejecutar el Acuerdo de Paz también podría traer consecuencias en la paz. Los incumplimientos son una mala señal para los grupos armados con los que negocia el Gobierno. “Si se está dialogando con los grupos armados y estás diciendo que el Estado no es capaz de cumplir un acuerdo, es un mal mensaje para los que están sentados en las mesas de diálogo”, arguye Varela.
Hace unos meses, la medición sobre la percepción de la implementación del Acuerdo de Paz que hace cada dos años el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirmó que la mayoría de comunidades, especialmente las más afectadas por el conflicto, siguen creyendo en el acuerdo. “No es una agenda desaparecida en los territorios. En esa medida, es un compromiso ético con esas comunidades que debe continuar”, afirma Varela.
La implementación del Acuerdo de Paz está en cuidados intensivos, pero sobrevive. Con Santos, el tiempo terminó antes de que pudiera empezar la ejecución, con Iván Duque casi todo quedó frenado y Petro diluyó las responsabilidades. Al final, ninguno de los tres gobiernos ha sido capaz de diseñar una fórmula que funcione y cumpla con un mandato obligatorio al estar en el bloque de constitucionalidad.
Sin liderazgo, articulación institucional ni una voz clara que asuma su defensa, el pacto que alguna vez prometió transformar el país —y una de las banderas que enarboló el presidente para llegar a la Casa de Nariño— hoy parece relegado por la misma istración que prometió cumplirlo.
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