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Las denuncias de la saliente exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre supuestas presiones del Gobierno de Gustavo Petro para frenar la extradición de Gabriel Yepes Mejía, conocido como H.H., comandante de Comuneros del Sur, han vuelto a poner en el debate qué tanto cree el Ejecutivo en la independencia de la rama Judicial.
H. H., quien enfrenta una solicitud de extradición de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, es el jefe de ese frente que se separó del ELN y con el que el Gobierno tiene un diálogo regional que es considerado uno de los más avanzados de la paz total de Petro.
En diálogo con Colombia+20, Carlos Erazo, coordinador del Gobierno en el diálogo con Comuneros del Sur, dijo que la decisión del presidente Petro sobre la extradición de Mejía estaría por conocerse.
¿En qué va el proceso con Comuneros del Sur hoy?
El proceso con Comuneros del Sur está en pleno desarrollo. Los acuerdos hechos en la mesa están en ejecución, plasmados en una serie de actividades que están realizando allá en el territorio en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito.
La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos ha estado trabajando en la inscripción de la familia, de las personas que van a participar voluntariamente en este programa. Con Comuneros, el pasado 5 de abril, con presencia del presidente Petro, se firmó un acuerdo a través del cual Comuneros participa como facilitador en este proceso de sustitución.
Allí acordamos erradicar y sustituir 5.000 hectáreas de las 7.100 que se calcula están sembradas en estos 10 municipios donde se está adelantando este proceso territorial de paz.
También va en curso otro acuerdo sobre búsqueda de personas desaparecidas. Unos 10 de Comuneros recibieron una capacitación como buscadores por parte de la Dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Comuneros está entregando unas fichas en donde está la información georreferenciada sobre información que ellos conocen sobre sitios donde hay personas enterradas. Esta información en ese acuerdo es no judicializable.
Además, sobre el tema del desminado humanitario, Humanity Inclusion continúa su labor en el municipio de Samaniego y va a pasar al municipio de Aldana y a Santa Cruz de Guachavés. Han capacitado una serie de personas de las comunidades que están participando en este proceso. En igual sentido, en el municipio de Mallama y Cumbal, la Brigada de Ingenieros del Determinado Humanitario del Ejército Nacional está participando también en este proceso de desminado humanitario. Inicialmente lo están haciendo tanto en los casos urbanos como en las comunidades que viven en el campo de lo que se llama educación en el riesgo, antes de pasar a la fase de despeje, que ya es la extracción y destrucción de las minas. En igual sentido, se vienen adelantando actividades en Samaniego.
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Entonces las actividades en la mesa continúan, pero ¿es cierto que el señor Yepes Mejía ha parado sesiones de la mesa porque dice que sin un marco jurídico no seguirá el proceso?
No. El próximo 5 y 6 de junio se va a realizar el séptimo ciclo de la mesa de co- construcción de paz territorial con Comuneros del Sur. Eso sigue en pleno desarrollo. Estamos trabajando en los preparativos para esa sesión en la que seguramente se suscribirán nuevos acuerdos, que en su debido momento daremos a conocer.
¿Ha habido alguna petición puntual por parte del señor Yepes sobre su orden de extradición a Estados Unidos?
Sí. Tengo entendido que si estamos cerca de que haya un pronunciamiento presidente sobre el pedido de extradición de Gabriel Yepes. Ya la Corte Suprema de Justicia emitió su concepto favorable en la extradición hace varias semanas y estamos ad portas de un pronunciamiento por parte del señor presidente al respecto.
¿Usted tiene conocimiento de las denuncias que ha hecho la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre presiones para frenar la extradición del señor Yepes?
No podría dar información al respecto porque no conozco. Es decir, no he sido partícipe de esta discusión o de estos trámites. Yo simplemente te digo que las últimas conversaciones sostenidas con la dirección de Comuneros del Sur es que el cumplimiento de los acuerdos está en pleno desarrollo y obviamente la petición del señor Yepes ha sido que su extradición no se dé. Indudablemente un Yepes Mejía extraditado pues mata el proceso. La Ley 2272 (o Ley de Paz Total) dice claramente que en los procesos avanzados, donde hay una realidad concreta donde se materialicen los avances, la orden de captura, incluso con pedidos de extradición quedarían suspendidas.
Pero además, es el presidente Petro el que tiene la última palabra sobre si avalar o no la extradición de alguien. ¿Para qué necesitaría un documento como el que querían que firmara la ministra, como ella lo afirma?
Esa parte no la conozco. Lo que sé es que sí, es el presidente quien tiene la facultad de aprobar o desaprobar la extradición. Realmente en esto sé que hay una respuesta en curso, pero no puedo adelantar cuál va a ser la respuesta del presidente.
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