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La sombra de una posible descertificación por parte de Colombia y las tensas relaciones con Estados Unidos -incluso con una presunta petición del mismo presidente Gustavo Petro a ese país para legalizar la cocaína- ha impulsado nuevamente el debate sobre la lucha contra las drogas en Colombia que en las últimas horas ha tenido varios anuncios.
Aunque el pronunciamiento del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre el regreso -con muchas condiciones- de las erradicaciones con glifosato de manera terrestre sí marca un cambio en la política del Gobierno de Gustavo Petro que había prometido no usar el herbicida; tiene varios asteriscos con los que en medio de todo, se ha intentado “suavizar” ese giro. Por ejemplo, que no será erradicación forzada sino “consensuada previamente con las comunidades”, como aclaró el mismo ministro. También que será un plan para complementar la sustitución que se viene adelantando -muy lentamente- con las comunidades y que no será en todos los cultivos.
“Estamos hablando de la erradicación manual, pero también del uso del agroquímico en cultivos mayores a 1.5 hectáreas. Es una estrategia paralela al programa integral a la estrategia del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, explicó el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.
Hay una cifra a tener en cuenta: los cultivos de coca pasaron de 230.000 hectáreas en 2022 a 253.000 en 2023, lo que equivale a un incremento del 10 %.
Para el analista Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, la propuesta de que se haga consensuadamente con las comunidades es un contrasentido. “En el plan de sustitución la ruta es: sustituyes de manera voluntaria y recibes unos beneficios del Estado, en la otra alternativa no hay nada. Esto plantea una zona gris porque hay que preguntarse si ese “consenso” será que va a haber advertencias previas, si hay mecanismos de consulta, ¿las comunidades podrán votar si quieren o no? ¿ese voto se respetará?”, asegura.
Y agrego: “Lo que esto muestra, en todo caso, es que el glifosato sigue vivo, bajo condiciones muy particulares y especiales, ya no en clave de aspersión aérea, sino de fumigación manual. Pero aún así está vivo el glifosato y eso termina con un dogma que se tenía en este gobierno.”
El presidente dijo en su cuenta de X que la política del gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja y su sustitución por productos agroindustriales”, pero parece ser solo una claridad de la complementaridad de la política de sustitución porque ya se han conocido varios procesos de contratación para la compra del plaguicida, insumos y demás, que están en la plataforma Secop.
Esto no es cierto. La política del gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja y su sustitución por productos agroindustriales qué generen prosperidad en las comunidades https://t.co/LxRJgOzM7P
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 9, 2025
Pero más allá de los peros o de si el cambio es gradual, la decisión no solo contradice las promesas, sino que tiene impactos en distintas poblaciones, como las indígenas o campesinas, presentes en los territorios donde podría llevarse a cabo esta erradicación. Los efectos también serían a nivel ambiental e incluso en algunas de las negociaciones que lleva el Gobierno con grupos armados dentro de su apuesta de paz total. Algunas mesas tienen en sus agendas planes de sustitución.
Impactos en la salud, el medio ambiente y las comunidades
El uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos ha sido objeto de controversia debido a sus potenciales efectos adversos. Estudios han señalado que la exposición a este herbicida puede tener implicaciones negativas para la salud humana, incluyendo riesgos de malformaciones congénitas y otras afecciones.
El año pasado, la organización Viso Mutop, que entre otras, monitorea los impactos socioambientales y en derechos humanos de las políticas de drogas, dice que a pesar de ello, el tratamiento en general de los gobiernos ha sido ambivalente.
“Hay quienes han sostenido que el glifosato es absolutamente inofensivo para el medio ambiente y lo comparan con el utilizado de manera focalizada para la agricultura lícita, aplicado con aspersores de espalda, que es un insumo agrícola necesario para muchos cultivos e inocuo por su forma de manejo (…) pero sí hay evidencias de malformaciones.
Además, se han documentado daños significativos en los ecosistemas locales, afectando la biodiversidad y la calidad del suelo y del agua.
“El retorno de las fumigaciones con glifosato no solo perpetúa una estrategia fallida, sino que expone a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a graves daños en su salud, contamina suelos y fuentes de agua, y constituye una forma de guerra química prohibida por el Derecho Internacional Humanitario, al tratarse de una acción indiscriminada y desproporcionada en territorios habitados por población civil”, dijo en su cuenta de X, Leonardo González de Indepaz.
El efecto en comunidades y mesas de diálogo
La erradicación forzada, incluso cuando es manual, suele generar conflictos en los territorios. Las comunidades campesinas, muchas veces sin alternativas productivas viables, enfrentan la pérdida de su único sustento económico.
Además, la estrategia no ataca las causas estructurales del problema: ausencia estatal, falta de infraestructura, mercados formales y políticas sostenibles de desarrollo rural.
La historia reciente muestra que este tipo de intervenciones incrementa el riesgo de desplazamiento, empobrecimiento y, especialmente confrontaciones con la Fuerza Pública, algunas de ellas, advierte Trejos por instrumentalización de los grupos armados.
“No tengo duda de que ese anuncia, hágase como se haga, va a provocar mayor presión de los grupos armados sobre comunidades o va a aumentar la instrumentalización de la población para que sea la primera línea de choque con la fuerza pública que radica”, explica.
Y agrega que hechos así se han visto recientemente.
En el pasado, organizaciones de base, como COCCAM (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana), han rechazado este enfoque, advirtiendo que socava los principios de concertación y corresponsabilidad que sustentan los programas de sustitución.
Y el otro efecto puede ser en las mesas de paz. Varias mesas, como las que se adelantan con el Estado Mayor de los Bloques y Frente o con la disidencia de Wálter Mendoza, con quien hace unos días justamente se anunció la ampliación de un proceso de sustitución a 30.000 hectáreas en Nariño y Putumayo, incluyen agendas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, basadas en el diálogo, el desarrollo alternativo y el reconocimiento de los derechos de las comunidades campesinas.
Una medida como la anunciada por el Gobierno puede traer, explica Trejos, varias consecuencias como, promover que se mueva la frontera agrícola. Es decir, que se siembre coca en otros lugares destinados a las actividades agrícolas. O que los grupos decidan migrar hacia otras rentas ilegales.
“Puede ser que se disminuya la renta del narcotráfico, pero por vía de aumentar la ya alta que hay de extorsión o de tala. Los grupos siempre están migrando hacía otra economía”, afirma el analista.
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