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Un comunicado de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) dejó claro que los firmantes de paz se apartaron de la propuesta del comisionado de paz Otty Patiño de crear el Consejo de Implementación, una instancia que coordinaría temas de la implementación del Acuerdo de Paz con la apuesta de paz total.
“Frente a esta iniciativa gubernamental queremos dejar claro que el Acuerdo Final de Paz y la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, son procesos distintos en su origen, en su naturaleza constitucional y en sus compromisos. Mientras el Acuerdo de Paz de 2016 es un pacto de Estado que debe cumplirse con garantías y seguridad jurídica, la Paz Total sigue siendo una estrategia en construcción, sin un marco normativo claro y con efectos inciertos para la estabilidad del país”, dice el comunicado conocido este lunes.
La misiva tiene duros cuestionamientos sobre los beneficios que tienen los grupos armados con los que el Gobierno tiene procesos de paz o diálogos con miras al sometimiento. “Diluir lo pactado con quienes dejaron las armas y han cumplido su palabra, mientras se otorgan beneficios políticos a grupos que continúan en armas y asesinan firmantes de paz, constituye una instrumentalización inaceptable que profundiza la violencia. Este escenario ha derivado en un ataque sistemático contra los exintegrantes de las extintas FARC-EP, configurando lo que puede interpretarse como un exterminio político”, dice el documento.
Además, agrega que esta situación es una “violación flagrante” al Acuerdo Final de Paz”, que no es una “negociación más”.
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Ambas instancias recuerdan que algunos de los actores que están en procesos de diálogos han sido “responsables del desplazamiento forzado” de al menos cuatro colectivos de firmantes”, entre ellos algunos ubicados en Meta y Caquetá. “Es inaceptable que quienes han apostado por la legalidad sean las principales víctimas de esta política, que, lejos de consolidar la paz, está generando incentivos perversos y debilitando la credibilidad del Estado”, dice el comunicado.
De acuerdo con la propuesta de Patiño, hay un proyecto para articular a todas las entidades encargadas de temas de paz y sumarle poder de decisión a la Unidad de Implementación para el Acuerdo de Paz, a la cabeza de Gloria Cuartas, y la Agencia de Renovación del Territorio, que dirige Raúl Delgado. Lo que se busca es revivir la Alta Consejería de Paz que fue diluida por el mismo Petro a inicio de su Gobierno. El borrador de esta nueva arquitectura institucional aún no ha recibido el visto bueno del presidente.
Firmantes hacen llamado a la comunidad internacional
En el texto, los firmantes de paz vuelven a hacer referencia a los retrasos en distintos puntos de la implementación del Acuerdo de Paz, como el tema de tierras. “Tras más de ocho años de la firma del Acuerdo, la implementación sigue siendo frágil y fragmentada Las tierras prometidas no han llegado en su totalidad, los proyectos productivos no cuentan con sostenibilidad, y la seguridad de los firmantes y sus comunidades está en crisis”.
📢#Comunicado El 10 de marzo el Alto Comisionado Consejero para la Paz Otty Patiño manifestó la intención del Gobierno Nacional de crear un Consejo de Implementación, que según su propuesta es una mezcla entre la ejecución del #AcuerdoDePaz🕊️ con la política de Paz Total.
— Reincorporación Comunes (@CNRCOMUNES) March 17, 2025
Las y… pic.twitter.com/oOOly0u4av
Así mismo se indica que, la falta de un marco normativo claro para la Paz Total -existe la Ley 2272, pero no hay una reglamentación sobre la misma-, profundiza esta incertidumbre. “No se puede avanzar en una nueva arquitectura de paz sin que sea acordada con la alta parte contratante dentro de las instancias establecidas y sin consolidar primero lo ya acordado”, explican.
El comunicado finaliza con un llamado a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a los Países Garantes y a los acompañantes del proceso de paz “para que insten al Estado colombiano a cumplir plenamente el Acuerdo Final de Paz. Sustituir los compromisos firmados por estructuras improvisadas que ponen en riesgo lo alcanzado constituye una violación al Acuerdo”.
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