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La importación y venta informal de ciclomotores ha comenzado a representar un serio desafío para la seguridad vial y la movilidad sostenible en Colombia. Así lo advierte la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, que ha encendido las alarmas frente al aumento descontrolado de este fenómeno en diferentes regiones del país.
Según la entidad, la principal preocupación radica en el incumplimiento de la normativa vigente, especialmente la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, que establece los requisitos mínimos para la circulación legal de este tipo de vehículos. Sin embargo, en la práctica, numerosos comercios —incluyendo droguerías y otros establecimientos no especializados— están promoviendo la venta de ciclomotores sin informar a los consumidores sobre sus obligaciones legales, como el registro ante el RUNT, la adquisición del SOAT, la exigencia de licencia de conducción y el uso obligatorio de elementos de protección.
“Estamos presenciando un incremento alarmante de la informalidad y la ilegalidad en la comercialización y uso de ciclomotores en Colombia. Esta situación está generando serias afectaciones a la seguridad vial y al cumplimiento de la normativa de tránsito”, señaló Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.
De acuerdo con García, algunos vendedores utilizan estrategias comerciales engañosas, promocionando estos vehículos como “bicicletas eléctricas” con el objetivo de evadir controles legales. Esta práctica ha permitido su circulación en espacios restringidos como ciclorutas, zonas peatonales y vías exclusivas, sin cumplir con los parámetros técnicos ni de seguridad establecidos por la normativa.
Cifras de la misma Cámara evidencian la magnitud del problema: entre 2022 y 2024, el registro legal de ciclomotores cayó un 51 %, mientras que solo en 2024 las importaciones de vehículos presentados como bicicletas eléctricas aumentaron en más de un 700 %. Este contraste indica un desplazamiento hacia la informalidad, lo que, según la ANDI, refleja una evasión sistemática de las obligaciones fiscales y regulatorias.
“Hemos hecho un llamado a las autoridades colombianas para que adopten las medidas necesarias que permitan corregir esta situación irregular, la cual no solo pone en jaque las finanzas nacionales por el no pago de impuestos de estos vehículos, sino que, aún más grave, pone en riesgo la seguridad vial de miles de ciudadanos en todo el territorio nacional”, advirtió García.
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¿Cómo distinguir un ciclomotor de una bicicleta eléctrica?
Con base en la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, un vehículo de dos ruedas se clasifica como bicicleta eléctrica o de pedaleo asistido si cumple con las siguientes condiciones:
- Tiene un peso máximo de 35 kilogramos.
- La asistencia del motor se limita a una velocidad máxima de 25 km/h, y se suspende al alcanzarla.
- La potencia nominal del motor no supera los 350 vatios.
- El motor solo opera mientras el pedalea, y se apaga cuando se deja de hacerlo.
En contraste, los ciclomotores presentan características diferentes:
- Están equipados con motores de mayor potencia, de hasta 4.000 vatios.
- Pueden superar los 25 km/h de velocidad.
- No depende del pedaleo para avanzar, ya que cuentan con acelerador.
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Según la ANDI, identificar correctamente estos vehículos es fundamental, ya que cada uno está sujeto a normativas distintas. Las bicicletas eléctricas pueden transitar por ciclorrutas y están exentas de matrícula, licencia de conducción y SOAT. En cambio, los ciclomotores deben cumplir con requisitos similares a los de una motocicleta, lo que incluye el registro en el RUNT, el seguro obligatorio, la licencia de conducción y el uso de elementos de protección.
“La falta de un control efectivo impacta negativamente en la seguridad vial, ya que los s de estos vehículos no están sujetos a las mismas obligaciones que otros actores viales, generando un riesgo para ellos mismos y para los demás actores en la vía”, destaca García de la ANDI.
La entidad propone siete acciones prioritarias para promover la legalidad en el sector:
- Fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control.
- Sancionar a los comercializadores que incurren en prácticas irregulares.
- Aclarar la normativa vigente ante los organismos de tránsito.
- Implementar campañas de información para los consumidores.
- Actualizar la normativa que define y clasifica los vehículos de dos ruedas.
- Coordinar con autoridades locales para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.
- Revisar y ajustar la regulación aplicable en Bogotá.
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