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Hoy en el Catatumbo hay miedo de hablar, miedo de moverse, miedo de comunicarse, miedo de reunirse, de abrazarse. Pero también hay una enorme necesidad de alzar la voz para decir que el pueblo no resiste más amenazas, asesinatos ni control de los armados en lo más profundo de sus existencias
Algunos liderazgos históricos de este territorio han decidido cuidarse y no expresar en público sus exigencias y propuestas. Uno de los pocos que lo hace es Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesinos del Catatumbo, Ascamcat. Esta organización, junto a los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura, el Movimiento para la Constituyente Popular, M, las juntas de acción comunal y los firmantes del Acuerdo Final, están promoviendo una Estrategia de Priorización de Alivios y Mínimos Humanitarios. La propuesta incluye la posibilidad de mantener una comunicación epistolar con el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC y solicitar el reinicio de la negociación entre el gobierno y ELN. Esta es la visión de Quintero sobre lo que sucede hoy en el Catatumbo.
¿Cuál es la situación hoy de las poblaciones campesinas en el Catatumbo?
La situación es de incertidumbre sobre el futuro, es de miedo y zozobra generalizada, y de una ruptura de la vida social y comunitaria. Hoy no hay un funcionamiento normal de las juntas de acción comunal, sobre todo en los municipios del Tarra y de Tibú. No hay un proceso de economía normal para los 300.000 habitantes, entre indígenas y campesinos. Cerca de 64.000 personas están en calidad de desplazamiento forzado. Hay un escenario de mucha frustración por esta guerra fratricida, atípica, que no habíamos vivido en medio de los 50 años de confrontación que hemos vivido.
¿Por qué es distinta esta confrontación?
Esta es una guerra entre los hijos del Catatumbo que ha generado unas heridas muy hondas y que nos pone un horizonte muy lejano en el que no sabemos cuándo nos vamos a volver a abrazar nuevamente con sinceridad. Esta guerra es distinta y grave por la magnitud de los dos grupos en presencia territorial, que involucró a mucha más gente. También por la historia del ELN y la presencia de la disidencia, ya que muchos de los disidentes hoy son firmantes del acuerdo de paz. Es gente que lleva muchos años en el territorio y eso generó una crisis humanitaria nunca antes vista. Yo no sé si quienes están en la confrontación armada calcularon el costo político de esta acción militar. Algunos dicen que está sobredimensionada; eso no es cierto, hay una realidad humanitaria concreta con hechos concretos que fueron observados por comisiones de verificación que hemos hecho in situ. Lo que estamos viendo es un control social casi que absurdo sobre las comunidades por parte de los grupos armados. Hemos escuchado que además de la movilidad que está restringida, las personas no se pueden comunicar, les quitan los celulares, les leen sus comunicaciones.
Ese control llega hasta lo más íntimo de las personas vulnerando su dignidad…
Hay una omisión y una responsabilidad del Estado. Eso nunca debe perderse de vista. Debemos recordar que hubo unas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, las organizaciones sociales alertamos el 12 de diciembre el año pasado junto con el Obispo de Ocaña, que era inminente este enfrentamiento. Estas son las consecuencias del incumplimiento del Estado a la implementación del Acuerdo Final de 2016. Eso está probado, si no se eliminan las causas estructurales de la violencia, esa violencia se va a reciclar. De hecho, el mismo nacimiento de las disidencias es fruto de esa situación. Y, además, hay una responsabilidad inicial del ELN en el proceso de rearme de las disidencias. Su propio comandante ha reconocido que les ayudaron en el rearme, los impulsaron, los oxigenaron y ahora las comunidades indígenas y campesinas tenemos que soportar una guerra que estos dos grupos nos impusieron.
Y está la responsabilidad de las disidencias que traicionaron el Acuerdo de Paz, están muy ligadas a economías ilegales y se sumaron a las voces opositoras del Acuerdo diciendo que era inviable. El gobierno nos propuso en 2022 que declaráramos El Tarra como capital nacional de la paz y aunque ha tenido disposición y voluntad política, en términos de ejecución, ha sido lento y esa también es una causa de la violencia de hoy. Hay responsabilidades compartidas.
¿Qué más han podido verificar?
Las cifras dicen que estamos cerca de los 150 asesinatos, hay una sofisticación de la guerra con la utilización de explosivos y drones y han crecido las víctimas de minas antipersona, además de la violencia sexual contra las mujeres. Se presenta una afectación gravísima en la vida de niños, niñas y adolescentes, los que han caído en combates o por la utilización de drones y ha habido una situación muy compleja de estigmatización al liderazgo social.
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¿Qué está pasando con los líderes sociales?
Hay una nueva práctica de perfilamiento a través de redes sociales que busca criminalizar, deslegitimar y estigmatizar a los liderazgos de los movimientos sociales más antiguos del territorio y de las juntas de acción comunal. Nos sindican de ser de uno u otro grupo armado, hacen fotomontajes con brazaletes de los grupos armados y eso ha generado una situación de estigmatización y de peligro a los líderes sociales muy fuerte. Esto lo hacen los dos grupos armados, pero también está involucrada la inteligencia militar. El Ejército también ha cometido infracciones al Derecho Internacional Humanitario, sobre todo con la práctica de bombardeos con artillería pesada de manera desproporcionada hacia todas las veredas de la parte norte del municipio de Tibú, generando terror y zozobra en esas comunidades.
En una sesión especial del Consejo Nacional de Reincorporación se hizo un diagnóstico muy preocupante de la población firmante del Acuerdo de Paz, ¿qué han podido evidenciar?
Hay un control social y una persecución a los firmantes de paz, también a los líderes sociales. Hay una nueva práctica de revisión de los celulares en retenes ilegales de los dos grupos, hay tecnología sofisticada que permite recuperar información de los celulares que ya ha sido borrada y entonces en los retenes lo que hacen es conectar los celulares de la gente y lo que dicen algunos testigos es que le recuperan la información. Eso pasa en medio de una propuesta del gobierno de crear una Zona de Ubicación Temporal para del Frente 33 con miras, dice el gobierno, a su desarme, a su tránsito a la vida civil.
Por las declaraciones que se conocen hasta ahora, las visiones del gobierno y del Frente 33 sobre la Zona de Ubicación son bastante diferentes, ¿cómo ven ustedes estas dos posiciones?
Si la ZUT aporta a la solución política, hay que apoyarla, pero debemos manifestar dos o tres preocupaciones. Primero, la ZUT no ha sido socializada con el campesinado ni las comunidades indígenas. Nadie sabe cuál es el objetivo de la zona. Segundo, tenemos un grado de incertidumbre porque no conocemos ni los protocolos, ni los mecanismos de seguridad. Es reservado el punto exacto de esa zona. Y también nos preocupa que Andrey Avendaño, vocero del frente 33, diga que no van a dejar las armas, cuando se supone que toda acción que busque la solución política debe tener en la agenda la declaración definitiva de dejar las armas para transitar a la vida legal.
La resolución habla de transformaciones territoriales, como la sustitución de economías ilícitas, un tema de víctimas y acciones de desminado. Todos esos puntos están en el Acuerdo de Paz de 2016 y se supone que cuando alguien se va a la disidencia es porque va a conseguir mejores apuestas de lo que el grupo originalmente pudo haber pactado con el Estado. Habría que ver cómo se van a articular con el Acuerdo de Paz de 2016 que ya logró articular los PDET en el Pacto Catatumbo.
¿Ustedes están de acuerdo con lo acordado en el Pacto?
El Pacto Catatumbo es el instrumento para implementar el Acuerdo de Paz de 2016 y ha recogido el mayor consenso social e institucional posible en los últimos 20 años de Catatumbo. Nosotros participamos en su construcción, hubo unos debates muy fuertes, como es natural. Pero todas las organizaciones participaron. Nosotros lo consideramos como un nuevo contrato social para el Catatumbo, pero ese pacto hoy está en riesgo en su implementación por la dinámica de las armas en el territorio.
¿Qué se puede hacer para salvarlo de ese riesgo?
Es necesario que se llegue a un acuerdo humanitario para que los grupos armados respeten las libertades y la participación plena de todos los actores sociales, sin distingo alguno. El pacto se firmó el 6 de marzo en Tibú de manera simbólica y se va a convocar el Consejo Directivo del pacto antes del 30 de junio en Ocaña. El Consejo Directivo es el mecanismo de gobierno mixto entre instituciones y organizaciones sociales para revisar cuánta plata dejó la Conmoción Interior para los proyectos y buscar una metodología que permita configurar las vigencias futuras del pacto a través de un Conpes. Solo así podríamos decir que el gobierno está hablando en serio en términos de recursos y de política pública. Si es así, el gobierno se puede dar por bien servido y si lo amarramos con un acuerdo humanitario, podríamos salvar a nuestra región.
¿Por qué le preocupa la ZUT en medio de la implementación del Pacto?
Nos preocupa que, en términos políticos, para lo que llaman transformaciones territoriales, el gobierno invente otros instrumentos de planificación, no porque sean malos, sino porque el tiempo para el gobierno se está acabando. Habría que ver si los proyectos de transformaciones territoriales se articulan con los proyectos del pacto y entonces nos ahorramos tiempos, nos ahorramos recursos y aportamos a un proceso de paz como el que ellos están planteando. Pero si eso es así, no tendría sentido pactar con un grupo armado algo que se está haciendo ya. Nos preocupa que por mostrar avances se generen o se profundicen otros conflictos políticos de tipo social en el territorio.
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¿Las diferencias entre los movimientos sociales en el Catatumbo se han visto exacerbadas por esta última confrontación?
Claro que sí, hay rupturas, siempre ha habido diferencias históricas, pero esta situación de guerra y de violencia ha generado diferencias abismales entre organizaciones sociales en el territorio. A pesar de que mantenemos unos procesos de coordinación y hemos impulsado acciones en conjunto. Hicimos una carta abierta a los grupos armados el 20 de enero que firmamos las cuatro organizaciones. Luego fuimos a El Tarra y ya solo íbamos tres. Ahí había un desacuerdo. Luego fuimos a la comisión de verificación y ya no íbamos cuatro, sino dos. Ahora estamos trabajando en una Estrategia de priorización de alivios humanitarios. Eso muestra que en los métodos y en las acciones hay desacuerdos. Seguimos insistiendo en la necesidad de que al Catatumbo solo lo puede salvar la unidad del movimiento popular. De resto, va a ser muy difícil.
Pero ¿está lejos esa unidad?
Yo diría que está en un intermedio. Hay mucho miedo y mucha incertidumbre. Yo creo que en estos momentos de mucha turbulencia las cosas van y vienen. Cada quien va analizando el momento coyuntural en el que está.
¿Y cuál es la propuesta de la mesa humanitaria?
El 4 de febrero, en conjunto con las otras organizaciones sociales, con el acompañamiento de la Comisión de Paz y Derechos Humanos del Senado y de Cámara, en El Tarra salió toda una agenda de carácter humanitario, como la activación de mecanismos de protección a la población civil, comisiones de verificación y la necesidad de generar una propuesta de plan humanitario para el territorio. Hay un comité impulsor integrado por los dos resguardos indígenas, por los firmantes de paz, por el M, por Ascamcat. Para ese proceso de priorización de alivios y mínimos humanitarios, estamos proponiendo unos facilitadores: la Defensoría del Pueblo y representantes de las iglesias; también unos acompañantes: embajadas acreditadas en Colombia que tengan disposición de acompañarnos; el CNR, la CSIVI (Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación), la gobernación de Norte de Santander, los alcaldes de Catatumbo y un grupo de garantes en el que proponemos a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a la ONU Derechos Humanos y a la MAPP OEA.
Estamos proponiendo un mecanismo de verificación, si se logra concretar un acuerdo humanitario. Pedimos que se aplique el Derecho Internacional Humanitario, mientras llega la solución política. Queremos lanzar ese acuerdo humanitario el 21 de junio, en Ocaña. Esperamos los pronunciamientos públicos del ELN y el Frente 33 de respetar a la población.
En lo que observan ustedes, ¿quién está ganando esta guerra?
El paramilitarismo, que está esperando el mejor escenario para ingresar. Lo dijo la Defensora del Pueblo, quien hizo un informe presentado específicamente para Catatumbo hace unas 2 semanas y alerta que es inminente el ingreso del Clan del Golfo y de los Conquistadores de la Sierra Nevada a la ciudad de Ocaña. Esos grupos paramilitares siempre han visto el Catatumbo como un corredor estratégico, ahorita el interés específico es la conexión con la Serranía de San Lucas para la extracción de toneladas de oro para sacarlo por el Catatumbo, a Venezuela y luego a Estados Unidos y Europa. Es un plan a largo plazo de apoderamiento y de posicionamiento de las multinacionales mineras en el Catatumbo y que al final son las que están ganando. Los únicos que están trabajando de manera normal hoy es el gremio de la palma, del carbón y del petróleo. El capital gana porque la misma guerrilla está debilitando al movimiento social que ha sido resistencia no armada a ese modelo económico. Los perdedores son los campesinos y los indígenas, los hijos del Catatumbo.
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