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Portugal se convirtió en el primer país del mundo en prohibir, mediante legislación formal, la minería en aguas profundas. La norma estará vigente hasta 2050 y busca proteger los ecosistemas marinos de los impactos que, según la evidencia científica más reciente, podrían ser devastadores e irreversibles.
La decisión fue respaldada por una mayoría del Parlamento portugués el pasado 14 de marzo, y fue sancionada por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa el 21 del mismo mes. La norma fue publicada oficialmente esta semana en el Diario da República, lo que marca un hito sin precedentes en la región y sienta una base sólida para la protección del fondo marino, en medio del creciente interés internacional por extraer minerales de estas zonas.
Aunque otros territorios han tomado medidas similares, como Hawái, que en julio de 2024 se convirtió en el cuarto estado de EE. UU. en prohibir esta práctica,, Portugal es el primero en convertir esta postura en ley, lo que, en palabras del presidente de la Fundación Océano Azul, Tiago Pitta e Cunha, le da una solidez jurídica superior a las simples resoluciones parlamentarias. “Esta moratoria solo puede revocarse si se aprueba una nueva ley. No basta con cambiar de gobierno”, aseguró en una entrevista con Noticias ONU.
La moratoria se impone justo cuando Portugal atraviesa una crisis política y se avecinan elecciones. Aun así, sus promotores confían en que cualquier istración que llegue al poder deberá respetar esta decisión, que obliga a un nuevo debate parlamentario si se quisiera revertir.
El Instituto de Recursos Mundiales (WRI) ha advertido sobre los múltiples riesgos de la minería en aguas profundas: desde daños irreversibles a la biodiversidad marina hasta consecuencias económicas, sociales y climáticas. Por eso, lo que acaba de hacer Portugal es visto como una señal contundente en el camino hacia una protección más seria y vinculante de los océanos.
La minería marina consiste en la explotación de ciertos recursos en los fondos marinos, que suelen estar divididos en tres grupos: los sulfuros polimetálicos, las costras de ferromanganeso, y los nódulos polimetálicos. En ellos están reunidos millones de toneladas de metales, como cobre, níquel, cobalto o manganeso.
De hecho, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) dijo que, en términos de porcentajes, los depósitos minerales bajo el mar pueden suponer el 96 % del cobalto, el 84 % del níquel, el 79 % del manganeso y el 35 % del cobre del total de las reservas estimadas en el planeta.
El problema es que, al comenzar la extracción, se liberarían grandes cantidades de sedimentos y residuos que pueden alterar el comportamiento de los peces, afectar su alimentación y aumentar su nivel de estrés. Todo eso impactaría también a quienes dependen de la pesca, como las grandes flotas atuneras, que ya pidieron pausar cualquier actividad minera hasta entender mejor sus consecuencias.
El ruido de las máquinas, el material descargado desde los buques y la alteración de los patrones migratorios son solo algunas de las amenazas señaladas por científicos. En palabras simples: una industria que apenas empieza podría dañar una red alimentaria milenaria y tener efectos que ni siquiera imaginamos aún.
