Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El anuncio de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el Frente 33 de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) en Catatumbo sigue sin tener un plan sólido, pero una parte de la delegación del Gobierno en ese proceso viene adelantando a toda máquina algunos de los pormenores, especialmente el decreto que debe firmar el presidente Gustavo Petro y que reglamentará esta zona.
El tiempo apremia para concretar este anuncio en el proceso de paz, pues el Decreto 0448, con el que se suspendió las operaciones ofensivas contra ese grupo armado el pasado 17 de abril -luego de que el presidente no autorizara la extensión del cese al fuego- también le dio un plazo de un mes a ese grupo armado, que se cumplirá el próximo 18 de mayo, para avanzar en el tránsito hacia esa ZUT.
Puntualmente lo que decía este decreto es que se debían garantizar “las condiciones de seguridad y logística necesarias” para que, inicialmente, el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte -cuyo comandante es John Mechas- y cuya estructura pertenecer el Frente 33 hiciera ese tránsito, pero que luego debía avanzarse en un plan similar con los restantes integrantes del EMBF.
Según estableció este diario, toda la semana se han hecho distintas reuniones a varios niveles con la delegación del Gobierno, el equipo jurídico de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, la comunidad internacional y algunos representantes de la Fuerza Pública que están apoyando el proceso.
De esos encuentros han surgido algunos avances. Por ejemplo, ya se creó un grupo de trabajo que adelantará los asuntos logísticos para esa zona como saneamiento básico, electricidad, agua, etc. Ese equipo, según fuentes cercanas al proceso, está desde hace días en el área donde estaría la ZUT. Fuentes cercanas afirmaron a este diario que se están barajando dos posibilidades para ese sitio: la vereda Vetas, ubicada a una hora de Tibú, en el camino que lleva hacia La Gabarra, o un lugar cerca del espacio territorial de Caño Indio, donde viven firmantes de paz.
Esta última posibilidad ha despertado preocupaciones entre los integrantes de las antiguas FARC. De hecho, esta semana en la reunión del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), representantes de Comunes extendieron la alerta a los delegados del Gobierno Nacional. “Planteamos que de ser cierta esa información, es necesario blindar a la población, pero también a la comunidad firmante”, dijo a este diario Diego Tovar, antes conocido como “Federico Montes”, una de las figuras emergentes del Partido Comunes y quien forma parte del CSIVI.
La alerta no es menor si se tiene en cuenta que el ataque del ELN a Catatumbo a inicios de este año tuvo un especial impacto en los firmantes de paz que fueron señalados por esa guerrilla de ser parte de las disidencias que operan en la zona. Al menos seis excombatientes fueron asesinados y 10 están desaparecidos.
Además, según pudo corroborar en terreno este diario, en la región hay temor por la ubicación de la ZUT, porque en las cercanías de ambos puntos se han presentado ataques entre el ELN y la disidencia por el control territorial.
En las reuniones de alto nivel de esta semana también se estableció una comisión de evaluación que, según conoció Colombia+20, se reunirá el próximo 15 de mayo y cuya tarea es examinar el avance de las medidas que se adoptaron para lograr el funcionamiento de la Zona de Ubicación Temporal. Fuentes enteradas nos afirmaron que la comisión está siendo liderada por Fabio Valencia y Gloria Quiceno, ambos parte de la delegación del Gobierno.
Esta comisión sería distinta a la que se menciona en el Decreto 0448, que debe presentarle recomendaciones al presidente Petro sobre las medidas para seguir con este proceso de paz que está por cumplir dos años.
En otras noticias: Comandos de la Frontera niegan responsabilidad en ataque a 11 militares en Ecuador
Los os interinstitucionales empezarán a darse la próxima semana. Por ejemplo, la Agencia de Reincorporación y Normalización, que lidera Alejandra Miller, se encontrará tanto con Quiceno como con el comisionando de paz, Otty Patiño, para conocer parte de los planes y ver si podría haber alguna articulación con esa dependencia.
Desde el anuncio, el Gobierno aún no se ha reunido con las autoridades locales, pero a la luz de las declaraciones dadas por el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y por el alcalde de Tibú, Richar Javier Claro, parece haber apoyo a la iniciativa.
“Como alcalde reconozco profundamente la importancia de construir la paz desde el diálogo territorial. La verdadera transformación es posible si priorizamos el diálogo sobre las armas. Nuestra comunidad y el municipio de Tibú reciben con esperanza cada anuncio desde el Gobierno Nacional para desescalar el conflicto. La ZUT representa una oportunidad para el desarrollo. Vemos la posibilidad para corregir acuerdos y compromisos incumplidos, fortalecer presencia institucional y abrirle puertas al progreso. Pero también mantenemos viva la esperanza de que los caminos de diálogo con el ELN no se cierren y que la paz sea el horizonte” dijo Claro el viernes desde Tibú donde el presidente Petro entregó 387 títulos de propiedad de tierras a campesinos y se anunció el inicio de un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en el que participan menos de 3.000 familias.
El alcalde dijo que en todo caso se necesitaban “fortalecer las capacidades institucionales” en materia de seguridad y justicia.
El gobernador Villamizar dijo, a su turno: “Esperamos que la ZUT tenga la oportunidad de albergar a los guerrilleros y avanzar a la firma de un Acuerdo de Paz. Sabemos que es difícil una mesa con el ELN pero es importante unos caminos especiales que permitan unos mínimos humanitarios”.
En ese mismo evento, Petro dijo que “agradecía” al Frente 33 por no escoger el camino de la venganza.
“Tengo que agradecerle al Frente 33 que también tenía la oportunidad de coger el dinero traqueteando en otras regiones para vengarse del ELN, sino que acogió el consejo del presidente y decidió no irse a la venganza sino a una ZUT y mostrar un camino de paz. Creo que el camino del Catatumbo es la paz. Ellos van a esa zona acordada y no quiero saboteadores dentro del gobierno ni obstáculos para que el pueblo vea que la paz no es posible. La paz va porque va y si decidieron dejar la violencia, yo los abrazo e invito al ELN, no cierro las puertas pero para ellos cada vez es más difícil”, dijo.
En contexto: Las dudas y sombras de los anuncios de Petro en Catatumbo, donde la guerra sigue activa
Tiempo, armas y verificación, los pendientes
Pero aún con todo este trabajo adelantado hay varios temas que siguen sin resolverse, como las condiciones básicas que tendrá la Zona de Ubicación Temporal.
La Ley 2272 de 2022, también conocida como Ley de Paz Total, menciona estas ZUT y le da tareas al Gobierno que hasta hoy no se han resuelto. Por ejemplo, le pide una delimitación geográfica de estos espacios, establecer las condiciones y compromisos de las partes para “definir la temporalidad y funcionamiento de las zonas mencionadas”.
Aunque delegados de la mesa han hecho declaraciones públicas en el sentido de que la ZUT empezó desde el mismo día en que se anunció el acuerdo, en la práctica no se conoce públicamente cuánto será su duración ni cómo se operará en el tema de seguridad.
Lo que sí es cierto es que todo el tema de la Zona de Ubicación Temporal recuerda a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN) que se crearon tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. De hecho, la misma Ley de Paz Total en uno de sus parágrafos transitorios hace referencia a ellas -de hecho, es casi un copiar/pegar del Acuerdo-. Esos puntos que, como su nombre lo indica, eran transitorios, se convirtieron luego en los espacios territoriales, la mayoría de los cuales todavía están en funcionamiento.
En ese entonces, los hombres de las FARC también ingresaron armados a las ZVTN, pues era justamente el paso previo para la dejación de armas, cuyo plazo máximo fue de 180 días. “Las zonas veredales dejan varias lecciones que quizá podrían mirarse de cara a lo que se va a hacer con el frente 33. Una de ellas fue el tema del alistamiento. Cuando los integrantes de las FARC llegaron no había casi nada. Si no faltaba agua, faltaba luz, faltaban casas. Muchos llegaron a dormir casi que debajo de bolsas. El Gobierno no fue rápido en ese sentido”, dijo a este diario una persona cercana a ese proceso de paz.
La “disposición” de las armas, como se ha llamado al proceso que se hará en esa Zona de Ubicación, se está trabajando de manera conjunta con la Fuerza Pública. Se espera que en los próximos días se establezcan cuáles serán los protocolos.
Colombia+20 envió un cuestionario de preguntas en este sentido a Gloria Quiceno, quien desde la delegación del Gobierno está liderando este proceso, pero hasta el cierre de esta edición no había dado sus respuestas.
El punto de las armas sigue generando dudas, pues Quiceno ha dicho en varias entrevistas que los integrantes del frente 33 no entrarían con armas, mientras que Andrey Avendaño, una de las tres cabezas visibles tanto de esa estructura como del acuerdo firmado el pasado 3 de mayo, ha dicho que podría haber una especie de depósito o armerillo para guardarlas, pero que solo el pueblo decidirá cuándo dejarán las armas.
“También se plasmará un reglamento de que las armas van a estar en un depósito, en un armerillo; que van a estar guardadas allá. De pronto no van a estar sobre nuestros hombros, porque más que todo somos campesinos y nos gusta trabajar, producir la tierra (…). Desde que empezó esta negociación o este proceso de diálogo hemos dicho: las armas son innegociables, las armas no son nuestras, las armas son del pueblo, porque es el pueblo el que las colocó en nuestras manos. Es el pueblo el que debe tomar la decisión, si debemos dejar las armas a un lado o qué hacer con ellas”, dijo en entrevista con el diario “La Opinión” de Cúcuta.
Además, la Ley 2272 se dice que el Gobierno debe “establecer el rol de las instancias nacionales e internacionales que participen en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las organizaciones armadas al margen de la ley o de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.
Sobre este punto, Colombia+20 conoció que, aunque varios representantes de la comunidad internacional han estado en las recientes reuniones, sí han pedido claridad sobre el proceso, pues han estado marginados de los detalles de los encuentros de la delegación del Gobierno con la delegación de la disidencia.
En el pasado, la comunidad internacional fue clave en el proceso de verificación tanto de la dejación de armas de las antiguas FARC como del funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias. De hecho, fue por ello, entre otras cosas, que se creó la Misión de Verificación de las Naciones Unidas que hasta hoy le hace seguimiento a varios puntos del Acuerdo de Paz de 2016,
Una petición especial de la comunidad internacional ha sido un encuentro tanto con Calarcá Córdoba como con Leopoldo Durán -uno de los comandantes del EMBF y el jefe de la delegación de ese grupo armado en el proceso de paz, respectivamente- para conocer de primera mano su percepción del proceso y la disposición de otros frentes para hacer el tránsito hacia otras Zonas de Ubicación Temporal.
Lea también: Ataque de disidencia a militares en Ecuador golpea paz total de Petro y sube tensión binacional
Las dudas jurídicas
El otro tema que fue abordado en las reuniones fue la conformación de un equipo jurídico, que viene de la Oficina del Consejero Comisionado y que está trabajando para resolver algunas de las dudas legales que hay alrededor de este proceso. Dos temas son los que han generado más dudas: qué tipo de proceso judicial se hará con quienes hagan la dejación de armas y cómo se tramitará el tema de las órdenes de captura.
En varios parágrafos transitorios que son un calco del Acuerdo de Paz de 2016, la Ley 2272 menciona el tema de la suspensión de las órdenes de captura, incluidas las que sean con fines de extradición.
Sin embargo, el problema es que el Gobierno no ha reglamentado dicha ley como se lo pidió desde hace 1 año y medio la Corte Constitucional, con lo cual varios temas aún no tienen protocolos ni reglas específicas, entre ellas, los modelos de negociación ni el tipo de justicia que se va a aplicar.
Además, dados los acontecimientos ocurridos con otros de delegaciones en procesos de paz con el Gobierno que han sido detenidos por circulares de Interpol, la disidencia ha pedido claridad en ese punto como Giovanni Rojas, conocido como Araña y quien está en el proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
El asunto no es un tema menor en este diálogo si se tiene en cuenta que dentro del Frente 33 hay dos personas que tienen orden de extradición, una de las cuales justamente fue detenida recientemente.
El primero es Javier Alfonso Velosa García, “John Mechas”, jefe del frente 33 del Bloque Magdalena Medio del EMBF, que tiene su operación en Catatumbo, igual tiene circular roja y una orden de extradición de Estados Unidos, lo que hace su caso aún más espinoso. Para Washington, es un objetivo prioritario.
El otro es Willinton Henao Gutiérrez, conocido como “Mocho Olmedo”, segundo al mando del frente 33, quien fue detenido el pasado 13 de febrero con fines de extradición, apenas unos días después de ser nombrado delegado en la mesa.
En contexto: Extradición de cabecillas: ¿qué hay detrás del dilema que presiona a la paz de Petro?
Tanto Mechas como Mocho Olmedo firmaron el reciente acuerdo sobre la creación de las Zona de Ubicación Temporal.
Otra duda es que aún no se ha definido qué tipo de tránsito jurídico se ofrecerá a sus : si se tratará de una desmovilización tradicional con beneficios individuales condicionados a la entrega de armas, una reincorporación colectiva con enfoque de justicia transicional, o una rendición bajo los términos del derecho penal ordinario.
Esta indefinición no es menor: cada una de estas vías implica marcos normativos, compromisos del Estado y garantías jurídicas radicalmente distintos. La reincorporación implicaría establecer mecanismos de justicia restaurativa, tal vez similares a los de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En cambio, una rendición o desmovilización podrían enmarcarse en la justicia ordinaria o en tribunales similares a Justicia y Paz.
La Ley 2272 de 2022 ofrece un marco general para la “paz total”, pero no detalla mecanismos específicos de justicia ni modelos de reincorporación.
A pesar del avance en los detalles logísticos y jurídicos para la creación de la Zona de Ubicación Temporal del Frente 33, el proceso sigue navegando entre ambigüedades legales, riesgos de seguridad y tensiones políticas no resueltas. La falta de una reglamentación clara de la Ley de Paz Total, los riesgos derivados de la presencia del ELN en la zona y las dudas sobre el manejo de las armas y las órdenes de captura —incluidas las de extradición—, ponen en evidencia que el anuncio de la ZUT es apenas el inicio de un proceso complejo.
Un proceso que, si bien representa una oportunidad para desescalar el conflicto armado en el Catatumbo, también exige del Gobierno respuestas concretas, tiempos realistas y garantías sostenidas, tanto para las comunidades como para los actores involucrados en el tránsito hacia la legalidad.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: [email protected]; [email protected]; [email protected] o [email protected].
