Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El 2024 se consolidó como el año más crítico en materia humanitaria para Colombia en los últimos ocho años. La intensificación de los conflictos armados, el incremento de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el agravamiento de la crisis humanitaria han puesto en jaque a la población civil, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia.
Así lo afirma el más reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que afirma que la falta de respeto a las normas del DIH ha alcanzado niveles alarmantes. En el año pasado, el organismo documentó 382 presuntas violaciones al DIH, de las cuales un 44% estuvo dirigido contra la vida y la integridad física y mental de las personas protegidas. Otro 33% estuvo relacionado con la conducción de las hostilidades, mientras que el 23% restante afectó el a bienes y servicios esenciales.
“Estas acciones pusieron en grave peligro a las comunidades, ya que el uso indebido de bienes de carácter civil por parte de actores armados puede conllevar tanto su destrucción como la pérdida de su protección frente a ataques”, dice el documento.
Entre la población, destacan las afectaciones a los docentes. Según el CICR, en 2024, ese organismo dio atención psicológica y psicosocial a 27 profesores que presentaban “ incertidumbre, angustia y altos niveles de estrés y ansiedad” y que trabajaban en algunas de las zonas más afectadas por los conflictos armados.
Sin embargo, esta cifra refleja solo una parte del problema, ya que la mayoría de los profesores no reporta la situación, ya sea por miedo o porque, en su deseo de ayudar a las comunidades y seguir cumpliendo con el rol de cuidadores, postergan la búsqueda de ayuda hasta llegar al límite de sus capacidades.
El impacto del uso de artefactos explosivos
Las consecuencias en la población civil sobre este tipo de ataques ha sido devastador. El uso de artefactos explosivos aumentó en un 89% con respecto a 2023, cobrando la vida o causando heridas a 719 personas, de las cuales el 67% eran civiles. Las comunidades, atrapadas entre el fuego cruzado y la violencia indiscriminada, han visto cómo la guerra altera de manera irreversible sus vidas.
“Los casos se presentaron en 14 departamentos del país, siendo la región del Pacífico la más afectada, ya que, en Cauca, Valle del Cauca y Nariño se concentró el 65 % de las personas heridas y fallecidas.”
El CICR dice que el considerable incremento en el uso de artefactos explosivos lanzados, tanto en zonas rurales como urbanas, se ve reflejado en el temor constante a pisar terrenos minados o a ser blanco de ataques inesperado
Además, se han perfeccionado las técnicas de lanzamiento de este tipo de artefactos con el uso de drones. que han generado, hasta ahora daños que afectan directamente a la población y a bienes civiles, especialmente porque, dice el informe, “no se garantiza la precisión en los ataques” o no se “distingue entre objetivos militares y personas civiles”.
Sobre las minas antipersonal o los restos explosivos de guerra, el CICR dice que tampoco han disminuido. “El número de personas heridas y fallecidas por este tipo de artefactos creció un 42 % en comparación con 2023. Del total de los casos registrados el año pasado, el 67 % corresponde a personas civiles”, detalla el documento.
Lea también: Así se mueven los hilos del narcotráfico que están tras violencia en Latinoamérica
Desplazamientos y confinamientos, los puntos más críticos
El desplazamiento forzado también se disparó: 41.228 personas se vieron obligadas a huir en desplazamientos masivos de 15 departamentos del país. Es decir, en 2024, cada tres días en promedio, una comunidad se vio forzada a abandonar su hogar para salvaguardar la vida de sus integrantes.
“Aunque esto representa una disminución en el número de personas afectadas con relación a 2023, no significa que la situación haya mejorado, ya que los eventos reportados por este tipo de desplazamiento aumentaron un 34 % debido a la intensificación de las hostilidades y del incremento de las amenazas e intimidaciones contra la población civil”, dice el informe.
En cuanto al desplazamiento individual, entre enero y diciembre del año pasado, 117.697 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por este fenómeno. En esto, precisa, el CICR, hay mucho subregistro ya que muchas víctimas no reportan los hechos en el mismo año de ocurrencia, por temor a represalias de los actores armados o por “desconocimiento de la ruta de atención estatal”. Este fenómeno ha fragmentado familias y ha sumido a miles de personas en la incertidumbre de la precariedad.
Muchos desplazados enfrentan condiciones indignas en refugios temporales, con limitado a servicios básicos y sin posibilidades claras de reconstruir sus vidas. La situación es particularmente crítica en el departamento de Nariño, donde la confrontación entre grupos armados ha convertido a la población en blanco de amenazas constantes.
El confinamiento de comunidades alcanzó niveles críticos, afectando a 88.874 personas, un incremento del 89% en comparación con el año anterior. Esta situación ha limitado el a alimentos, salud, educación y otros servicios básicos, agravando la vulnerabilidad de miles de familias.
En otras noticias: Duro regaño de JEP a entidades por no asistir a audiencia sobre seguridad de ex-FARC
En el Chocó, la crisis es aún más grave: comunidades enteras han quedado sitiadas por la violencia, con caminos bloqueados y cultivos abandonados por el miedo a represalias. La inseguridad alimentaria es un problema creciente, ya que la imposibilidad de movilizarse impide el abastecimiento adecuado de productos básicos.
El informe también incluye un apartado sobre los ataques al sector salud en medio del conflicto armado. El pasado 9 de febrero el CICR publicó un informe en el que alertada del aumento de secuestros y asesinatos. “Los actos violentos contra quienes brindan asistencia de salud fueron otra de las consecuencias humanitarias que se intensificaron el año pasado. La Mesa Nacional de Misión Médica registró 201 infracciones (eventos relacionados con los conflictos armados), entre ellos hechos particularmente graves, como el homicidio de cinco personas”, asegura el documento presentado este jueves.
La restricción del a servicios médicos ha puesto en peligro la vida de cientos de personas, incrementando la crisis humanitaria en el país. En Arauca y Putumayo, los ataques contra misiones médicas han reducido la disponibilidad de atención, dejando a poblaciones enteras sin a servicios esenciales.
Otra de las principales preocupaciones es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. A pesar del subregistro de casos, el CICR ha observado un incremento de este fenómeno, que impacta de manera irreparable a las comunidades.
La violencia sexual también se ha convertido en un método de control por parte de los actores armados, lo que ha llevado a un aumento de la estigmatización y el silenciamiento de las víctimas.
“Más allá de la violación, existen otras formas de violencia sexual, como el acoso sexual, la desnudez forzada, el sexo por supervivencia y la esclavitud sexual, entre otras, que afectan profundamente la vida de las víctimas y sus entornos. Estas conductas no necesariamente son identificadas por las comunidades, ya que se trata de prácticas normalizadas, lo que facilita su perpetración,” se explica.
La desaparición de personas sigue siendo una herida abierta en la sociedad colombiana. Durante 2024, el CICR documentó 252 nuevos casos de desaparición en el contexto del conflicto armado, un 13% más que el año anterior. Las familias de las víctimas continúan enfrentando barreras para acceder a la verdad y la justicia, lo que perpetúa su sufrimiento. La falta de apoyo institucional, dice el organismo, agrava el calvario de quienes buscan a sus seres queridos.
Ante este panorama desolador, el CICR ha reiterado su llamado a las partes en conflicto para que respeten el DIH y garanticen la protección de la población civil. “El sufrimiento de estas comunidades no es una consecuencia inevitable de los conflictos armados, sino el resultado directo de la falta de respeto a las normas humanitarias”, afirmó Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia.
Los llamados a la acción
La organización también ha instado al Estado colombiano a fortalecer las rutas de atención para las víctimas y a garantizar los recursos necesarios para la implementación de políticas de búsqueda de personas desaparecidas y atención humanitaria. Sin compromisos claros por parte de las autoridades y los actores armados, el futuro de la población civil en Colombia se torna cada vez más incierto.
“Es importante recordar que el respeto del DIH no depende de la existencia de negociaciones de paz ni debe entenderse como un asunto transaccional en medio de los diálogos. Su cumplimiento es obligatorio y, cuando se recrudece la confrontación, es aún más necesario”, dice el CICR.
La comunidad internacional también juega un papel clave en la mitigación de esta crisis. La cooperación y el respaldo a las organizaciones humanitarias pueden marcar la diferencia en la protección de los derechos de las víctimas y en la búsqueda de soluciones sostenibles para la crisis humanitaria en Colombia.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: [email protected]; [email protected]; [email protected] o [email protected].