Coca-Cola y el agua de La Calera: finalizó audiencia pública sobre la concesión

Audiencia en la Finca Los Trujillos, contigua a la Escuela Rural de Santa Helena, kilómetro 6,4 vía principal, vereda Santa Helena del municipio de la Calera, Cundinamarca.

Foto: CAR

La Corporación Autónoma de Cundinamarca citó a una audiencia pública para decidir sobre la prórroga de una concesión, para la captación de aguas subterráneas, que tiene INDEGA S.A., embotelladora de agua en Colombia para el gigante corporativo Coca - Cola.

Es la primera vez que este mecanismo de participación se activa para discutir la prórroga de una concesión semejante. Sin embargo, con base en la situación de abastecimiento hídrico que atraviesa Bogotá y los municipios aledaños, la naturaleza de esta actividad empresarial en el recurso hídrico generó controversia e inquietudes entre la opinión pública.

Por lo tanto, la CAR decidió citar a la audiencia pública, en la cual los representantes de la embotelladora, la Defensoría del Pueblo, y la comunidad interesada, manifestarán sus inquietudes y puntos de vista de cara a la decisión crucial: la renovación, o no, de la concesión de agua subterránea alojada en siete manantiales ubicados en la vereda de Santa Helena, en el municipio de La Calera.

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Tras casi ocho horas de audiencia pública, y después de escuchar 280 intervenciones, dio por culminada la sesión. Durante la audiencia se escucharon las opiniones e inquietudes de los habitantes de La Calera, organizaciones ambientalistas, sindicatos, trabajadores de la planta, y técnicos expertos en la materia.

Las conclusiones más importantes, sin duda, giran alrededor de los estudios para justificar la ampliación o cancelación del permiso que tiene la embotelladora para captar el agua. Mientras que la empresa presentó unos estudios, realizados por una consultora independiente, en los cuales se mostraba que el agua de sus manantiales no interfería con otras cuencas hídricas, y no extraía más agua de la que entraba, se presentó otro estudio adicional que desvirtuaba estos resultados.

La Corporación Geoambiental Terrae, dedicada a estudios hidrogeólicos, realizó un análisis independiente sobre los resultados arrojados por el primer estudio. Los técnicos a cargo concluyeron que los resultados tomaron resultados incompletos y que confundieron los conceptos hidrogeológicos y de hidrología. Por consiguiente, el modelo numérico para arrojar sus resultados, no resultaba concluyente para establecer que el agua captada por Coca Cola no se tomaba de la quebrada San Lorenzo, la cual surte del recurso a una buena parte del municipio de La Calera.

Además del debate técnico, se mencionó reiteradamente la necesidad de revisar las tarifas que se le cobran a la multinacional por aprovechar el agua de los manantiales, así como las compensaciones sociales a la comunidad. Dicho esto, ahora la última palabra recae en la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), la cual deberá determinar si amplía por diez más años más la concesión o la deniega. Un punto intermedio, el cual cobra bastante fuerza, recaería en la reducción del caudal de captación permitido a Coca Cola, el cual es de 3,25 litros por segundo.

Continúan las intervenciones de las personas que solicitaron una intervención a través de los canales de la CAR.

Iván Santiago Guarín, ingeniero ambiental, señaló que tras estudiar los estudios de impacto actuales, encontró graves errores que dan cuenta del poco rigor técnico con el que se realizaron, razón por la cual la credibilidad de dichos informes queda en duda.

Guarín, quien señaló varios de los vacíos, coincide con varios de los anteriores oradores, en la urgente necesidad de que la CAR realice un nuevo estudio técnico de impacto y que, además, se tengan en cuenta los estudios que ha realizado la comunidad.

Finalizadas las intervenciones de los terceros intervinientes, a la hora intervienen las personas que solicitaron un espacio en la audiencia con la CAR.

Varias de las personas que han intervenido, han señalado la urgente necesidad de intervenir en la manera en que la embotelladora utiliza el plástico de las botellas que se llenan a diario con el agua de la zona.

Proponen que los impuestos no solo se apliquen al consumo, sino que se endurezcan en relación con la generación de plástico y el impacto ambiental que esto conlleva.

Por otro lado, otras de las intervenciones han señalado la urgencia de proteger los bosques aledaños a las cuencas de ríos y quebradas, teniendo en cuenta su papel en el ciclo hídrico.

Las estrategias de pagos por servicios ambientales a quienes cuidan cuerpos de agua, delimitación de áreas estratégicas, programas de restauración ecológica y programas pedagógicos entre las propuestas de la comunidad para proteger los bosques.

Bernardo de Jesús Cepeda Vanegas, miembro de la comunidad indígena de La Calera, contradijo varios de los argumentos de carácter geológico que presentaron profesionales de Coca Cola.

Señala, contrario a lo que aseguró la empresa, que en efecto, el agua que llega a los manantiales de donde se capta el agua, en efecto, está conectada con Chingaza, teniendo en cuenta que se trata de una franja ecológica.

Señaló, además, sus discrepancias frente a los argumentos presentados por la empresa que señalan que las aguas subterráneas de la zona no son determinantes en el caudal de los ríos. “Se estima que cerca del 60% del agua que alimenta los ríos, es agua subterránea”, señalo Cepeda.

Por otro lado, Javier Cifuentes, concejal de La Calera y miembro de la comunidad Muisca, señaló la relación de su comunidad con el páramo y el agua y aseguró que si quieren prorrogar la concesión es necesario que, tanto las autoridades como la empresa, cuenten con el permiso del Concejo Indígena, teniendo en cuenta su papel que han jugado durante siglos como guardianes del agua y el páramo.

A través de cinco intervenciones, con 20 minutos cada una, las organizaciones que solicitaron la audiencia pública, y que se oponen a una renovación igual a la existente, resaltaron la importancia de proteger el recurso hídrico. Asimismo, cuestionaron el sistema de concesiones como una forma de privatizar el agua, mientras los habitantes del municipio padecen de racionamientos continuos. Se sugirió revisar el permiso a la embotelladora, con el fin de reducir el caudal y revisar las concesiones existentes, para verificar que el agua llegue a la ciudadanía, priorizando el uso residencial y público.

Otro estudio independiente, realizado por La Corporación Geoambiental Terrae, contradice lo expuesto por Hidrogeocol. Los investigadores a cargo enuncian fallas metodológicas que podrían limitar los resultados expuestos por el estudio. “La ausencia de datos medidos, el uso arbitrario de parámetros, la falta de trazabilidad y las inconsistencias internas del modelo comprometen su validez científica”. En ese orden de ideas, los profesionales a cargo del estudio, concluyeron que todavía falta información más profunda y estudios más a detalle, para decidir si se extiende o no la concesión de aguas subterráneas a la embotelladora.

Las intervenciones de Hidrogeocol, firma encargada de los estudios, concluyeron que el agua captada por Coca Cola solo corresponde al 0,6 % del agua de la cuenca de Tres Quebradas, y que el agua que salió de los manantiales, no está por encima del agua que entró al subsuelo por cuenta de las lluvias.

Juan Carlos Hernández, alcalde del municipio de La Calera, fue la quinta persona en intervenir en la audiencia. Durante su intervención, hizo hincapié en la situación histórica de escasez del recurso hídrico que ha tenido el municipio, pese a estar rodeado de fuentes hídricas. Resaltó factores medioambientales y la presión del urbanismo desmedido en el municipio, el cual, según él, “ha incrementado la presión hídrica sobre La Calera”.

Andrea Cuervo, representante de la Defensoría del Pueblo, seccional Cundinamarca, fue la tercera persona en intervenir. Hizo un llamado al desarrollo sostenible, y que cualquier decisión “debe tener una balanza entre los derechos constitucionales para explotar los recursos, pero también la conservación de esos recursos”. Asimismo, dirimió sobre la división que hay en el municipio sobre la concesión, por cuanto los habitantes de la Calera Alta (las más cercanas a los manantiales) no se oponen a que la embotelladora continúe captando el recurso; mientras que los habitantes de la Calera Baja, el casco urbano, son quienes más se oponen.

En cambio, Cuervo hizo un llamado a la unión, como municipio, para que las peticiones sean escuchadas.

La procuradora para asuntos ambientales, Olga Lucia Patín, fue la primera persona en intervenir por el grupo de participantes por derecho propio. La funcionaría hizo énfasis en la necesidad de tener a información técnica y transparente para tomar la decisión. Pidió que las intervenciones se hagan en el marco del respeto y aseguró que la Controlaría hará un seguimiento continúo a los que se decida en la audiencia.

La directora de la seccional de la CAR para La Calera, Sandra Milena Santa Fe Patiño, lee las condiciones y normas para el transcurso de la audiencia. Cerca de 3.000 personas se inscribieron para participar en la audiencia, entre ellos organizaciones sociales y veredales de La Calera, además de la ciudadanía interesada. Una gran parte de los participantes tendrá la oportunidad de participar y de manifestar su opinión.

Los tiempos de intervención se distribuirán así:

Derecho propio (involucrados directamente en la concesión): 20 minutos.

Comunidades indígenas: 20 minutos.

Demás personas inscritas: 3 minutos.