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Mientras el barco de la paz total del presidente Gustavo Petro pareciera naufragar, el espacio de diálogo con las bandas criminales en Medellín busca mantenerse a flote.
Hoy justamente se cumplen dos años de la instalación del proceso en la cárcel de Itagüí con los principales cabecillas de las estructuras armadas que controlan la ciudad y el Valle de Aburrá, y desde entonces aquella fotografía en la que aparecen sentados en una mesa blanca los viejos mandos del mundo criminal junto con delegados del Gobierno pareciera no envejecer.
En dos años ese espacio ha dado giros claves como un plan piloto contra la extorsión o la llegada de Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como “Don Berna”, quien se unió al proceso en calidad de gestor de paz. Por ello, hoy por hoy el mandatario lo cataloga como uno de los procesos avanzados de su paz urbana, que incluyen Buenaventura y Quibdó. De estos últimos queda poco o nada en pie. Las treguas se han roto, los homicidios han aumentado e incluso las mesas se han fracturado en el camino.
En un repaso por esos dos años del intento de paz urbana que se cumplen en Medellín, una de las movidas en ese tablero fue el cambio de jefe de delegación por parte del Gobierno para negociar con las bandas criminales. La llegada de la senadora Isabel Zuleta al espacio, de cierta manera, apaciguó los tantos reclamos que desde la mesa y desde la sociedad civil se le hicieron al consejero comisionado, Otty Patiño, por su ausencia y desidia con la mesa.
Zuleta llegó en reemplazo de Jorge Mejía, quien era el jefe negociador del espacio y quien pasó a ser un delegado. Entre los logros que destaca la senadora está la reducción de la tasa de homicidios en la ciudad, un fenómeno que para algunos analistas no necesariamente tiene una correlación directa con el espacio de diálogo, sino más bien a una suma de factores históricos que resultaron en una tendencia a la baja que coincidió con la mesa.
Sin embargo, la senadora Zuleta sigue pensando que es el proceso en esa mesa lo que logró la reducción. “Lo único diferencial en esta época es la mesa. No ha habido en otro momento un factor diferencial. También hay que recordar que no estamos hablando de uno o dos puntos porcentuales. Es una tendencia a la baja que se ha venido viviendo en Medellín y el Valle de Aburrá. Estamos hablando de una reducción histórica”, dijo la senadora a Colombia+20.
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En efecto, uno de los mayores logros que ha resaltado esa mesa de paz urbana ha sido la disminución de homicidios, del que no se tenía un registro tan bajo desde hace casi tres décadas. No obstante, en los últimos meses en la ciudad camina un fantasma que amenaza con poner a tambalear ese gran logro. Según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía de Medellín, en lo que va del año se han registrado 144 homicidios, mientras que para el mismo periodo, pero de 2024, se habían contabilizado 125 casos. Ese leve aumento del 15 % ha despertado preocupación dentro de las esferas criminales de la ciudad, en parte porque algunos de los ataques han sido contra cabecillas de algunas estructuras armadas con larga trayectoria en el Valle de Aburrá. Aun así, para algunos conocedores del panorama de conflicto en Medellín, es probable que solo se trate de una reorganización interna de las bandas que no pasará a mayores.
“No creo que respondan o sea un reflejo de un cambio estructural en lo que hoy es el estado de organización y criminalidad en Medellín y el Valle de Aburrá. Puede tratarse de disputas particulares que afecten a combos específicos y que, por supuesto, reflejan dinámicas en el interior de algunas de las bandas, mas no un cambio en el equilibrio y la organización actual de lo que es la criminalidad organizada en el Valle de Aburrá”, señaló Sebastián Londoño, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Así se mueve el mundo criminal en Medellín
Uno de los casos más recientes fue el asesinato de uno de los jefes históricos de la banda La Terraza, Adiel Fabián Covaleda Guzmán, quien murió en urgencias de la Unidad Intermedia de Santa Cruz producto de la gravedad de un ataque perpetrado el pasado 20 de mayo. En ese mismo ataque quedó herido Juan David Duque, expolicía destituido por asuntos de corrupción y de quien se decía que era el escolta de Adiel.
Adiel era un viejo mando que pasó por las milicias de Medellín, luego se desmovilizó con el bloque Cacique Nutibara de las AUC y después se quedó como uno de los cabecillas de la organización delincuencial integrada al narcotráfico (Odin) San Pablo. Estaba sindicado por una lista de asesinatos, extorsiones y desplazamientos forzados.
En un primer momento la prensa registró que su asesinato respondió a un ajuste de cuentas en el interior de la estructura. Sin embargo, en el bajo mundo criminal todavía no se habla de una hipótesis más clara, más allá de que ya hay uno en fila para reemplazarlo. Según algunas fuentes consultadas por este diario, antes del asesinato de Adiel, ya le habían dado un duro golpe a su estructura criminal con la captura de 23 del combo San Pablo que operaba en las comunas 1 y 3, dedicados a delitos como la extorsión, el secuestro, el desplazamiento forzado, el tráfico de estupefacientes y el hurto.
Esa antesala no fue una mera casualidad, algunos hablan de una posible reorganización dentro de la estructura que en la mesa de diálogo responde al cabecilla principal, “Douglas”.
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Para analistas consultados por Colombia+20, el asesinato de un “pez gordo” como Adiel no pudo suceder sin contar con una autorización de los altos mandos de la estructura, pues así funciona el mundo criminal en la ciudad. Aunque otros coinciden en que actualmente “Douglas” está “recogido”, como se refieren a las bandas a la disminución de influencia. Aun así, este viejo cabecilla sigue siendo respetado por los combos y las bandas debido a su trayectoria. Sobre el asesinato de Adiel, las fuentes coinciden en la versión de que lo más probable es que no le hayan pedido permiso a “Douglas”, pero por lo menos le avisaron.
“El crimen en Medellín vive permanentemente procesos de reconfiguración. Es como que se rasgara el papel que encubre el orden perfecto de Medellín y aparecieran este tipo de expresiones. Es posible que estén siendo suprimidas personas que no están acatando las órdenes o hay poderes emergentes que buscan derrotar o transformar el orden jerárquico de algunas de estas estructuras”, dijo Max Yuri Gil, investigador del conflicto urbano y director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
Tal ha sido el revuelo por el asesinato de Adiel, que desde la mesa de diálogo se han tomado medidas para que en el mundo criminal eso sea un coletazo controlado. “La mesa ha hecho un ejercicio muy importante en el espacio de diálogo sociojurídico para evitar esas guerras internas. La mesa tiene incidencia sobre ellos para que no haya guerras, pero la deslegitimación de esas personas que coordinan en las calles es muy difícil de manejar, porque se da por la misma degradación de las guerras y de las estructuras. Desde la instalación del espacio lo que hacemos es activar los protocolos internos que tenemos para que se hagan ejercicios de incidencia y que no estallen guerras internas en esa sucesión de mandos”, explicó la senadora y jefa de delegación, Isabel Zuleta.
Precisamente, otro hecho que fue celebrado como un logro del espacio fue la llegada de José Leonardo Muñoz, o “Douglas”, a la cárcel de Itagüí, luego de que se lograra el traslado desde la cárcel La Picota, en Bogotá. “La llegada de ‘Douglas’ es el reconocimiento de un poder muy importante en la ciudad, que es el poder de la zona noroccidental, especialmente de La Terraza. ‘Douglas’ es una de las personas que más ascendencia tiene en el mundo criminal. Lo que queda claro es que ‘Douglas’ no es solamente un poder simbólico, ‘Douglas’ es un poder real”, señaló Gil.
Las dudas de los pilotos de extorsión
En ese contexto, justamente Aranjuez, uno de los barrios que controla la estructura de ‘Douglas’, fue seleccionado para poner en marcha el piloto de no extorsión en 25 barrios de Medellín y Bello desde el 19 de diciembre al 19 de enero.
En realidad, fue el 13 de febrero cuando se presentó el primer balance a la sociedad que tuvo como conclusión principal que el piloto sí sirvió, aunque de manera parcial, por lo que se decidió extenderlo a 45 barrios y hasta el próximo 21 de junio.
En el balance entregado por la Comisión de Observación y Seguimiento sobre el plan piloto se mencionaron algunas dificultades que hubo para hacerles seguimiento a los compromisos de las bandas, como la escasez de registros confiables y un subregistro sobre el delito de extorsión, lo que dificulta dimensionar de fondo la problemática.
Fuentes en terreno también explicaron a Colombia+20 que los cobros de extorsión se adelantaron en algunos sectores. A esas dificultades se le suma que el equipo de seguimiento no recibió recursos del Gobierno para adelantar las investigaciones en terreno, fue un asunto meramente voluntario por parte de las entidades que conformaron el equipo.
“Ha sido muy complejo, porque necesitamos que tengan autonomía. Casi siempre quien pone la plata pone las condiciones. Nosotros queremos, por supuesto, apoyar desde el Gobierno con toda la voluntad, pero que se mantenga esa autonomía. Hay una tensión, y es que ese equipo hasta hoy es de voluntarios, pero también se necesitan recursos. ¿Cómo hacer para que obtengan recursos sin que eso los sesgue?, y sin que digan que están trabajando para el Gobierno. Hemos buscado alternativas, se pidió apoyo internacional, también para que mantengan su autonomía, pero no ha sido sencillo”, detalló Zuleta.
Si bien el informe de seguimiento evidenció algunas de esas denuncias que elevaron las comunidades sobre la extorsión en sus barrios y las dificultades del equipo sobre la medición del fenómeno en el terreno, Colombia+20 tuvo a otro informe preliminar que no fue presentado a la sociedad y que no tuvo aprobación por algunas partes que formaron parte del equipo de seguimiento. La jefe de la delegación del Gobierno explicó por qué no se presentó ese documento y por qué tuvieron que modificarlo.
“Hubo una primera versión borrador, en donde nos presentaron un seguimiento a los cinco compromisos, pero el compromiso (del primer informe) fue para la extorsión, no para otras cosas, porque va a ser mucho más difícil de entender. El informe fue muy denso, muy difícil de revisarlo, de volverlo público. Son fenómenos muy complejos y queríamos mayor profundidad en el tema de extorsión”, detalló Zuleta.
Sin embargo, al revisar ambos documentos, más allá de eliminar del informe los temas relacionados con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, actividad en las plazas de venta de estupefacientes, homicidios y fronteras invisibles (los otros compromisos que se pactaron en la mesa), el documento también deja de lado algunas consideraciones. Uno de los apartados que no aparecen explícitamente en el informe divulgado tienen que ver con el nivel de denuncias y los riesgos sobre la consolidación del espacio. “Existe el riesgo de que estos diálogos sean utilizados para consolidar el control territorial en vez de reducirlo. La estabilidad en las tasas de homicidios y la cohesión interna de estas estructuras pueden traducirse en un fortalecimiento del dominio criminal en ciertas áreas, en lugar de una transición hacia la legalidad”.
Lo que viene para el proceso
La jefa de la delegación en el espacio sociojurídico tiene trazada una ruta clara para sostener el proceso por el tiempo que le queda al gobierno Petro e incluso luego de que este termine.
“Seguimos trabajando en nuestros cuatro objetivos estratégicos, que son la territorialización de la paz, el desmantelamiento de las estructuras del crimen organizado de alto impacto Medellín y el Valle del Aura, la reducción de violencia y la articulación interinstitucional sobre esos tres objetivos anteriores”, explicó la delegada, quien además detalló que buscarán instalar espacios en otras cárceles de la ciudad, sobre todo con las mujeres que son parte de las bandas criminales y que hoy están privadas de la libertad.
Por ahora, en el futuro más cercano, las expectativas están puestas en el próximo informe de seguimiento que presente el equipo sobre el piloto de no extorsión, esta vez en 45 barrios del Valle de Aburrá, así como una pronta resolución del que sigue siendo el gran pendiente: el marco jurídico que todavía no existe. Con todo eso en juego, la mesa urbana busca sostenerse en el tiempo, así sea hasta el fin del gobierno Petro.
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