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Desde el corazón del Catatumbo, una región que desde enero atraviesa por una de las crisis humanitarias más complejas de las últimas dos décadas en el país tras el ataque del ELN y los posteriores enfrentamientos con la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz denunció el recrudecimiento de la guerra y del reclutamiento.
“Nos están matando a nuestros hijos, nos están quitando lo más sagrado que tenemos”, escribió Carmen García, presidenta del colectivo, en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y a la comunidad internacional. En la misiva alude a las muertes de jóvenes y niños víctimas de ataques con drones explosivos, enfrentamientos armados y la violencia sin tregua que azota a la región.
La carta no es un hecho aislado. Datos de la Defensoría del Pueblo revelan que entre enero y abril de 2025, al menos 64.783 personas fueron desplazadas y 12.913 confinadas en el Catatumbo debido a la confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. La situación ha sido catalogada por el propio organismo como la mayor emergencia humanitaria registrada en el país.
Catatumbo es el epicentro de la crisis humanitaria que inició hace cuatro meses y fue catalogada como la mayor emergencia a causa del conflicto de la que se tenga registros en Colombia. Las cifras afirman que hay 64.783 personas desplazadas, 13.913 confinadas y 117 homicidios hasta el pasado 28 de abril, según la Defensoría del Pueblo.
La carta se conoce en medio del plan del gobierno para concentrar a los del Frente 33, una estructura que es parte de la disidencia EMBF en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para ambientar el proceso de desmovilización. Organizaciones sociales afirman que aún no hay unos mínimos humanitarios para que esa zona de pre-concentración se dé.
Aumento de reclutamiento y hechos contra los firmantes de paz
Esta semana Colombia+20 documento que luego de la arremetida del ELN en enero, la disidencia de las FARC se reorganizó para resistir a la disputa y que la guerra entró en una nueva fase, más selectiva.
Hace apenas cuatro días, Luis Antonio Aragón Vaca, un niño de 12 años, murió luego de un ataque de drones con explosivos en una de las áreas en disputa entre ambos grupos armados, en inmediaciones de El Tarra y Tibú. Esa acción, que deja ver las dimensiones de esta guerra, dejó heridas a 12 personas, incluyendo a la mamá del niño. Horas después, el Ejército señaló como responsable al ELN. La guerrilla respondió con un comunicado afirmando que fue el Frente 33 el que estuvo detrás.
Entre los hechos más alarmantes, se documenta el uso sistemático de drones con explosivos, minas antipersonal en cercanías de escuelas, violencia sexual y el reclutamiento forzado de menores de edad. En solo los dos primeros meses del año, 42 niñas, niños y adolescentes fueron desvinculados de grupos armados en esta región.
“Los enfrentamientos armados no paran. Los drones explosivos han cobrado más vidas, incluyendo las de niños y jóvenes inocentes. Nuestros líderes sociales están siendo asesinados uno a uno. Las madres quedamos solas, sin consuelo, sin justicia, sin un Estado que nos abrace o nos defienda. ¿Qué más podemos hacer? ¿A quién más debemos acudir para que nos escuchen? Presidente Petro, este es un nuevo y urgente llamado desde el Catatumbo, donde seguimos enterrando a nuestros hijos sin poder siquiera llorarlos con dignidad”, dice la carta.
La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ha advertido que, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta abril de 2025, al menos 1.494 menores han sido víctimas de reclutamiento forzado en Colombia. Aunque el fenómeno se concentra principalmente en el Cauca y Antioquia, el Catatumbo se suma ahora con fuerza al listado de regiones en las que esta práctica se perpetúa como una de las formas más graves de violencia contra la niñez.
Los métodos también se han sofisticado, según el informe de la UIA: redes sociales, contenidos virales e incluso emojis sirven hoy como herramientas de captación digital para atraer menores a las filas de grupos armados ilegales.
“Le pedimos con todo el peso del dolor y la desesperación: detenga esta guerra, intervenga de manera inmediata, con acciones concretas de protección, justicia, diálogo y reparación. A los actores armados que continúan esta confrontación absurda, les decimos desde lo más profundo de nuestro ser: ¡Paren ya! ¡No más muerte! ¡No más hijos en los cementerios! ¡No más madres rotas!“, afirman las Madres del Catatumbo.
A este contexto se suma el desplazamiento masivo de firmantes de paz. De los 464 que vivían en la subregión a finales de 2024, apenas 41 permanecían en el antiguo ETCR de Caño Indio en marzo de este año.
Más de 200 fueron desplazados, otros están confinados, seis han sido asesinados y dos están desaparecidos. Las rutas de reincorporación están fragmentadas por la violencia y el abandono estatal, lo que convierte a los excombatientes en blanco fácil para amenazas y ataques.
Frente a este panorama, las madres del Catatumbo piden intervención urgente, protección efectiva, justicia y una paz que se traduzca en hechos.
También claman por una comunidad internacional vigilante y comprometida, que no las deje solas mientras sus territorios y sus vidas son devorados por la guerra. En una región donde el Estado ha llegado más con armas que con soluciones, la voz de estas mujeres resuena como una advertencia moral: la paz no será posible mientras el cuerpo de la infancia siga siendo campo de batalla.
“Pedimos también a la Naciones Unidas, a los países garantes y a la comunidad internacional que no nos dejen solas. Que exijan al Estado colombiano respuestas reales y urgentes. Que ayuden a proteger nuestras vidas, nuestros territorios, nuestras esperanzas, no sabemos qué más hacer”, dice la carta.
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