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La saliente ministra de Ambiente, Susana Muhamad, confirmó este 4 de marzo que el Juzgado Promiscuo Municipal de Inírida, Amazonas, aceptó la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Ambiente y ordenó al Cabildo Gobernador del Resguardo Remanso Chorrobocón abstenerse de realizar cualquier tipo de explotación minera en su territorio.
La decisión, explicó Muhamad, prohíbe tanto a los de la comunidad como a terceros adelantar actividades mineras dentro del resguardo. Además, impide que se expidan permisos o se firmen contratos que permitan la explotación de minerales en el presente o en el futuro.
“Durante el término mencionado, no se podrá adelantar ninguna actividad minera por de la comunidad, o por terceros, y que tampoco se podrá expedir algún acto istrativo, resolución o similar, que habilite la explotación mineral presente o futura, ni se podrán firmar o suscribir contratos o convenios que tengan como fin la práctica de actividades mineras”, expresó Muhamad en su cuenta de X.
Esta medida se da en el marco de una tutela interpuesta por Minambiente, en la que argumenta la necesidad de proteger el territorio y su biodiversidad. Como contamos en estas páginas, Minambiente había radicado el acto legislativo ante la pretensión del resguardo indígena para sustraer más de 1.000 hectáreas de una reserva forestal con el propósito de explotar oro. Con “sustracción”, se hace alusión al proceso legal mediante el cual se excluye temporal o permanentemente una porción de un área protegida.
En su momento, Muhamad afirmó que el resguardo indígena de Chorrobocón, “presuntamente se extralimitó en sus funciones de autoridad ambiental indígena, al emitir acto de sustracción de reserva de ley segunda para minería de oro en el río Guainía, competencia legal exclusiva del ministerio, quien ya había negado dicha sustracción”.
Como lo indicó la saliente ministra, a principios de febrero la cartera de Ambiente negó la solicitud del Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón de “la sustracción de 1.043 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonia para el desarrollo del proyecto minero bloque 3, explotación de oro y sus concentrados en Inírida – Guainía”, la cual realizada el pasado 21 de junio de 2023.
Sin embargo, con esto último quedó en el aire la pregunta sobre por qué si el Ministerio de Ambiente negó la solicitud hace semanas, ahora recurre a una tutela para impedir esta sustracción de la reserva natural en la Amazonía. Según le contaron fuentes del Minambiente a El Espectador, la tutela responde a una discusión jurídica entre el ministerio y el resguardo indígena que sigue insistiendo en la pretensión de sustracción de esta área protegida, después de la negativa del Gobierno Nacional.
En ese sentido, luego de que el ministerio negó la sustracción, el resguardo generó un documento, que denominó como resolución del resguardo, en el que busca de nuevo sustraer el área de la reserva y de un humedal Estrella Fluvial Inírida, que es un sitio Ramsar (es decir, que es una zona protegida por un tratado internacional que busca la conservación de estos ecosistemas).
El conflicto se enmarca en el Decreto 1275 de 2023, que otorga a los territorios indígenas competencias como autoridades ambientales. Mientras las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) lo rechazan, advirtiendo posibles conflictos jurídicos, el ministerio y organizaciones indígenas lo defienden, señalando que fortalece la autonomía de los pueblos indígenas.
Pese a esto, MinAmbiente insiste en que el decreto no permite a los resguardos sustraer áreas protegidas y que las decisiones del resguardo van en contra de su espíritu y alcance. Ahora, el ministerio revisa medidas legales para evitar que se realicen actividades mineras en esta zona de interés nacional.
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