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A medida que nos acercamos al cierre del actual periodo legislativo, el Congreso de la República está a punto de perder, por segunda vez, la oportunidad de aprobar un proyecto de ley fundamental para la sostenibilidad ambiental y productiva del país: la Ley de Ganadería Libre de Deforestación y con Trazabilidad.
La radicación inicial fue en 2022, luego en junio de 2024 se hundió en medio de agendas políticas saturadas y resistencias sectoriales, y resurgió en septiembre de 2024 con ajustes, acuerdos y cambios de narrativa. Pasó de ser percibido como una amenaza al sector ganadero a entenderse, por fin, como una herramienta para ordenar el territorio y proteger los ecosistemas, sin desconocer el valor de la ganadería formal y responsable.
Hoy, a menos de un mes de que termine la legislatura, su futuro vuelve a ser incierto. Y esto no es menor. Si la trazabilidad ganadera ambiental no se regula pronto, el país seguirá enfrentando serios riesgos:
-Ambientales, porque Colombia cerró 2024 con la pérdida de 107.000 hectáreas de bosque —un incremento alarmante del 35 % frente al año anterior—, con la Amazonía como epicentro. Sin mecanismos de control que integren información sobre la ubicación de los predios, la movilización del ganado y el estado de los bosques, será imposible frenar la deforestación ligada a dinámicas de acaparamiento y ocupación ilegal de tierras.
-Económicos y reputacionales, porque mientras otros países amazónicos avanzan en certificar sus cadenas productivas para mercados que exigen trazabilidad y sostenibilidad, Colombia se arriesga quedar rezagada. No se trata solo de cumplir con compromisos climáticos, sino de proteger la competitividad de quienes sí producen de forma legal y responsable.
-De gobernanza territorial, porque la ocupación irregular de baldíos y la informalidad productiva en zonas de frontera agropecuaria sigue debilitando la capacidad del Estado para ejercer control y garantizar derechos ambientales y sociales.
Sin embargo, incluso si se aprobara el proyecto antes del 19 de junio, no podemos perder de vista algo esencial: su éxito dependerá de resolver cinco condiciones que hoy siguen pendientes en Colombia.
Primero, contar con un registro actualizado de los predios y sus propietarios. Segundo, identificar de manera precisa y digital el hato ganadero. Tercero, controlar con transparencia la movilización del ganado. Cuarto, garantizar la interoperabilidad de los sistemas ambientales, productivos y de propiedad rural. Y quinto, asegurar que esa información sea pública, accesible y confiable.
Sin eso, cualquier ley terminará siendo letra muerta. Por eso urge que esta discusión no se archive otra vez, y que los sectores fortalezcan un diálogo realista sobre las condiciones que harán posible que la trazabilidad ganadera ambiental funcione en la práctica, sobre el cuales ya hay avances.
No se trata de frenar la ganadería. Se trata de garantizar que no siga siendo usada como fachada para el acaparamiento de tierras y la destrucción de nuestros bosques.
*jefe de proyecto Fundación Natura.
Por Helena Cendales*
