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En una carta dirigida al comisionado para la Paz, Otty Patiño, y al jefe negociador del Gobierno con las disidencia FARC conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Armando Novoa, el gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, y varios alcaldes de municipios de ese departamento le pidieron al Gobierno participación activa en esos diálogos.
El documento, firmado por representantes de la institucionalidad pública y también por algunos líderes sociales, destaca la preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el departamento y exige la participación activa de los gobiernos locales en la negociación. “Consideramos que en este importante proceso se deben escuchar las voces del territorio, procurando que la paz se construya desde el conocimiento real del contexto”, se lee en la misiva.
El proceso de paz que se lleva con esa disidencia, que se separó de Segunda Marquetalia de Iván Márquez, sufrió una grave crisis hace un mes. En pleno cierre del tercer ciclo de diálogos en Bogotá fue capturado por una circular roja de Interpol Giovanny Rojas, conocido como Araña, delegado de esa guerrilla en la mesa. La detención generó tensiones entre el Gobierno y la organización armada, ya que se interpretó como una violación a los acuerdos previos sobre garantías para los negociadores.
Después de varios días de incertidumbre, el pasado 15 de marzo ambas partes decidieron reactivar el diálogo, buscando evitar una ruptura total del proceso. El próximo ciclo de diálogo se realizará entre los días 7 y 9 de abril con la asistencia de países garantes, entidades acompañantes y observadores.
El documento plantea cuatro puntos fundamentales que el Gobierno Nacional debe priorizar en la negociación como incluir a las comunidades en la construcción de los acuerdos, garantizando que sus necesidades sean el eje central del proceso; también implementar medidas urgentes para mitigar la violencia, incluyendo la prevención de homicidios, desplazamientos y reclutamientos forzados, así como el fortalecimiento de programas de desminado humanitario.
Además, dicen que su participación podría fortalecer iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos, a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), para generar alternativas económicas sostenibles y coordinar con organismos internacionales la atención humanitaria, evitando que la población civil continúe siendo víctima del conflicto.
Justamente en diciembre pasado se había acordado en la mesa, un programa piloto para “el tránsito a economías lícitas”. Este proyecto “incluye aproximadamente 2.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en la zona de Nariño y 1.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en la zona Putumayo, donde la Coordinadora Nacional tiene presencia”.
El documento del 15 de marzo, donde se anunció la reanudación de los diálogos también afirma que se adelantarán los temas ya acordados como la instalación de una subcomisión para identificar los polígonos donde se ejecutará el Plan de transformación territorial para el tránsito a economías ilegales. “La Delegación de Gobierno adelantará la gestión con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito para establecer las fechas de inicio de la subcomisión”, decía el comunicado.
La mesa con la disidencia de Mendoza es clave, ya que este grupo tiene presencia en varias regiones estratégicas y ha mantenido una fuerte influencia en redes de narcotráfico y control territorial.
En contexto: Caso Araña: cuatro claves para entender la captura del disidente de FARC y su impacto
#AvanzaLaPaz En el resguardo Inda Sabaleta de Tumaco, #Nariño, se reunieron la delegación del Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, allí reafirmaron su compromiso por continuar los diálogos de paz, aportar en la transformación territorial y… pic.twitter.com/okb3TPV3AE
— Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) March 15, 2025
Putumayo es una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y, en los últimos meses, la situación de seguridad ha empeorado drásticamente. En la carta, los mandatarios locales advierten sobre el incremento de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y la proliferación de minas antipersonal.
“El diálogo significa también negociar y discutir en torno a los graves problemas que afectan a la sociedad, tratando de encontrar acuerdos colectivos para una solución eficaz”, enfatiza la comunicación. Según el documento, la vía militar no puede ser la única estrategia del Estado para enfrentar a los grupos armados, sino que es fundamental el reconocimiento del conflicto en su complejidad política y social.
El gobernador Molina Acosta llegó al cargo hace un mes en unas elecciones atípicas en las que hubo serios cuestionamientos sobre su campaña. El hombre fue candidato de la coalición Putumayo, ¡Vamos en serio!, conformada por el partido Conservador, AICO y MAIS.
Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), se tienen indicios del presunto respaldo a la campaña de Molina por parte del exalcalde de Mocoa que fue asesinado, Elver Cerón. Pares también señaló en su momento que su campaña ha tenido apoyo de políticos cuestionados como Gloria María Ortiz, suegra del narcotraficante y líder de la banda criminal “La Constru”, conocido como La Gárgola.
“Los cuestionamientos más graves hacia el candidato Molina son aquellos que lo tildarían de estar presuntamente recibiendo apoyos de un grupo armado organizado del departamento en su campaña a la Gobernación”, señala Pares.
Además: La captura de Araña caldea las elecciones en Putumayo y pone tensión en las comunidades
De acuerdo con el informe de Pares, el exministro Juan Fernando Cristo también había señalado las alertas de la Defensoría del Pueblo, así como de las mismas comunidades, sobre la intención de grupos armados de interferir en los procesos electorales, estructuras que estarían en diálogo con Gobierno Nacional
Aun así, el llamado de los alcaldes y el gobernador refleja la urgencia de una paz territorial que no solo se pacte en las mesas de negociación en Bogotá, sino que también responda a las realidades de las comunidades afectadas.
“Cualquier construcción de paz regional no pasa por la operación militar, sino por la comprensión de la complejidad de estos entornos regionales”, recalcan los firmantes.
Lo que debe saber sobre la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano
El pasado 27 de noviembre, tras la ruptura al interior de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, bajo el mando de Iván Márquez, la delegación de Gobierno y el ala que se separó de esa disidencia anunciaron el nuevo nombre del grupo armado: Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
El cambio de nombre también incluyó cambios en la agenda de negociación, los lugares de los ciclos de diálogos, entre otros. Se estima que por lo menos 2.000 personas continuarán en la mesa de diálogos con el Ejecutivo (1.500 alzados en armas). Solo el 20% de los integrantes de la Segunda Marquetalia seguirán bajo de Iván Márquez.
Esta es la carta del Gobernador y los alcaldes:
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