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Hace unos días, más de cien ONG nacionales e internacionales hicieron pública una carta en la que le pedían al Gobierno evitar el hundimiento del proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia.
A sus ojos, pese al mensaje de urgencia con que fue radicado, no ha habido interés ni del poder Ejecutivo y ni del Legislativo para discutir la iniciativa. Si no se discute antes del 20 de junio, cuando acaba esta legislatura, se hundirá nuevamente.
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La Alianza contra el Fracking en Colombia, que reúne a estas organizaciones, también señalaba que la falta de acción por parte del Gobierno comprometía sus promesas alrededor de la transición energética y la protección de los ecosistemas.
Sin embargo, ahora la ministra de Ambiente, Lena Estrada, acaba de hacer una promesa: la discusión del proyecto de ley se reanudará antes de que se cierre el período de sesiones en el Congreso.
“Antes de que termine este periodo de sesiones del primer semestre en el Congreso, nuestros congresistas van a dar el debate del fracking, en la Cámara y en el Senado, acatando el mensaje de urgencia”, aseguró en un pronunciamiento público, mientras estaba en Samanga, Cauca, en el Congreso del Consejo Regional Indígena.
¿Qué busca el proyecto de ley?
En síntesis, además de prohibir el fracking, el proyecto de ley busca prohibir toda exploración y explotación de hidrocarburos en cinco tipos de yacimientos no convencionales: las lutitas, las areniscas bituminosas, los hidratos de metano, el gas asociado a mantos de carbón y las areniscas y carbonatos apretados.
El Ministerio de Ambiente aseguró hace meses el proyecto de ley es “fundamental para alcanzar las metas del Estado colombiano en materia de reducción de emisiones para hacer frente a la crisis climática, e impedir la ocurrencia de riesgos graves sobre la salud humana, la fauna y la flora local, el agua subterránea, entre otras afectaciones advertidas por la ciencia asociadas al fracking y a los yacimientos no convencionales”.
En la otra cara de la moneda, claro, también ha habido férreos opositores a la iniciativa, que ven al fracking como el camino para aumentar las reservas de crudo del país, pese a sus posibles impactos ambientales. De hecho, el 29 de mayo, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (A) presentó su informe económico anual “Tendencias de Inversión en Exploración y Producción de Petróleo y Gas en Colombia 2024 y Perspectivas 2025: un sector estratégico en estado crítico”.
En él hacía una serie de propuestas para mejorar la producción. Una de ellas era reactivar el desarrollo de los yacimientos no convencionales, “aprovechando que Colombia cuenta con un marco regulatorio vigente robusto que permite monitorear y mitigar los riesgos medio ambientales”.
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