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En una caseta comunal del corregimiento de Villa Colombia, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, el frente Jaime Martínez, de la disidencia Estado Mayor Central organizaron una fiesta con globos, música y pastel para “conmemorar” el aniversario 61 de la fundación de la antigua guerrilla.
El evento que, según testigos, contó con la participación de niños, niñas y adolescentes, fue registrado en video y difundido en redes sociales, generando preocupación entre autoridades y expertos por su posible uso como estrategia de reclutamiento infantil.
La misma Gobernación del Valle del Cauca alertó sobre la gravedad del evento, señalando que las disidencias estarían utilizando este tipo de celebraciones para ganar simpatía entre la población civil y atraer a menores a sus filas. La gobernadora Dilian Francisca Toro advirtió: “La utilización de elementos simbólicos, la música y la participación de niños es una estrategia clara para normalizar la presencia armada en el territorio y generar vínculos afectivos que pueden derivar en reclutamiento”.
Y agregó: “Me parece terrible, me parece preocupante, me parece que toda la sociedad debe rechazar un tipo de cosas como estas, es como legitimar en un escenario donde hay grupos ilegales y lo más preocupante es que tengamos niños y niñas en estas actividades propagandísticas. Eso es una forma de reclutamiento disfrazado, eso es una forma terrible de poder vulnerar los derechos de los niños y de las niñas y atentar contra todos los tratados internacionales que tienen que ver con la protección de los niños y las niñas”, aseguró.
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El evento fue promovido por el frente Jaime Martínez, una estructura armada que opera en la región y ha sido señalada por su responsabilidad en hechos de violencia, extorsión y narcotráfico.
En la grabación, al parecer realizada en lo que parece un escenario deportivo, se observa personas sentadas en sillas de plástico, con música y comida. En el fondo aparece una pancarta con mensajes alusivos al aniversario de la extinta guerrilla. También hay banderas y globos amarillos, azules y rojos y se alcanza a ver a una persona de camuflado con las insignias de las disidencias repartiendo comida. En una de las imágenes se ve a un menor de espaldas.
“El video y la foto sí son de Villa Colombia, de la caseta comunal. Estamos verificando el modo, tiempo y lugar en que se tomó la foto y se grabó el video. Pero el video sí corresponde a Jamundí”, aseguró el brigadier general Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada que opera en esa zona del Valle del Cauca.
Las autoridades locales y nacionales, incluyendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía, han iniciado investigaciones para determinar si hubo delitos asociados, como el uso de menores en medio del conflicto armado.
El fenómeno del reclutamiento infantil, en aumento
Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 533 casos de reclutamiento forzado de menores en el país, siendo el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc el grupo con mayor número de casos atribuidos. El departamento del Valle del Cauca reportó 20 casos en ese mismo año, aunque se estima que el subregistro es significativo debido al temor de las comunidades a denunciar.
Las comunidades indígenas y afrocolombianas han sido particularmente afectadas por esta problemática. En 2024, el 50% de los casos de reclutamiento correspondieron a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a población indígena, y el 8% a afrocolombianos. La región del Pacífico, incluyendo departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, ha sido seriamente impactada por la expansión de grupos armados y el aumento del reclutamiento infantil.
Expertos han señalado que los grupos armados ilegales han adaptado sus estrategias al mundo digital, utilizando redes sociales como TikTok para atraer a menores con promesas falsas de empleo, dinero o lujos. Estas tácticas buscan normalizar la presencia de estos grupos en las comunidades y facilitar el reclutamiento de menores.
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Un informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de Jurisdicción Especial para la Paz, publicado hace dos semanas, afirma que al menos 1.494 niños y adolescentes han sido reclutados desde 2016.
El informe muestra algunas de las estrategias usadas por los grupos armados y afirma que más de medio millón de s visualizan publicaciones (625.000) “donde se promueve el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por los grupos armados” y que al menos 146 cuentas activas en redes sociales fueron revisadas e identificadas como usadas por esas estructuras ilegales para “promover la vinculación de menores en sus filas”. Según el documento, los contenidos han alcanzado en promedio las 230.000 reproducciones.
La música cumple un papel clave. Canciones de reguetón, rap y corridos con letras que exaltan la vida criminal, el poder armado o el desprecio por la ley, son utilizadas en videos cortos que circulan en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook. Estos clips —generalmente acompañados por imágenes de armas, dinero o paisajes selváticos— proyectan una estética aspiracional que conecta con jóvenes en territorios donde las oportunidades escasean.
El informe identifica seis subregiones donde se concentra la mayoría de los casos, todas marcadas por una débil presencia estatal, economías ilegales y conflictos armados persistentes.
A la cabeza se encuentra el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, con 59 casos registrados, una zona históricamente disputada por disidencias de las FARC y grupos residuales que han convertido a la infancia en carne de cañón de su lucha territorial. Le siguen el norte y nordeste de Antioquia (40 casos), el Yarí y la cordillera amazónica (34), el piedemonte y la sabana araucana (29), el Bajo Cauca antioqueño (28) y el Cañón del Micay (23).
La fiesta en Jamundí revive el debate sobre el control territorial de las disidencias en el suroccidente colombiano y la limitada presencia del Estado en estas zonas. Organizaciones sociales han advertido que la población civil se encuentra atrapada entre las disputas armadas y la indiferencia institucional. La Defensoría del Pueblo y otras entidades han hecho un llamado urgente al gobierno nacional para fortalecer las medidas de protección a la niñez y garantizar la presencia efectiva del Estado en los territorios afectados.
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