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En la región del Catatumbo nadie pone en duda que el conflicto sigue vivo. Incluso, hay quienes aseguran que se ha profundizado. A los combates entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, que iniciaron el 16 de enero y causaron la mayor crisis humanitaria en tres décadas, se suman ahora enfrentamientos con el Ejército y ataques con drones que ya dejan varias víctimas.
Por eso, en este territorio de Norte de Santander, se recibió con sorpresa, indignación y desesperanza la decisión del gobierno Petro de levantar el Estado de conmoción interior, que se decretó el 24 de enero, justamente, para conjurar esta crisis que dejó, por lo menos, 64.624 desplazados y 106 asesinatos.
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Este jueves, cuando se cumplía la vigencia de 90 días de la conmoción (que se esperaba fuera prorrogada), el Ejecutivo dio a conocer el Decreto 0467, a través del cual se levanta esta medida excepcional. Sin embargo, se mantuvo la vigencia de 11 decretos relacionados con el orden público, el a crédito, las exenciones al turismo y las condiciones especiales para el transporte
La crisis se mantiene
Para el congresista de Catatumbo Diógenes Quintero, la decisión del Gobierno deja en evidencia una contradicción tanto jurídica como factual: “La Ley 137 de 1994 establece que el Estado de conmoción se levanta cuando se encuentre restablecido el orden público, pero en la región es evidente que esto no ha ocurrido”.
Los testimonios de líderes sociales de este territorio y funcionarios públicos consultados por Colombia+20 confirman que la crisis de violencia no solo se mantiene, sino que está lejos de tener solución de raíz.
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“La situación de violencia es la misma. Estamos esperando que la declaración de conmoción interior en estos tres meses haya dejado algunas cosas buenas, porque no podemos decir que dejó cosas evidentes”, dice el líder social Carmito Abril.
Según el consejero de paz de Norte de Santander Luis Fernando Niño, en el departamento hay un consenso de que faltan acciones.
“Lo que han manifestado las autoridades locales, como alcaldes, personeros y demás, es que se deben ver resultados mucho más concretos en el territorio, porque 90 días después lo que seguimos viendo en Catatumbo son combates y presencia de los actores (armados ilegales)”, asegura Niño.
Relatos de un drama vigente
Tanto en las zonas rurales, a donde volvieron los desplazados, como en los albergues se mantiene un drama constante que, según los pobladores, tiene un problema adicional: toda la atención que recibió la región en los primeros días se esfumó, y lo que ocurre ahora está siendo invisibilizado.
“La situación sigue siendo crítica. La gente tiene mucho temor porque los ataques han sido contra la población civil y campesina con drones. Han caído bombas dentro de las casas, hay personas que han caído en minas, el enfrentamiento entre estos grupos ha dejado muertos que no se han podido recoger en el territorio. El dolor de las madres, el miedo que tienen de que sus hijos en cualquier momento se los lleven. Hay jóvenes desaparecidos, hay miedo de los campesinos que retornaron (tras el desplazamiento) porque no han conseguido garantía en ningún lado y están encerrados en su casa por miedo de salir. Y todavía hay familias que están viviendo en este momento en la ciudad de Cúcuta, tres meses durmiendo en carpas, en colchonetas, con niños, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, madres en esta situación”, describe una lideresa de La Gabarra que pide no mencionar su nombre por temor.
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Para los liderazgos las amenazas son el pan de cada día. Olga Quintero, vocera de la Asociación Campesina de Catatumbo (Ascamcat), cuenta que en redes sociales son constantes los señalamientos de que los líderes pertenecen a un bando u otro, que se suman a acciones de hostigamiento.
“Eso es ponerle la lápida en la espalda a la gente. A nosotros nos irrumpieron a la oficina en Cúcuta, se llevaron un computador, dejaron manos marcadas con tierra con un mensaje de amenaza y amedrentamiento. Los líderes de todos los procesos no tienen garantías”.
Denuncian falta de participación y acciones concretas
Para el congresista Diógenes Quintero, además del sostenimiento de la violencia, hay dos preocupaciones crecientes. Por un lado, el debate que hay en torno a si la conmoción interior era la medida que se debía tomar para conjurar la crisis, que está pendiente del examen de la Corte Constitucional. Por otro, un tema más profundo: la falta de proyectos estratégicos en marcha y la poca participación de las comunidades en los que se formularon:
“Mi posición no es política, sino como habitante de Catatumbo: la conmoción podía ser una oportunidad para resolver la crisis y los temas estructurales de abandono en la región, pero la gente se pregunta qué se hizo en estos 90 días, porque ningún proyecto tiene apropiación de recursos ya. Además, sentimos que el Gobierno no está tomando en cuenta a las comunidades, muchas de sus acciones son fuera de contexto y están desconociendo la realidad de la región”.
El líder social Carmito Abril secunda esa percepción: “Seguimos esperando que nos escuchen. Mejorar es cuando el Gobierno recoge el contexto de las víctimas y les pregunta cuáles son las necesidades: retorno, ubicación, atención y mejorar la calidad de vida. Hasta ahora ninguna de las víctimas sentimos que nos estén solucionando el problema. Una de las principales peticiones al Gobierno para los líderes, lideresas y campesinos de Catatumbo es la seguridad. Los campesinos deben regresar bajo un acompañamiento nacional e internacional. Necesitamos ser reubicados, algunas personas no podemos volver a Catatumbo porque por haber dicho que estaban masacrando a campesinos y campesinas humildes, eso nos puso en riesgo”, asegura.
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Por ahora el levantamiento del Estado de conmoción interior cierra la posibilidad de que se tomen nuevas medidas extraordinarias para resolver una crisis que sigue viva y que podría crecer.
Varias voces de la región son escépticas frente a la posibilidad de que los 11 decretos vigentes por tres meses más sean suficientes para responder a los ciclos de violencia que se han reciclado desde hace más de cinco décadas. Entretanto, el ELN, principal responsable de esta crisis, ha manifestado su posición tajante de mantener la confrontación