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Ante las actividades ilegales en el territorio, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con el acompañamiento del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, suspendió las actividades de extracción y explotación ilegal de carbón de piedra en un predio ubicado en la vereda Ramada Flórez, del municipio de Lenguazaque, en el valle de Ubaté.
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En esta oportunidad, el operativo que derivó en la sanción a la mina, duró cerca de una hora y media. Las autoridades señalaron que en el momento de la diligencia, en el sitio se encontraban presentes dos particulares, quienes se identificaron como los es y socios de la mina y varios trabajadores que se encontraban en la excavación que fueron saliendo a la superficie durante el procedimiento.
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Esta acción partió de un trabajo de inteligencia y seguimiento de las labores que realizaban operarios y dueños del lugar. La CAR confirmó que la mina está amparada por un contrato de concesión otorgado por la autoridad minera (Agencia Nacional de Minas), sin embargo, no tramitó la correspondiente licencia ambiental ante la CAR, lo cual hace que su operación sea ilegal.
“Cuando nuestros equipos y la fuerza pública llegaron al lugar pudieron establecer que, aun cuando se trata de una operación mecanizada, toda la infraestructura utilizada demuestra una extracción a gran escala”, explicó el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.
La producción del lugar se determinó al observar el tamaño de la tolva metálica instalada en el sitio, la cual contaba con 60 toneladas de capacidad, y que estaba ocupada con, al menos, 20 toneladas al momento del operativo.
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De la misma manera, en el lugar se identificaron puntos como la bocamina, (entrada al pozo o socavón), un malacate tipo industrial, un patio de acopio de maderas, un cuarto de herramientas, un patio de maniobras y un patio de acopio de estériles.
También se pudo comprobar la destrucción del recurso flora, representado en la pérdida de cobertura vegetal en un área aproximada de 700 metros cuadrados, generada por la instalación de la infraestructura minera descrita.
“Es lamentable que, ofreciendo todas condiciones para asesorarlos en su proceso de solicitud de licencia ambiental, algunas personas opten por seguir operando por fuera de la normatividad. No nos oponemos a ninguna actividad productiva siempre que se haga de manera legal, ambientalmente sostenible y sin poner en riesgo el equilibrio de los ecosistemas”, subrayó el director Ballesteros.
Por los hechos, se tomó la decisión de suspender de manera inmediata las actividades de extracción y explotación de carbón. Así mismo, se suma la posibilidad de que corporación aplique otro tipo de sanciones, como multas que oscilan entre 50 y 100 mil salarios mínimos legales mensuales.
La Policía, por su parte, realizó las respectivas capturas y puso a los responsables a disposición de la Fiscalía, quienes podrían enfrentar penas entre 32 y 144 meses de prisión.
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Por Redacción Bogotá
