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Desde el 24 de marzo de 2025, la “Carpa de Resistencia de Pueblo Viejo” mantiene una protesta pacífica en Mocoa Putumayo en contra de la empresa canadiense Copper Giant Resources Corp. —anteriormente conocida como Libero Cobre—, titular de cuatro títulos mineros en ecosistemas estratégicos del piedemonte Andino-amazónico. Estos títulos comprenden 7850 hectáreas a menos de 10 kilómetros del centro urbano, y se traslapan con el complejo volcánico Doña Juana–Cascabel, la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa (RFPCARM) y el Parque Nacional Natural la Serranía de los Churumbelos. Un área de diversidad biológica, nacimientos de agua, lugares sagrados, resguardos indígenas y zonas de asentamiento campesino.
La Carpa de Resistencia ha denunciado que la búsqueda por parte de la empresa de extraer 4,6 millones de toneladas de cobre en inmediaciones del río Mocoa implica dos amenazas principales: el riesgo de contaminación de las fuentes hídricas y el riesgo de avalanchas o deslizamientos. Este último es especialmente grave si se recuerda que la cuenca del río Mocoa fue escenario de la trágica avalancha de 2017 que dejó un saldo de más de 300 muertos. A esto se suma que el proyecto minero opera en medio de una compleja disputa jurídica sobre el uso del piedemonte Andino-amazónico, lo cual ha generado tensiones territoriales y ha generado riesgos de amenazas a defensores ambientales
Mocoa no está preparada para enfrentar una nueva tragedia ambiental
Las operaciones de Libero Cobre (ahora Copper Giant Resources Corp.) se desarrollan en una zona con dos características principales: es un punto de nacimiento de numerosos ríos de la cuenca amazónica y está ubicada en un área geológicamente inestable, atravesada por fallas activas o con potencial de movimiento telúrico, como las de Mocoa, Tortuga, Churumbelo y La Tebaida. Debido a estas condiciones, incluso en su fase actual de exploración —previa a la etapa de explotación que la empresa busca alcanzar—, sus actividades implican perforaciones sísmicas, uso de explosivos y metales pesados, lo que contamina las fuentes hídricas y puede generar sismicidad inducida. Todo esto ocurre en una zona ya propensa a movimientos en masa como deslizamientos y flujos de lodo, configurando una receta para el desastre.
Aunque la empresa ha popularizado el lema “Minería para la vida”, geólogos que acompañan la Carpa de la Resistencia han realizado una importante labor de pedagogía ambiental con la comunidad, explicando que el cobre contiene altos niveles de azufre y sulfuros. Estos compuestos, mientras permanecen bajo tierra, se mantienen en equilibrio geoquímico; sin embargo, al ser expuestos al oxígeno durante las perforaciones, desencadenan reacciones químicas que acidifican el aire y, sobre todo, el agua. Esta forma de contaminación es especialmente grave, ya que la zona prevista para la minería se encuentra en una región estratégica por su capacidad de producción hídrica. El principal afectado sería el río Mocoa, que desemboca en el río Caquetá, y este a su vez en el río Amazonas. Por lo tanto, la contaminación del río Mocoa tendría impactos en al menos 16 municipios, 4 departamentos y hasta 3 países, al formar parte de la gran cuenca amazónica.
En este panorama la protesta arroja preguntas importantes ¿Qué pasaría si Mocoa, que aún no se recupera del desastre socioambiental de la avalancha de 2017, tuviera que enfrentar una nueva tragedia provocada por la presión sísmica de un proyecto minero? ¿Y si, además, esos riesgos de avalanchas viniera acompañadas de una crisis de contaminación generalizada?
El impacto invisible de la minería de cobre sobre las mujeres rurales de Mocoa
En los territorios rurales de Mocoa, las mujeres mantienen una relación estrecha y cotidiana con el agua: cocinan, lavan, riegan cultivos, crían animales y abastecen sus hogares. Esta conexión, derivada de los roles tradicionales de género, las convierte en las principales afectadas cuando el agua se contamina, como podría ocurrir con el avance del proyecto de Libero Cobre. La exposición a metales pesados puede aumentar el riesgo de abortos espontáneos y enfermedades como el cáncer.
La minería no solo pone en riesgo la salud, la violencia sexual también es una consecuencia. Cuando las fuentes de agua se contaminan, muchas deben desplazarse a zonas más alejadas para conseguir agua segura, lo que incrementa su exposición a grupos armados que controlan el territorio. En caso de un desastre, como los posibles deslizamientos o sismos inducidos por la actividad minera, se repetiría el patrón vivido tras la avalancha de 2017, cuando los espacios de refugio y albergue se convirtieron en lugares inseguros para las mujeres, marcados por el aumento de la violencia sexual y doméstica. Además, como ha ocurrido en otras regiones, la presencia de la empresa ha traído consigo un crecimiento de la prostitución, lo que trae consigo mayores tasas de enfermedades de transmisión sexual, abuso sexual y embarazos adolescentes. Por eso, la minería no solo pone en riesgo los ríos, los bosques y el equilibrio geológico de Mocoa, sino que también amenaza directamente la vida de las mujeres.
Transición energética injusta y manipulación discursiva
Con el lema “El agua vale más que el cobre”, la comunidad de Pueblo Viejo denuncia que Libero Cobre justifica la extracción de cobre argumentando que es esencial para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, esta narrativa oculta, irónicamente, que los ecosistemas que la empresa amenaza son vitales para la regulación climática global. Su destrucción, por tanto, no solo representa una amenaza local, sino que podría agravar la misma crisis ambiental que supuestamente busca resolver. Mientras los beneficios del cobre se exportan, los costos —contaminación, conflicto social y destrucción ambiental— los asumen las comunidades locales.
En este panorama, el conflicto armado añade una capa aún más compleja. La presencia de grupos armados en la región, como Comandos de la Frontera (CDF) y Frente Carolina Ramírez, ha incrementado la tensión. Las comunidades quedan atrapadas entre el avance extractivista de las empresas y las disputas entre estos actores armados, lo que ha generado un clima de miedo constante. Al mismo tiempo, el Estado ha respondido con una militarización creciente que, muchas veces refuerza la criminalización de los liderazgos sociales. En medio de todo esto, organizaciones ambientales, han intentado visibilizar la situación, sin embargo, su trabajo se realiza en condiciones de riesgo extremo. Las dinámicas del conflicto armado, sumadas a los intereses económicos de las multinacionales y la falta de voluntad política, hacen que la defensa del agua y la vida en lugares como Pueblo Viejo se convierta en un acto de resistencia cotidiana.
*Guardianas del agua del Putumayo
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