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El Gobierno y la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al mando de Walter Mendoza, se alistan para arrancar una nueva ronda de negociación este jueves en Tumaco, Nariño. Este sería el quinto ciclo de diálogo en el marco de la política de “paz total” del presidente Petro.
Esta reunión entre ambas delegaciones ocurre apenas unas semanas después de la masacre de 11 militares ecuatorianos en la frontera norte de Ecuador. Las autoridades de ese país atribuyó el ataque a Comandos de Frontera, disidencia que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y que está sentada en la mesa de diálogo de paz.
Los Comandos de Frontera inicialmente fueron vistos como grupos residuales con influencia local, pero hoy controlan corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal en Putumayo, Amazonas, Caquetá y Nariño. También se han expandido hacia el territorio ecuatoriano, donde han tejido alianzas, pero también disputas con bandas locales como Los Choneros y Los Lobos.
Tras el ataque en Ecuador, ese grupo negó su responsabilidad. En su momento, la delegación de Gobierno en ese proceso de paz dijo que encontraba “verificando” las informaciones alrededor de este hecho.
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Lo cierto es que la estructura de los Comandos de Frontera ha sido uno de los puntos más problemáticos por sus continuos ataques a la población, especialmente en Putumayo y Caquetá donde disputa el control de las rutas del narcotráfico.
En febrero de 2025, la captura de Giovanni Andrés Rojas, conocido como “Araña”, uno de sus principales jefes, durante un ciclo de conversaciones en San Vicente del Caguán, tensó la mesa y mostró que los niveles de confianza entre las partes eran precarios.
Sin embargo, el reciente ataque en Ecuador más allá de poner a tambalear el proceso de paz que hoy arranca el quinto ciclo de diálogo, tensa relación diplomática entre ambos países, pues es el primer caso que involucra tanto la política de seguridad interna como la diplomacia regional.
Precisamente, las relaciones entre Colombia y Ecuador atraviesan uno de sus peores momentos desde la incursión del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano en 2008. El gobierno Petro se negó a reconocer los resultados de la elección presidencial de Daniel Noboa de abril pasado, argumentando irregularidades en el proceso electoral y denunciando persecución judicial contra sectores políticos progresistas en Ecuador.
Sobre el ataque a los 11 militares en la frontera, Ecuador ha exigido explicaciones y mayor cooperación para contener a estos grupos armados.
Los acuerdos que se pactaron en el cuarto ciclo de diálogo
El pasado 10 de abril en La Hormiga, Putumayo, se realizó el cuarto ciclo con esa disidencia que se separó de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. En esa ronda, ambas partes hicieron varios compromisos sobre sustitución de cultivos ilícitos, respeto al Derecho Internacional Humanitario y la definición de una hoja de ruta hacia un acuerdo de paz definitivo.
Como antesala a ese ciclo, el Gobierno como la disidencia anunciaron la ampliación del plan piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito, que pasó de 3.000 hectáreas previstas en el primer acuerdo de diciembre pasado, a 30.000 hectáreas entre Nariño y Putumayo.
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En ese ciclo de diálogo, la mesa logró sortear una de las crisis más duras tras la detención de uno de los jefes disidentes el pasado 13 de febrero al término del tercer ciclo de diálogo en Bogotá.
Araña, de hecho, estuvo conectado virtualmente al ciclo, como se ve en una de las fotografías compartidas por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
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