Alcaldía anuncia acciones judiciales contra el Gobierno por situación emberá

Continúa una nueva protesta de la comunidad emberá en el Parque Nacional. Cerca de 200 menores de edad y 300 adultos, provenientes del albergue capitalino UPI La Rioja, pernoctan en cambuches improvisados en medio de las lluvias y bajas temperaturas. Mientras exigen un retorno con garantías y condiciones dignas de albergue en el Distrito Capital, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que interpondrá una tutela y un incidente de desacato en contra del Gobierno, “por cuenta de sus incumplimientos”.

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El mandatario manifestó que desde hace varios años estas comunidades desplazadas de Risaralda y Chocó arribaron a la capital en búsqueda de un diálogo directo con el Gobierno para exigir un retorno seguro a sus territorios o reubicación en Bogotá y otras regiones del país.

Desde entonces se han asentado en los albergues del Distrito. Para finales del 2024, la Unidad para las Víctimas señaló que hay cerca de 2.221 personas de la comunidad emberá en los albergues La Rioja (241 hogares con 576 personas), La Florida (244 hogares con 629 personas) y El Buen Samaritano (60). Se estima que el 56,3 % (1.251 personas) de la población son niños y niñas.

Al respecto, Galán hizo énfasis en que los retornos y reubicaciones son responsabilidad de la Nación. “Incluso hay un fallo de tutela del año 2023 que le ordenó al Gobierno avanzar, en 48 horas, en la relocalización de estas comunidades. Estos incumplimientos han llevado a una situación de riesgo para los menores de edad”, puntualizó.

¿Qué acciones legales interpondrá la Alcaldía?

Por los señalados incumplimientos del Gobierno, el alcalde anunció que su istración presentará un incidente de desacato por no hacer cumplir el fallo de tutela del 2023. Y por las posibles vulneraciones e “instrumentalización” de menores, radicarán una acción de tutela.

“Por el incumplimiento del Gobierno de esa orden judicial interpondremos la acción de desacato, pero también hemos notado que los niños son instrumentalizados, los adultos no dejan que estos menores asistan a los programas de educación en los que ya están inscritos, como sucedió con algunos niños de los Centros Amar; esto nos parece que es una violación en contra de sus derechos, por eso interpondremos una tutela pidiendo una medida cautelar para que estos menores vuelvan a los servicios”, aseveró Galán en el noticiero Arriba Bogotá.

¿Qué dice la Unidad para las Víctimas?

La Unidad para las Víctimas, entidad de orden nacional que lidera los procesos de retorno y reubicación, señaló que hacen presencia constante en el Parque Nacional. Esto “con el propósito de acompañar los diferentes espacios de articulación interinstitucional en los que se abordan las necesidades de la población emberá que se encuentra asentada en Bogotá”, informó la entidad.

En este sentido, la unidad lidera un espacio de escucha en su sede principal en Bogotá con un grupo de líderes emberá que se acercó a las instalaciones el día lunes. “Este espacio está siendo acompañado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el ICBF”.

Adicional, informaron que, el pasado 10 de mayo, acordaron con el pueblo Emberá, adelantar una jornada de actualización de datos de las familias indígenas albergadas en la UPI La Rioja y a entregarles kits de alimentación y de hábitat (compuestos por colchonetas, sábanas, toldillos y elementos de vajilla).

“Ambos compromisos fueron cumplidos por la entidad en articulación con el Departamento istrativo para la Prosperidad Social (DPS), beneficiando a 95 familias Emberá con la entrega de los kits”.

Aunque la Unidad para las Víctimas manifestó su compromiso con los diálogos con el pueblo emberá y las diferentes entidades del orden nacional y territorial, el alcalde criticó el bajo cumplimiento de los planes de retorno para esas comunidades, siendo que desde agosto de 2024, se habían concertado retornos de estas poblaciones asentadas en albergues y no se han materializado.

“Hemos visto una ausencia significativa de parte del Gobierno Nacional en esta situación. El año pasado se logró avanzar con el retorno de una porción de la comunidad emberá, pero las siguientes fases no se han logrado. Hemos invertido cerca de $22.000 millones en la atención a estas comunidades”, dijo el mandatario en City Tv.

Lo cierto es que esta nueva manifestación es otra muestra de la responsabilidad aplazada, tanto del Gobierno de retornar a las comunidades, como del Distrito de asegurar las condiciones de estadía de estas personas, y en particular, del deterioro de la situación de los niños y niñas indígenas.

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