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En apenas 50 años, el tamaño promedio de las poblaciones de fauna silvestre monitoreadas se ha reducido un 73 %. Es como si, de cada grupo de diez animales que habitaban un ecosistema en 1970, hoy quedaran menos de tres. La cifra, recogida en el Informe Planeta Vivo 2024 de World Wildlife Fund (WWF), da cuenta de una pérdida sin precedentes que afecta a ecosistemas completos.
De hecho, las disminuciones más significativas y rápidas se han visto en América Latina y el Caribe, con un 95 %. En Colombia también hay preocupaciones: luego de que WWF llevará a cabo su Encuesta Nacional de Biodiversidad durante 2024, se concluyó que el 46 % de los encuestados está preocupado por el estado de los recursos naturales, y el 80 % considera que la biodiversidad del país se encuentra en estado regular o crítico. Nada más en estas páginas mencionamos que 37 veces Bogotá fue el área deforestada a nivel mundial durante 2024, según un informe de Global Forest Watch.
En palabras de Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, “la pérdida de biodiversidad impacta directamente la salud del planeta, pero también afecta la economía y el bienestar humano”. A su juicio, la pérdida de biodiversidad tiene efectos profundos y múltiples en los ecosistemas, la vida humana y el planeta en general. “Debilita la capacidad para decidir sobre su futuro, genera obstáculos para el desarrollo y pone en riesgo la base natural de la que dependen factores esenciales como la salud, la producción de alimentos y el al agua”, añade.
Lo que está en juego, según ella, no se reduce a cifras de deforestación o especies desaparecidas. La pérdida de biodiversidad conlleva también la desaparición de semillas nativas, conocimientos locales y formas de vida que han permitido la gestión sostenible de los territorios. En ese vacío, advierte Barrera, se abren paso intereses y modelos extractivos que no consideran la vocación ambiental ni los derechos de las comunidades.
Frente a este escenario, Colombia ha buscado convertir los compromisos ambientales en acciones concretas. “Esto implica pasar de la voluntad política a la creación de marcos normativos vinculantes, instrumentos económicos transformadores y alianzas intersectoriales eficaces”, señala Barrera. Una de las prioridades, según ella, es garantizar que los planes de acción climática y de biodiversidad –como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y los Planes de Acción de Biodiversidad Nacional (NBSAP)– sean ambiciosos, integrados, y territorializados, con coherencia entre las políticas públicas de desarrollo, ordenamiento territorial, energía y agricultura.
En la práctica, esto requiere eliminar progresivamente subsidios perjudiciales para el medio ambiente, como los que promueven el uso de combustibles fósiles o prácticas agroindustriales no sostenibles. También se trata de impulsar soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para restaurar ecosistemas, fortalecer la gobernanza de pueblos étnicos y comunidades locales, y aumentar el financiamiento climático y de biodiversidad.
En este sentido, explica Barrera, una de las principales iniciativas es Herencia Colombia (HeCo), una alianza público-privada liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, con apoyo de aliados y cooperantes, como WWF Colombia. Firmada en 2022, busca asegurar financiamiento sostenible de largo plazo para la conservación de áreas protegidas y paisajes de conservación. En su primera fase, HeCo cubre aproximadamente 32 millones de hectáreas en seis paisajes terrestres y dos marinos, con una inversión de 245 millones de dólares. El objetivo es fortalecer y expandir el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
A través de esta iniciativa, Colombia ha logrado proteger más del 30 % de su territorio marino –con la designación de 17 millones de hectáreas nuevas, principalmente oceánicas– y más del 17 % del territorio terrestre, incluyendo ecosistemas como sabanas y humedales de la Orinoquía. Estas áreas se enfrentan a amenazas como el cambio de uso del suelo y la minería ilegal. Gracias a HeCo, también se ha podido ampliar formalmente el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, atendiendo una solicitud de las autoridades indígenas.
Otra iniciativa destacada es el Corredor del Jaguar en Guaviare, una estrategia de conservación inclusiva que involucra a firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades campesinas en la protección de esta especie emblemática. El corredor abarca 496.000 hectáreas y promueve medios de vida sostenibles mientras se protege el hábitat del jaguar y otras especies clave. En palabras de Barrera, “desde un enfoque de conservación inclusiva, trabajamos desde los territorios, defendiendo los derechos humanos, la cultura y promoviendo la paz con la naturaleza”.
También está el proyecto "Manglares para la comunidad y el clima", liderado por WWF Colombia, que investiga y promueve acciones para proteger este ecosistema frente al cambio climático. Su trabajo incluye el fortalecimiento de planes de gestión de riesgo frente a desastres como tsunamis, especialmente en zonas vulnerables del Pacífico colombiano como la costa de Nariño. Los manglares, además de ser barreras naturales frente a eventos climáticos extremos, almacenan grandes cantidades de carbono, por lo que su conservación es clave para mitigar el cambio climático.
Estas acciones no son aisladas. Según Barrera, la integración entre la agenda climática y la de biodiversidad es cada vez más urgente. Aunque los espacios de negociación de ambas agendas son distintos –las COP de Cambio Climático (CMNUCC) y de Biodiversidad (CDB)–, los problemas que abordan están profundamente conectados. “La ciencia ha demostrado que la biodiversidad desempeña un papel fundamental en la regulación del clima”, dice. En los últimos diez años, océanos, suelos, plantas y animales han absorbido el 54 % de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad humana.
Ecosistemas como los humedales, los manglares y los arrecifes de coral no solo almacenan carbono, sino que también protegen frente a inundaciones, tormentas y la subida del nivel del mar. “Hacer frente a las actuales crisis del clima y la biodiversidad exige esfuerzos coordinados para descarbonizar las economías, revertir la pérdida de naturaleza, adaptarse al cambio climático, garantizar la seguridad alimentaria y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, asegura Barrera.
Según ella, la COP16 del CDB, celebrada en Cali en 2024, marcó un punto de inflexión para esta integración. Bajo la presidencia colombiana, se promovió una visión que vincula la protección de la naturaleza con el desarrollo sostenible, el bienestar comunitario y la acción climática. Colombia no solo reforzó su compromiso con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que también impulsó mecanismos innovadores de financiamiento para asegurar la sostenibilidad de estas metas.
Uno de los principales logros de la COP16 fue el acuerdo financiero para movilizar 200 mil millones de dólares anuales hasta 2030. De este monto, 30.000 millones deben transferirse directamente a países en desarrollo para la implementación de las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad. En Cali también se lanzó el Fondo Cali, que canaliza recursos provenientes de empresas que usan información genética digitalizada. El 50 % de estos recursos se destinará a pueblos étnicos y comunidades locales, lo que representa un avance en materia de equidad ambiental y reconocimiento de saberes ancestrales.
Barrera destaca que la participación del sector privado en este tipo de financiamiento establece un precedente relevante: “El Fondo Cali marca un hito en la financiación de la biodiversidad, al involucrar directamente a las empresas en la conservación y en la compensación de su impacto”. Sin embargo, reconoce que los esfuerzos actuales son insuficientes: “El financiamiento sigue siendo limitado. Se requiere una movilización aún mayor de todas las fuentes: públicas, privadas, nacionales y filantrópicas”.
Otro avance relevante que dejó la COP16 fue la creación de un nuevo órgano subsidiario permanente dentro del CDB, centrado en los pueblos étnicos y las comunidades locales. Este órgano reemplaza al grupo ad hoc que operaba de forma temporal desde hacía 26 años. Se trata de un hito en la gobernanza global de la biodiversidad, al consolidar la participación efectiva de los pueblos étnicos en la toma de decisiones internacionales.
Por primera vez, el Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoció explícitamente el papel de las comunidades afrodescendientes en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. “No solo responde a una deuda histórica, sino que abre oportunidades concretas para su participación en negociaciones multilaterales y el a recursos internacionales”, afirma Barrera. La adopción de un programa de trabajo hasta 2030 para estos grupos refuerza este avance y consolida a la COP16 como un referente en materia de justicia ambiental y equidad.
La apuesta, en últimas, es construir un nuevo contrato entre la sociedad y la naturaleza, donde la conservación no sea vista como un freno al desarrollo, sino como la base sobre la cual se sostiene. Como puntualiza Barrera, “tenemos que avanzar hacia modelos que garanticen la sostenibilidad ecológica, pero también la sostenibilidad social y económica de las comunidades que habitan estos territorios”.
