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Dos semanas después de la audiencia pública de la audiencia pública en la que se discutió la concesión de aguas subterráneas a una embotelladora de Coca Cola, se conoció una grave denuncia sobre algunos hechos, al margen del debate, que ocurrieron durante dicha diligencia.
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En las últimas horas, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) solicitó a la CAR incluir en el expediente sobre la concesión una denuncia sobre algunas amenazas de las que habrían sido objeto algunos líderes ambientales que participaron en la audiencia pública.
Vale la pena resaltar que, incluso durante el desarrollo de la audiencia, la delegada de la Defensoría del Pueblo tuvo que hacer una interrupción para pedir calma a los asistentes, debido a algunas fricciones evidenciadas por la divergencia de opiniones sobre la concesión.
Ahora, es la CAJAR la que solicita formalmente que un compendio de amenazas a los líderes sean incluidas en el expediente. De acuerdo con el comunicado del colectivo, durante la audiencia pública se distribuyeron panfletos anónimos con mensajes de desprestigio contra la lideresa social Herminia Cristancho y el concejal municipal Javier Cifuentes, reconocidos por su labor legítima en defensa del agua.
“Desde el CAJAR rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia contra quienes ejercen su legítimo derecho a defender el agua y el territorio. Desde las amenazas de muerte contra el concejal Javier Cifuentes hasta los panfletos entregados el mismo día de la audiencia no son hechos aislados, sino parte de una estrategia organizada de desprestigio que pone en riesgo la vida, el buen nombre y la honra de los líderes sociales”, señaló Yessika Hoyos Morales, presidenta del CAJAR.
Además de los panfletos, el CAJAR denunció que el pasado 27 de marzo de 2025, el concejal Javier Cifuentes recibió amenazas de muerte por desconocidos, situación que fue expuesta en la reunión informativa de la CAR realizada el 30 de abril. En la carta enviada a la CAR, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, CAJAR solicitó que estos hechos fueran formalmente incorporados al expediente istrativo 980 como elementos que afectan directamente el debido proceso.
“Invocamos la Sentencia T-1025 de 2007 y la T-1191 de 2004 de la Corte Constitucional de Colombia, así como los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para recordar que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar condiciones seguras para el ejercicio del derecho a defender derechos y de actuar con diligencia ante cualquier amenaza”, apostilló Hoyos.
La CAR no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento sobre esta solicitud, y su equipo técnico, y directivo, todavía se encuentra discutiendo si renueva a o no la concesión a Coca Cola, con base en los argumentos esgrimidos durante la audiencia.
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Por Redacción Bogotá
